En la mitad de la semana un grupo de trabajadores del Programa de Inserción Laboral -que tras cuatro años aún no logra insertarse en ningún lado- explotaron su paciencia mientras se hacían escuchar a los gritos y con quema de cubiertas en el municipio. El intendente escapó a Buenos Aires a pedir auxilio a los “padres de la criatura”, mientras desde la provincia prometieron pagar su deuda recién la semana próxima. Por otra parte: madres con sus hijos en brazos esperaban otra respuesta, ya que la deuda lleva dos meses y asciende a $4200 por cada trabajador. “No tenemos para llenar la olla” dijo una mujer, mientras un grupo de políticos aprovechaba la desesperación y el hambre que muchas veces ciega, para mostrar los rostros “preocupados” que figurarán en los votos de las próximas elecciones.
Los Programas de Inserción Laboral (PIL) nacieron en esta década “ganada”, y no son más que un engranaje más de la pobreza estructural que tantas veces denunciamos en Diario Chilecito. Dicen dar trabajo, pero en la realidad ofrecen planes disfrazados de trabajo. El trabajo supone la libertad para quien lo hace, en cambio con sus planes sólo crean rehenes de su sistema.
El kirchnerismo diseñó un centenar de “programas” que lejos de “incluir” excluyen, al quitarle la posibilidad digna de acceder a un trabajo como cualquier ciudadano a millones de personas que necesitan –excluyentemente- ser pobres, para poder acceder al “beneficio”.
“Te re conviene ser pobre, así te pagamos $2100 y ganás esa platita”, pero ganando ese dinero, no sólo continúan siendo pobres, sino que los diseñadores del proyecto se garantizan que los pobres seguirán siendo pobres, como mínimo… mientras dure el “programa inclusivo”.
Como dijo hace poco la politóloga guatemalteca Gloria Alvarez: “El populismo ama tanto a los pobres, que los multiplica”.
En nuestra provincia el kirchnerismo creó 6900 nuevos planes PIL, y desde Nación los asignó de manera directa a los municipios y al gobierno de La Rioja. Para eso usó al Ministerio de Trabajo de la Nación, quién de la mano del Ministro Carlos Tomada llamó a los intendentes y al gobernador para la creación del nuevo plan de “inclusión social”.
El Programa PIL se mostraba con la intensión de “contener” a casi 7 mil personas sin trabajo durante un tiempo determinado (12 meses), pagando el costo que demande cada empleado, con la suma de $2100 por cada mes trabajado, aunque al municipio de La Rioja le asignaron $3300.
A través de un convenio de seis páginas y 24 cláusulas se acordó que cada municipio elegiría a sus trabajadores. Chilecito asignó 800 personas y luego de entrenarlas para el trabajo que harían, y una vez vencido el plazo del convenio (Diciembre de 2010), el gobierno provincial se comprometió “a apoyar económicamente la inserción laboral de los trabajadores seleccionados por el municipio, mediante su Alta pertinente a través de la respectiva carga en el Sistema de Cómputos y Liquidación de Haberes en el Gobierno de la Provincia”. Es decir: Una vez finalizado el convenio en Diciembre de 2010, cada trabajador PIL deberá ser nombrado empleado en planta permanente, pasando a cobrar el mínimo que cobra cualquier empleado municipal, hoy $5100.
Cláusula Nº 12 del convenio firmado entre Nación, Provincia y Municipio.
El plan comenzó a andar y el municipio local pudo “contener” a 800 nuevos trabajadores con $2100 por mes. A este grupo se le asignaron sus tareas y durante un año no tuvieron inconveniente alguno. Hasta que la plata dejó de llegar de Nación. Y pese a que la provincia de La Rioja es la segunda provincia en recibir más recursos extras desde Nación (debajo de la provincia de Santa Cruz) el gobierno de La Rioja comenzó a utilizar esta situación, como una de las tantas herramientas de apriete contra los municipios.
Los intendentes comenzaron a atrasarse con los pagos de sus trabajadores… y las manifestaciones se hicieron sentir. En un momento fue fuerte en la ciudad de La Rioja, tras las diferencias del gobernador con Ricardo Quintela y luego con mayor fuerza en Chilecito.
Fue llamativo que suceda eso en el municipio local, tras la relación cordial que mantiene Fonzalida con Beder Herrera, pero de igual manera, tras los reclamos de los trabajadores y luego de que la pelotita de la responsabilidad saltara desde provincia a municipio y viceversa, se pagaban cinco meses y se interrumpía uno… luego se generaba un conflicto, luego llegaban los fondos desde la provincia y los trabajadores cobraban, pero la incertidumbre comenzó a brotar, ya que los trabajadores comprendieron que estaban siendo rehenes de un sistema que los utilizaba como mecanismo de apriete para objetivos políticos: Cuando el gobernador necesitaba algo de Chilecito, por esas casualidades de la vida, los PIL dejaban de cobrar.
Hoy, a cuatro años de vencido el convenio original entre Nación, Provincia y Municipio, los trabajadores del programa de inserción que debieron ser insertados por el gobernador Beder Herrera dentro del sistema de sueldos de la provincia, aun no logran esa “inclusión” que con su firma comprometió.
Es así como el gobierno riojano incumple su parte del convenio, ya que es el único con la facultad de incluirlos como trabajadores de planta permanente y deja en off side al municipio local que es el responsable del trabajo de los 800 PIL, ya que cumplen funciones en el municipio de Chilecito. Y aquí comienza a nacer la responsabilidad que le cabe a la comuna chileciteña.
Los PIL reclaman, van a la casa del gobernador , él los recibe amablemente pero les explica que no puede darles soluciones directas a ellos, porque debe cumplir con la Institucionalidad y lo que dicta el principio de la República. Agregando que él sólo debe negociar con quien firmó el convenio, el municipio, representado por su Intendente Lázaro Fonzalida.
Los PIL salen de la casa del gobernador y se van a ver al Intendente, quien les explica: “Nosotros no podemos pagarles, no tenemos ese dinero (1.640.000) y no nos corresponde pagarlo, ya que por convenio debe enviárnoslo mensualmente la provincia”. Entonces promete: “Voy a gestionarles el pago con el gobernador”. Los trabajadores escuchan, agachan sus cabezas y se van a sus casas con la promesa de que en breve cobrarán su sueldo. Pero este suplicio de incertidumbre es casi trimestral. Cada tres meses deben implorar que la provincia les pague lo que les corresponde por el trabajo que realizaron.
Hasta que como toda paciencia, se rompe. Llega a su fin. Hoy exigen el pase a planta permanente, YA. El pago de los dos meses de sueldo que les adeudan, YA. Y el pago de la Obra Social para tener seguridad y el mismo acceso a servicios que el resto de los empleados de planta tienen. Si bien el último ítem está a una semana de ser resuelto, ya que el municipio asumió el compromiso de pagar los $50 mil de la diferencia de la obra social del total de los 800 PIL, aún quedan dos puntos importantes por solucionar.
Cláusula Nº 20 del convenio firmado entre Nación, Provincia y Municipio.
La cláusula Nº 20 del convenio que firmaron Nación, Provincia y Municipio dice: “Una vez finalizado el plazo durante el cual el Ministerio apoya inserción de los trabajadores seleccionados, el Municipio garantizará que la Provincia abone a los trabajadores que continúen desempeñándose a las órdenes de la administración municipal a su exclusivo cargo, el salario completo conforme a la normativa aplicada”. Es decir: Una vez finalizado el convenio, el gobierno provincial debe seguir pagando los sueldos con su dinero, y si no lo hace, el municipio que firmó como “garante” deberá pagarlos.
Algo así como que un empleado sale de garante de su jefe en la compra de un televisor en una casa de electrodomésticos, si el jefe no paga la deuda, el empleado deberá pagarla por salir de garante. El tema es: ¿Qué empleado se animaría a llamarle la atención a su jefe moroso? Puede temer que si le reclama la irresponsabilidad y la morosidad a su jefe, podría dejarlo sin trabajo. Y por otro lado, si se calla, la casa de electrodomésticos le embarga el sueldo.
Fonzalida entre la espada y la pared
Fonzalida debería embargar las cuentas de la provincia, amparándose en la firma del convenio y la cláusula que exige al gobierno provincial a pagar como responsable directo del pago de los sueldos. A la vez que debería exigir mediante la Justicia que el gobierno provincial pase a planta permanente de manera inmediata a cada uno de los 800 trabajadores, ya que así lo comprometió la firma del gobernador en el convenio.
Frente a esta situación, Fonzalida responde que no hará nada que rompa la relación entre la provincia y el municipio, ya que parte de la cláusula Nº 24 dice: “Ante cualquier controversia derivada de la aplicación, interpretación y/o ejecución del presente o de posteriores convenios derivados del mismo, las Partes se comprometen a agotar todos los medios directos de resolución de conflictos”.
Con este contexto es fácil leer que la falta de una Ley de Coparticipación Municipal, (la misma que Fonzalida rechazó en varias oportunidades) hoy lo está complicando, poniéndolo en una situación política de dependencia, donde debe decidir entre los recursos financieros que le aseguren gobernabilidad para 50 mil habitantes, o la resolución de un conflicto laboral con 800 trabajadores.
Como siempre, sale a la luz la falta de independencia en un país contaminado de “dependencia” política y económica. Y mucho más potenciado en una Rioja donde el gobierno provincial se dedica exclusivamente a amontonar y multiplicar pobres, para crear dependencia hacia el poder que cada dos años usará esa herramienta dobladora de rodillas, para obtener el bien más preciado de cualquier ciudadano, su capacidad de decidir LIBREMENTE.
Cláusula Nº 22 del convenio firmado entre Nación, Provincia y Municipio.
Un hilo de esperanza
Para los 800 trabajadores que están siendo asesorados por el enemigo de sus intereses (políticos “preocupados” que sonríen imaginando su tajada), parte de la cláusula Nº 22 del convenio del cual dependen dice bien claro: “La Provincia y el Municipio asumen, en forma íntegra y solidaria, la responsabilidad de cumplir con las obligaciones legales y convencionales que surjan de la relación de empleo público que entable con consecuencia del presente Convenio (…)”.
Es decir: Si Fonzalida no puede o no se anima a accionar judicialmente contra el Gobierno Provincial por el incumplimiento del Convenio, el total de los 800 trabajadores SI puede… (si se animan). Y no sólo contra el Gobierno Provincial, sino contra el Municipal también, ya que ambos son RESPONSABLES. Uno de manera directa y el otro, como garante.
Pero hay algo que hay que tener en cuenta: Si la balanza en la demanda Judicial se inclina hacia alguna de las dos partes, puede nacer la especulación de que hay intereses políticos manejando el justo reclamo de 800 familias.
INFORME DE DIARIO CHILECITO
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