El magistrado consideró que, a partir de los testimonios recogidos durante la investigación, «emergieron serios indicios que confirmarían que Adolfo Ángel Ale co-ejerce junto a su hermano Rubén Eduardo (‘La Chancha’) Ale, el mando de la asociación».
“Estaríamos ante un numeroso grupo de sujetos, con una organización estable y planes criminales diversificados, cuyo origen data al menos del año 2002 y que continuarían ejecutándose en la actualidad”, sostuvo Poviña en el fallo que ordena el procesamiento y la prisión preventiva de los hermanos Ale y de seis presuntos miembros del “Clan Ale”.
Al enumerar los principales objetivos de la organización delictiva, Poviña señaló la presunta producción y comercialización de estupefacientes, el cobro extorsivo de deudas propias del grupo y de terceros, la tenencia ilegítima de armas de fuego y el lavado de dinero proveniente de otros delitos, como la trata de personas.
Para reforzar esa hipótesis, el magistrado agregó que “los bienes patrimoniales de estos miembros no tendrían sustento lícito”.
La orden de procesamiento y prisión preventiva alcanza, además de los hermanos Ale, a Hernán Lorenzo Lazarte, Ernesto Santos Catulo, César Marcelo Manca, Carlos Rolando Ocampos, Enrique Lorenzo Chanampa y José Augusto Lucero, todos supuestos integrantes de la banda y con diferentes tareas a su cargo, quienes deberán continuar alojados en el penal de Villa Urquiza.
La Justicia Federal comenzó a investigarlos en febrero de este año, cuando se presentó un testigo de identidad reservada y aportó datos precisos acerca del funcionamiento del “Clan Ale”, donde nombraba a estas siete personas, entre otras.
A partir de entonces se solicitaron los allanamientos de sus domicilios, que se realizaron el 3 de octubre con participación de personal de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, y donde quedaron detenidos los siete mencionados.
El megaoperativo que dio pie a la resolución de Poviña había sido supervisado personalmente por el titular de la Unidad de Investigación Financiera (UIF), José Sbatella, y por el jefe de la Procuradoría Adjunta de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), Carlos Gonella.
Ambas dependencias pusieron su mira sobre la familia Ale luego de que Susana Trimarco la vinculara con el secuestro con fines de trata de su hija, Marita Verón, ocurrido en abril de 2002.
Según Poviña, la organización también estaría integrada por María Jesús Rivero (detenida en Salta y absuelta en el juicio por la desaparición de Marita) y su pareja Oscar Roberto Dilascio, Fabián Antonio González (detenido por lavado de activos y asociación ilícita), Víctor Alberto Suárez, María Florencia Cuño (actual pareja de Rubén Ale).
Otros miembros, sostiene el juez, son María Esther Picone, Valeria Bestán, Viviana Acosta (pareja de “El Mono”), Pablo González, Daniela Milhein (fue condenada por el secuestro para la explotación sexual de María de los Ángeles “Marita” Verón) y Sergio Francisco Parrado.
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