Una mujer decidió dirigirse al Juzgado de Violencia de Género y Protección Integral de Menores Nº2 donde, con desesperación y angustia, brindó detalles sobre la amenaza que había recibido por parte de un hombre. Según indicó, con pruebas de por medio, el acusado la extorsionó para tener sexo con ella, de lo contrario, este prometió que haría públicos unos videos y unas fotografías íntimas que tenía en su poder, con el claro objetivo de dañar la integridad de la víctima.
A partir de esto, la jueza Magdalena Azcurra Cattaneo dio lugar al pedido de la mujer, dictando una medida cautelar de protección de persona, en la causa por “amenazas y coacción en concurso real de violencia de género”.
De esta manera, el acusado quedó detenido y se allanó su domicilio, de donde se secuestró una cuantiosa cantidad de soportes informáticos.
“Esto no se debe naturalizar”
Siguiendo esta línea, fuentes judiciales indicaron que la jueza Azcurra Cattaneo “entiende que estas prácticas no deben naturalizarse y son consideradas violencia de género”, señalaron y agregaron que estas situaciones “vulneran la privacidad e intimidad de las personas, por lo que está previsto reprimir con fuerza de la ley”.
En este sentido, las medidas cautelares consisten en que el denunciado tiene prohibido el acercamiento “por el radio de 200 metros al lugar de residencia, trabajo, lugar de estudio, esparcimiento o lugares de habitual concurrencia de la víctima”, esto incluye los domicilios de sus familiares y amigos. Además, se dispuso el cese de los actos de perturbación, intimidación y hostigamiento, como así también la prohibición al agresor de comunicarse, realizar llamados telefónicos a su número fijo y/o celulares, enviar mensajes de textos, o a través de cualquier servicio de mensajería instantánea y/o cualquier red social.
Por su parte, y no menos importante, también se ordenó la prohibición de difusión de material íntimo por cualquier medio digital, o subir material fílmico a plataformas de Internet, sean pornográficos o no; impresión de fotografías en papel y posterior difusión en ámbitos públicos o privados.
De igual manera, se procedió a bloquear las redes sociales Facebook e Instagram del imputado. A su vez, se prohibió la creación de cuentas falsas.
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