El mecanismo, se publicita como una forma de “inclusión”, pero en realidad es la muestra clara de cómo los tarifazos del actual Gobierno Nacional dejaron fuera del “tradicional” modo de entender los servicios a un sector de la población. Tradicional en el sentido de cómo los conocimos en los últimos 70 años, como servicios públicos, con intención de ser universales, con garantía de continuidad.
Un repaso por el archivo sirve para medir la velocidad de su propagación: en marzo de 2017 el plan de reemplazo de los medidores era solo una versión denunciada por las asociaciones del consumidor, que se quejaban de que el entonces ministro de Energía Juan José Aranguren, no se pronunciara sobre el tema. En abril del 2018, es decir un año y un mes después, eran 70 mil; en diciembre se habían duplicado a 140 mil. En junio de 2019 llegaron a 180 mil. En este último mes se agregaron 10 mil nuevos.
Más costoso e ilegal
Osvaldo Bassano, titular de ADDUC, asegura que este mecanismo es más costoso. “Es acumulativamente más caro, y la empresa se asegura de que le pagues antes de usar el servicio, lo que es ilegal, porque borra el concepto de servicio público y coloca al consumidor en una situación de desamparo. Si un día no tiene con qué pagar, se queda sin luz, a diferencia del que cuentan con un medidor común. Por eso planteamos que esto es una violación del artículo 42 de la Constitución Nacional, que dice que los usuarios tienen derecho a la protección de su seguridad e intereses económicos, y a condiciones de trato equitativo y digno”.
Sin embargo, existen resoluciones del Enre que permiten los medidores prepagos. Esto les daría un marco de legalidad. Bassano concede que esa resolución existe. Legalmente, señala, “todo lo que no está prohibido está permitido. Por eso las distribuidoras avanzaron y luego el Enre sacó una resolución que las revistió de legalidad. Bassano advierte que la reglamentación del Enre es contraria a la Constitución y que avanzaron de la mano de un estado cómplice.
Indignidad
Otra mirada sobre por qué el sistema conlleva una pérdida de derechos es la de Andrea Manzi, de la Red Nacional de Multisectoriales contra el Tarifazo. “Estas son nuevas formas de facturación completamente desamparadas de la legalidad. Sabemos que los aprobó el Enre, pero el Enre hoy por hoy tiene un un director como es Andrés Chambouleyrón, que fue el coequiper de Aranguren en el diseño del tarifazo. Dejaron al usuario fuera de la normativa que se aplica al resto de los usuarios y consumidores. Es una barbaridad porque la energía es un derecho.
Este gobierno nos lleva situaciones de indignidad, a vivir como se pueda, a tener los servicios públicos que cada uno pueda pagarse, sin ningún control a las distribuidoras. Entonces, como podamos nos tenemos que dar la luz, como podamos reemplazamos al gas, como podamos usamos el agua. Tenemos miedo hasta de prender una estufa. Si no tengo gas me paso a garrafa y si no tengo garrafa me caliento con lo que sea. La palabra que lo define no es otra que indignidad”.
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