Que durante la última década el kirchnerismo haya apelado a “la caja” para disciplinar a gobernadores, intendentes y legisladores no es ninguna novedad. Pero, puesta en cifras, la arbitrariedad es tan impactante como escandalosa. En efecto, desde 2003 hasta 2013 (la “década ganada”), los recursos discrecionales (es decir, los que se giran por fuera de la coparticipación) que la Nación transfirió a las provincias aumentaron un 1046 por ciento.
Así lo confirma el último trabajo del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf), que dirige Nadin Argañaraz, reflejado por el diario La Nación. Según el informe, que elaboró Ariel Barraud, en 2003 los aportes discrecionales a las provincias sumaban 4456 millones de pesos y 10 años después treparon a la friolera de 51.096 millones.
No hay que ser demasiado perspicaz para averiguar qué provincias han sido las más beneficiadas en el reparto arbitrario de los recursos nacionales. Obviamente, encabezan el ranking aquellas más cercanas al Gobierno y en los últimos lugares figuran aquellos distritos que gozan de una mayor autonomía económica o son públicamente críticos de la gestión de Cristina Kirchner.
Pero lo llamativo es cómo Santa Cruz, la provincia mimada de los Kirchner, aventaja y por muy lejos a las demás.
Otra vez son las cifras las que reflejan claramente la disparidad. Según un informe del diputado y economista Enrique Vaquié (UCR), el año pasado Santa Cruz recibió 20.023 pesos per cápita en recursos discrecionales, seguida por La Rioja ($ 7142), Tierra del Fuego ($ 5845), Jujuy ($ 4720) y Formosa ($ 4605).
Entre las más castigadas figura la Capital, con 284 pesos per cápita; la acompañan en el lote Santa Fe ($ 1244), Buenos Aires ($ 1272), Mendoza ($ 1280) y Corrientes ($ 1370).
Estos datos se condicen en cierta forma con un informe que elaboró el año pasado la Fundación Mediterránea, para cuyo análisis tomó el último semestre de 2011 y el primero de 2012. En ese lapso, Buenos Aires fue la que más recursos discrecionales recibió, seguida, llamativamente, por Santa Cruz. Claro que, a la hora de dividir esos fondos por la cantidad de habitantes, la provincia de los Kirchner aventaja el ranking por lejos.
“Éste es un problema que excede lo meramente fiscal para convertirse en un problema político. Una de las soluciones para esto sería una drástica reducción de las facultades discrecionales del Poder Ejecutivo y cambiar la distribución entre las provincias para compensar las inequidades que se observan entre ellas”, enfatizó a La Nación el diputado Vaquié.
Estos fondos discrecionales son gravitantes en las arcas provinciales. Según la Fundación Mediterránea, los envíos que realiza la Nación por fuera de la coparticipación pasaron de constituir el 5% de los recursos totales de las provincias en 2000 a un 13% en 2011. Con estos fondos no coparticipables, los gobernadores reciben plata fresca para atender gastos corrientes (destinados a distintos programas sociales, por ejemplo) como de capital (obras públicas), todos ellos fundamentales sobre todo en años electorales.
Esta dependencia cada vez mayor de las provincias con la Nación tendrá un capítulo definitorio en las próximas semanas, cuando la Nación decida si refinanciará una vez más las deudas con las provincias. La última prórroga de la refinanciación ocurrió a fines del año pasado; el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, y un grupo de gobernadores acordaron postergar por sólo un trimestre el pago de las deudas provinciales, plazo que vence a fines de este mes (de lo que se informa por separado).
La situación financiera de las provincias es por demás delicada. Según el informe de Iaraf, el stock de deuda a diciembre de 2012 trepaba a los 147.119 millones de pesos, de los cuales el 49% corresponde a Buenos Aires. Pero el problema es que algunas provincias contrajeron deudas en dólares y la devaluación que dispuso el Gobierno en enero pasado, que llevó la moneda a 8 pesos, hizo aumentar notablemente los pasivos.
Se trata de aquellas deudas atadas al dólar (dollar-linked), es decir, es una obligación nominada en dólares pagadera en pesos al tipo de cambio oficial. De acuerdo con un informe del Iaraf, los distritos más comprometidos son la Capital, que posee el 97,5% de su deuda en moneda extranjera, seguida por Santa Fe (82%) y Córdoba (56,4%).
Tras la devaluación, las deudas se dispararon hacia arriba. Por ejemplo, cuando en mayo del año pasado la Capital contrajo deuda por esta modalidad, el dólar oficial costaba 4,9 pesos; ahora, con el dólar superando los 8 pesos, el pasivo se incrementó en un 53%. El mismo problema atraviesan Mendoza, que contrajo la deuda cuando el dólar valía 5,8 pesos y ahora ésta se incrementó en un 37%, y Neuquén, cuyo pasivo aumentó un 47% porque se endeudó cuando el dólar valía 5,4 pesos.
Los gobernadores son conscientes de que, pese al fin de ciclo kirchnerista, les resultará muy difícil ensayar ejercicios de autonomía en este contexto de vulnerabilidad fiscal y financiera en cada uno de sus distritos.
No fue casualidad, de hecho, que en la última reunión de gobernadores justicialistas que se realizó la semana pasada en la Capital haya aparecido, de manera inesperada y sin invitación, el secretario de Legal y Técnica, Carlos Zannini. Un mensaje explícito de la Presidenta destinado, según interpretaron los mandatarios provinciales, a marcarles la cancha a aquellos que tengan pretensiones de sacar los pies fuera del plato.
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