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Medidas arbitrarias del Ejecutivo Municipal sobre el receso, violando la Ley

La Gestión de In´és Brizuela y Doria no tiene límites ni escrúpulos. Empleados municipales de varias áreas, se reunieron con el concejal Fredy Herrera Gómez, para solicitar apoyo debido a que el ejecutivo municipal, emitió un decreto que regula vacaciones que no se ajustaría a lo establecido por la ley que regula la actividad de los empleados públicos en la provincia.

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El concejal Fredy Herrera, se hizo eco del reclamo de empleados municipales de varias áreas, que sostienen que el decreto emitido por el ejecutivo municipal de la capital de La Rioja, no se ajusta a lo establecido por la ley, con respecto al periodo de vacaciones.

De acuerdo a lo especificado, en áreas declaradas como esenciales, tales como cultura, no se garantiza los días que establece la ley 3870, que rige la actividad de los agentes de la administración publica provincial, ya que se rota en guardias, sin otorgarles a los trabajadores los días corridos que establece la ley. Es decir, trabajan una semana, se toman otras y vuelven nuevamente a la actividad.

Consultado al respecto, el concejal Herrera sostuvo que “luego de analizar lo especificado por los trabajadores municipales que me consultaron y consultar con asesores letrados, creemos que un decreto, no puede suspender los plazos administrativos establecidos por le ley 3870 y sus modificatorias, no se está respetando el estado de derecho de los trabajadores”.

Añadió que “el dictado de este decreto, es un acto arbitrario grave, con el que se determina suspender derechos de los trabajadores, establecidos por ley”.

Enfatizo que “no se puede hacer trabajar semanas si y otras no, los días de vacaciones deben ser corridos y los establecidos por la ley. Es inentendible como se establece un régimen personal, pero lo que más preocupa es que, ante la consulta de empleados a recursos humanos, no tuvieron una respuesta clara, como si se desconociera la situación”.

Para terminar, el concejal Herrera remarco que “vamos a pedir un informe al respecto y plantear esto, que desde nuestro punto de vista, es un atropello a las garantías constitucionales que tienen los trabajadores y avanzaremos con nuestros asesores letrados en actuaciones legales que se tengan que hacer”.

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