La Rioja fue la primera provincia en acudir a la Corte Suprema y en rechazar el recorte de fondos. También fue la primera en asumir una postura diametralmente opuesta al gobierno de La Libertad Avanza que conduce Javier Milei. Hoy, lo que comenzó como un acto aislado se replica en todo el país: los distritos se suman al reclamo riojano, planteado con firmeza por el gobernador Ricardo Quintela, y se unen para enfrentar el ajuste, exigiendo una distribución equitativa de los recursos.
Lo que en un principio fue una adhesión -en algunos casos prudente, en otros entusiasta- a las promesas de orden fiscal y reforma del Estado impulsadas por Javier Milei y su espacio, derivó en una escalada de tensión que hoy sacude el mapa político argentino. Gobernadores de seis provincias (Entre Ríos, La Pampa, Buenos Aires, Chubut, Santa Fe y Catamarca) se reunieron esta semana en Paraná para unificar reclamos a la Nación en torno a impuestos, retenciones y recursos, mientras crece la polémica por el “Súper IVA” y el recorte de fondos coparticipables.
El conflicto anticipa una nueva oleada de reclamos al poder central, a los que también se suman el descontento de Córdoba, Mendoza, San Juan y, más recientemente, Tucumán, que hasta el momento se había mostrado como «conciliadora» y ahora, a través de su gobernador Osvaldo Jaldo advierte que Milei no puede tomar decisiones unilaterales con recursos que son de las provincias.
Desde diciembre de 2023, el gobierno nacional aplica un ajuste sin precedentes. Y si bien muchas provincias acompañaron inicialmente esa orientación, el malestar crece y toma nuevas formas: demandas judiciales, comunicados conjuntos, reclamos legislativos y un endurecimiento del discurso político que revela una fractura cada vez más visible en el federalismo argentino.
La Rioja, pionera
En este escenario, La Rioja se destaca por haber sido la primera en rechazar el recorte libertario a cualquier costo. Bajo una postura irrestricta del gobernador Ricardo Quintela, no esperó a que la crisis se profundizara: desde el primer día, plantó bandera frente al desfinanciamiento, la eliminación de subsidios y la supresión de fondos discrecionales, soportando, incluso, las críticas de quienes por especulación o conveniencia eligieron hacer silencio.
Ese camino, que en su momento fue tildado de apresurado o ideológico, hoy comienza a ser recorrido por otras provincias, algunas gobernadas por dirigentes que hasta hace poco sostenían posturas dialoguistas o aliadas con la Casa Rosada. Tal es el caso de Catamarca, a la que La Libertad Avanza le recortó un 90% de los giros de coparticipación en los primeros meses de 2025, pese a su respaldo a iniciativas clave como la Ley Ómnibus y la creación de la Agencia de Recaudación (ARCA). Hoy, la provincia ambateña enfrenta un panorama delicado que, entre otras cuestiones, pone en riesgo el pago de sueldos a la administración pública.
La cronología del conflicto muestra un deterioro progresivo de la relación nación-provincias, en el marco de una disputa profunda por los recursos. El viraje de muchas provincias frente al gobierno central no solo evidencia la fricción política, sino también la divergencia de intereses que recorre al país. Las políticas de austeridad y recortes provocan que distritos antes aliados empiecen a asumir un rol opositor. Como La Rioja, varias jurisdicciones acuden ahora a la Corte Suprema y reclaman una distribución más equitativa, en defensa de su autonomía y del financiamiento básico para cumplir con sus funciones.
Lo que une a los gobernadores no es una ideología común, sino la certeza de que el ajuste no distingue colores partidarios a la hora de vaciar las arcas provinciales y que el costo recae exclusivamente sobre las provincias, mientras la Nación se desentiende de funciones esenciales.
El resultado es un mapa político en tensión, donde la concentración del poder económico choca con el reclamo federal de autonomía y equidad. Las provincias están agotadas y se preparan para dar batalla en la Justicia.
La Rioja, que alzó la voz desde el primer día, ya no está sola. Y aunque no todos se expresen con la misma contundencia que lo hizo Quintela, el mensaje se replica de norte a sur: sin federalismo real, no hay república posible.
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