En el caso de la trabajadora Laura Toro, cuenta con una denuncia por usurpación de cargo y una restricción judicial por hostigamiento y violencia, según consta en documentación judicial.
Por otra parte, existe otro trabajador (docente) con una restricción por violencia de género que se ve impedido de trabajar y realizar sus actividades con normalidad en la universidad.
Y por último, tres trabajadores más (ex consejeros de la OSUNLAR), han sido denunciados por “violencia doméstica”, es decir, cuando la fuerza física o el poder son usados deliberadamente para causar un daño a un integrante de la familia, se denomina violencia familiar o doméstica.
“Esto ha significado una medida desacertada por parte de la vice rectora y una torpeza absoluta por parte de la jueza de la causa, Gisela Flamini, quien no se ha tomado el tiempo para investigar los hechos y la situación preexistente, raíz de todas estas denuncias”, explicó la secretaria general del gremio nodocente.
Si bien existen muchas más personas denunciadas por Corzo, ATUR salió a defender a sus afiliados, trabajadores nodocentes.
De la misma manera, desde ATUR solicitaron al rector universitario, Daniel Quiroga y al Consejo Superior de la UNLaR tomar posición y frenar el accionar desmedido de la vicerrectora ante esta ola de denuncias infundadas y el elevado nivel de hostigamiento ejercido hacia los trabajadores.
“Todas estas acciones se realizan para que no se investigue su accionar en la obra social, para que no se investigue lo que hizo Marita Corzo mientras presidía la OSUNLAR. Hoy, el Consejo Superior tiene que actuar”, Concluyó la titular de ATUR, Alicia Luna
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