Se lo limpian con tus derechos
Desde hace ya un tiempo, los riojanos se ven impotentes, ante su desigual condición frente al poder, sus amigos y los nuevos ricos de nuestra provincia. En los últimos 30 días sucedieron demasiadas cosas, que en cualquier provincia donde se respetan los derechos, habrían estallado. En nuestra Rioja, donde los derechos de los que no tienen dinero o poder, son efímeros, el avance rapaz de los que controlan el Estado es cada vez menos sutil.
En la ciudad de La Rioja hubo un violento desalojo tras un reclamo de docentes y alumnos que exigen les devuelvan su colegio. En medio del atropello policial, avalado por la Justicia, el Ejecutivo y la mayoría de los legisladores; el poder aprovechó el río revuelto para inventar una causa a una de las pocas legisladoras que alza su voz en contra del avasallamiento.
Se trata de Lucía Ávila, conocida por defender desde siempre a quienes están en desigualdad de condiciones frente a un poder absolutista. “Tenemos la denuncia de dos policías que dicen haber sido mordidas por la diputada Ávila, por lo que la Legislatura analiza destituirla por su comportamiento”, explicaban por los medios sus pares legisladores.
Aunque en un video puede verse claramente a otra persona, se sirven del impune poder al que tienen acceso para avanzar y tomar la decisión. Por estas horas, se espera una resolución que podría estallar en un nuevo escándalo de nuestra vapuleada Rioja.
Las injusticias de nuestra Justicia
En Chilecito, el pedido de reivindicación salarial terminó con imputados cuando -en apoyo a la lucha docente-, padres y alumnos decidieron tomar simbólicamente algunas escuelas. Los magistrados y funcionarios judiciales de Chilecito, actuaron con una celeridad muy pocas veces vista en situaciones de verdadera gravedad social.
Desde entonces, y por expresarse públicamente ejerciendo el derecho a manifestarse, 12 vecinos de nuestra ciudad (padres y docentes), terminaron en la Justicia acusados de “impedimento y obstaculización de ingreso a los establecimiento educativos y también por la obstaculización de libre tránsito en las arterias circundantes a las escuelas”. El proceso continúa su curso… como así también la judicialización de todas las protestas.
El 25 de abril, la ciudad volvió a estallar. Funcionarios del Ministerio de Educación arribaron a Chilecito trayendo consigo una resolución de suspensión a la rectora de la Escuela Normal, Norma Illanes de Ticác. Cerca del mediodía y vía telefónica, el Ministro de Educación Walter Flores hizo un acta y anuló la suspensión, pero luego, tras el pedido expreso de “ir hasta las últimas consecuencias”, el 6 de mayo la suspendió, desconociendo el acta de suspensión que él mismo había confeccionado. Lo preocupante es que esa acta sí tiene validez ante la Fiscalía para imputar graves faltas. Existiría un delito de falsedad ideológica, pero primero la Justicia debería “detectarlo”.
Ese día había policías dentro y fuera de dicha oficina; había docentes participando de una reunión, profesionales de derecho, una jueza y el agente fiscal. Todos intentando debatir sobre una decisión arbitraria. En el resto del edificio, los pasillos también estaban colmados de la fuerza de seguridad. En veredas y calles, alumnos y miembros del pueblo. Y aquí, nuevamente la Justicia intervino raudamente. El resultado: 8 imputados por “daños a la institución y privación ilegítima de libertad”. Docentes y padres. La decisión fue notificada este domingo a partir de las 22:30.
Incluso, se conocieron varias resoluciones judiciales que ordenaban a varios ciudadanos de Chilecito “no acercarse a la escuela Normal”, entre ellos a Carlos y Álvaro Illanes, y hasta la docente Carolina Ticác quien trabaja en la misma escuela que la Justicia le prohibió ingresar, y aunque en su caso luego se retractaron de esa “medida”, la imputación sigue… Hermanos e hija de la rectora suspendida.
La Justicia demostró una capacidad de acción insuperable frente a vecinos que deben pagar abogados para que los defiendan, aun sabiendo que sus quejas caerán en saco roto.
El atropello que hace el Ejecutivo -por coincidencia- a la hermana del denunciante de Milani, es ilegítimo. Suspenden a Norma Illanes de sus funciones por “incompatibilidad”, aduciendo que no puede ser docente de la Escuela Normal y de la Universidad al mismo tiempo, pero no le dieron el derecho a optar. Invierten la carga de la prueba: Primero pegan, luego averiguan.
La vista gorda con los amigos
Sólo detectan casos de incompatibilidad laboral en la docente. No así en el diputado-intendente Aparicio de Sanagasta, quien se niega a renunciar a uno de los dos cargos. O el Diputado-Ministro Javier Tineo, quien también se niega a renunciar a su banca. Esas no son situaciones de incompatibilidad para el ejecutivo o la Justicia.
Un ejemplo de verdadera compatibilidad es el que da nuestro gobernador Beder Herrera, quien otorga obra pública por millones de pesos a su hermano y su sobrino. Compatibilidad sanguínea a la que no le cabe discusión, pero incompatibilidad con la ley de ética pública y los deberes de un funcionario, que ni la Justicia, ni los legisladores hacen respetar.
Prohibido quejarse
Y como si esto no fuera suficiente para acallar a quienes se atrevieron a pedirle a este gobierno una justa reivindicación salarial, esta semana también accionaron. Uno a uno y a cada una de sus familias. El castigo quedó plasmado en los masivos descuentos a quienes hicieron paro, cercenándoles así su derecho a huelga. “Cobré 468 pesos. Jamás esperé que se limpien sus traseros con las leyes que avalan nuestros derechos. Ellos hacen que la Justicia les responda únicamente a ellos. Los ciudadanos comunes no tenemos certezas con esta Justicia”, manifestó a DiarioChilecito.com una docente con 17 años de antigüedad.
Con eficacia, urgencia y contundencia. Así actuó la Justicia de Chilecito, feriado o fin de semana. Lamentablemente lo hicieron sólo en estos casos, dejando que otros expedientes sigan durmiendo en los cajones del olvido. Muertes dudosas, asesinatos, abusos sexuales, robos, hurtos… nada importa al lado de lo que le importa al poder.
Ciudadanos tratados como delincuentes
El viernes posterior al 1° de Mayo -feriado nacional- la policía de Nonogasta obedeció la orden del fiscal Diego Torres Pagnussat, para detener a Víctor Sánchez, bajo delito de usurpación en flagrancia. Ese día, tres móviles y nueve policías “pillaron” a Sánchez “con las manos en la masa”, viviendo –como desde hace años- en una tierra que la curtiembre quiere.
Víctor Sánchez estuvo detenido tres días en Chilecito. El fiscal que dio esa orden, se tomó licencia. Y recién el lunes su reemplazo al no encontrar “el delito que le imputaban” le otorgó la libertad. Fue por la mañana, antes del mediodía, pero como las horas de los vecinos comunes no son las mismas que las de los funcionarios, recién a las 20 pudo regresar a su hogar.
Hoy, continúa cometiendo su “delito” de vivir en la misma tierra que la curtiembre quiere. Y lo hace actualmente, en “flagrancia”. “Me dijeron que fue un error y que me pedían disculpas. Pero el daño ya está hecho”, explicó Sánchez.
Lo que causa gran preocupación es que la Justicia sólo ve delitos en la gente común. Jamás percibe delitos en el poder o en sus amigos. No considera un delito al vertido de millones de litros de desechos con químicos nocivos para la salud humana, al aire libre, en pleno corazón de Nonogasta. Una actividad en “flagrancia” todos los días y a toda hora, cometida por la curtiembre en Nonogasta, desde hace 30 años.
Tierras de “nadie”
En el caso puntual de las tierras, los jueces y fiscales convienen rápidas órdenes de desalojo por delitos de usurpación, ante cualquier simple mortal, pero no lo hacen con la misma celeridad cuando es el Poder Ejecutivo quien usurpa con guantes blancos, amparándose en leyes que dictan o adaptan a su gusto y piaccere.
“Urgencia y necesidad” o “Utilidad pública” son las figuritas repetidas cuando quieren una tierra. La señalan y se la quedan, sin ningún cargo de conciencia. Como el caso de la familia Aguilar Waidatt, quienes ven cómo el poder pisotea sus derechos. Y si se animan a ingresar a la tierra que le dejaron sus abuelos, son apresados por delito de “usurpación en flagrancia”, en su propia tierra.
Casos donde los derechos de los ciudadanos son manoseados y pisoteados, se viven a diario en Chilecito y nuestra provincia. Mientras muchos pobladores evidencian cada vez más su miedo a expresarse. Es que si hablan reciben latigazos más fuertes, hasta el punto en que se doblegan y se arrodillan, para no perder lo poco que les dejaron.
Es necesario que la sociedad se comunique y se organice. Se deben llevar todos los casos de atropello a una Justicia que garantice el cumplimiento de los derechos de los ciudadanos. Pero sólo puede hacerse con valentía y perseverancia. El miedo, se retroalimenta del miedo y los tiranos que saben aprovecharlo, lo saben.
0
0
