Dirigentes del Acuerdo Cívico, que en esta provincia lidera el radicalismo, expresaron su preocupación por la muerte del fiscal Alberto Nisman. En un documento, la senadora nacional Silvia Elías de Pérez y los diputados José Cano, Juan Casañas y Luis Sacca, entre otros dirigentes, exigieron al Gobierno que “garantice la seguridad personal y de trabajo de todos los fiscales y jueces que investigan la corrupción del poder”.
El pedido apunta especialmente al fiscal Carlos Brito, cuestionado por el jefe del Ejército a quien pidió citar a declarar por su participación “en un delito de lesa humanidad”. Elías de Pérez confirmó a LA NACION que elevarán sendos requerimientos “a la justicia federal y al Poder Ejecutivo Nacional para que se adopten todas las medidas necesarias para que se asegure la vida del fiscal Brito y de todos los fiscales argentinos que investigan a funcionarios del Gobierno”.
La senadora opinó que la integridad de Brito “podría correr peligro porque el fiscal se animó a investigar y pidió que se llame a indagatoria a Milani, quien lo denunció ante Alejandra Gils Carbó y pretendió apartarlo de la causa por la desaparición de Ledo”.
Elías de Pérez opinó que “las denuncias y cuestionamientos que planteó el jefe del Ejército contra Brito son una señal de alerta, por lo cual es necesario tomar todos los recaudos para garantizar que éste y todos los fiscales de la república puedan investigar de manera independiente sin correr peligro”.
Fuentes de la Fiscalía Federal N° 1 de Tucumán confirmaron a LA NACION que Brito “no cuenta con custodia personal ni tiene previsto solicitarla, en razón de que no recibió ninguna amenaza que amerite adoptar esa medida”.
El último 22 de diciembre, Brito le solicitó al juez Daniel Bejas que cite a declarar a Milani, como imputado por la falsificación del acta en la que se hizo figurar como desertor al soldado Ledo..
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