Redacción de RiojaLibre
Sobre las dos leyes que tienen como fin el reordenamiento y la defensa de las tierras de dominio del Estado Provincial, el asesor legal de la Gobernación -Miguel Zárate- explicó a RL: «las leyes dan el marco regulatorio para garantizar, proteger y preservar el dominio público de las tierras del Estado».
«Las tierras de dominio público no pueden tener otro destino que estar en servicio de la gente para el desarrollo integral de la Provincia, ningún particular puede apropiarse de tierras de dominio público que pertenecen al Estado», argumentó.
Zárate adelantó que «estas dos leyes son el puntapié inicial de más leyes en el futuro inmediato con el mismo fin, el de garantizar y preservar el dominio público del Estado».
«Hay equipos técnicos -agregó el Doctor- que están trabajando en el relavemiento de las zonas de interés y de dominio público del Estado, para determinar los lugares donde deberemos accionar».
El Gobierno Provincial celebró la aprobación de dos leyes que tienen como fin el reordenamiento y la defensa de las tierras de dominio del Estado Provincial
El gobernador Ricardo Quintela, hizo público el acompañamiento que recibió por parte de las y los miembros de la Cámara de Diputados de la provincia a dos proyectos presentados por el Ejecutivo y que fueron aprobados ayer como lo son Ley 10.323 de Dominio Público del Dique y zona adyacente y la Ley 10.321 de Interés Turístico e Histórico Provincial de las Tierras de Dominio Público.
Luego de una reunión mantenida con el secretario de Gobierno, Armando Molina; el asesor General de Gobierno, Miguel Ángel Zárate; los ministros de Vivienda, Tierras y Hábitat Social, Ariel Puy Soria y de Agua y Energía, Adolfo Scaglioni; y la secretaria de Tierras y Hábitat Social, Irene Zárate, el gobernador Quintela expresó que “tanto la decisión política adoptada por el Gobierno como las dos leyes que se aprobaron, no van en detrimento de la propiedad privada de nadie pero sí es clara en cuanto a la defensa de los inmuebles que son de dominio del Estado los que se deben proteger para que no sean objeto de apropiación por parte particulares”.
En ese sentido, enfatizó que “ambas leyes tienen como fin primordial, el reordenamiento y la defensa de las tierras del Estado Provincial para que sean destinadas a paliar necesidades del conjunto de la sociedad y no de unos pocos. Estas leyes consideramos que tienen un sentido de protección de nuestro patrimonio con una visión de verdadera justicia social”.
En la ocasión, el asesor general de Gobierno, explicó que el encuentro fue propicio para abordar cuestiones que tienen que ver con el dominio público y/o dominio privado del Estado “en el marco de una decisión del Gobernador de hacer una férrea defensa de todos los bienes que son del Estado provincial y de todos los riojanos”. Puntualizó que “en ese sentido, hemos informado a las áreas ministeriales sobre las dos leyes que sancionó ayer la Cámara de Diputados. En referencia a la Ley N° 10.321 indicó que deja “un mensaje claro a toda la sociedad respecto de que los bienes y las tierras que son del Estado, no son objeto de apropiación bajo ninguna de las modalidades previstas por la ley, ya sea por saneamiento de título o por prescripción adquisitiva judicial”; mientras que sobre la Ley N° 10.323 “en el que se ratifica el dominio público del Dique de los Sauces hasta la línea de ribera y se instruye al Ministerio de Agua y Energía a los fines de iniciar los trabajos de ejecución que tiendan a delimitar cuál es la línea de dominio público del Estado Provincial y a partir de ahí, avanzar con distintos proyectos de inversión para el desarrollo de la provincia” y anunció que esta decisión política “será replicada para todas la zonas que tengan valor para La Rioja”.
Por su parte Puy Soria dijo que estas leyes “sintetizan en la firme defensa de los intereses y del patrimonio del Estado, de los recursos naturales no renovables. Sabemos que La Rioja es una de las provincias con menos recursos hídricos del país por lo que tenemos que cuidar los espejos de agua de superficie”. Agregó que en la cuestión referida al territorio “sabemos que hay un avance de particulares en contra de los intereses del Estado de manera ilegal por lo que vamos a declarar las zonas que necesitamos proteger como de procesamiento esto implica en el marco de la ley, delimitar polígonos a intervenir con la finalidad de sanear los títulos”.
Defensa del bien público
Como se recordará, la Ley N° 10.323 de Dominio Público del Dique y zona adyacente surge de la necesidad de “ordenar el régimen de la tierra en nuestra provincia, preservando en el caso puntual la afectación al interés general de aquellos inmuebles que pueden contribuir a su crecimiento económico mediante la promoción del desarrollo turístico sustentable”.
Asimismo se explica que su importancia radica en que “el Dique Los Sauces es un espacio dotado de un ecosistema cuyos factores físicos, luminosos, paisajísticos y sociales, representan un microclima dentro del clima general de la región, aportando al mejoramiento de la calidad de vida de nuestra población, por cuanto es posible realizar actividades deportivas y turísticas entre otras” y que “en este contexto, esta gestión de Gobierno procura ejecutar políticas públicas de fomento y desarrollo sustentable del turismo local, brindando una aptitud de satisfacción del interés general de todos los riojanos y riojanas”.
En tanto que la Ley N° 10.321 de Interés Turístico e Histórico Provincial de las Tierras de Dominio Público, manifiesta el interés del Gobierno Provincia en el turismo como “una herramienta imprescindible para el desarrollo económico y social, contando con bellezas naturales e históricas en cada departamento que conforman nuestra provincia, que sirven de base para la ejecución de proyectos turísticos prometedores”.
En virtud de esto, se consideró necesario declarar de Interés Turístico e Histórico Provincial “aquellos inmuebles del dominio público que por su valor paisajístico, deportivo, histórico, científico, cultural o ambiental, sean susceptibles de aprovechamiento para el desarrollo integral y armónico de la Provincia en los términos referenciados; como así también determinar el marco normativo aplicable a las Servidumbres y Restricciones al Dominio que afectaran los inmuebles privados para lograr el uso común de la población, de conformidad con las normas del Código Civil y Comercial de la Nación”. Así, “teniendo presente que los bienes de dominio público requieren de una planificación para su uso y goce por parte del Estado, quien detenta el deber primordial de garantizar la conservación, vigilancia, evitar su degradación y la afectación de las derechos de la comunidad”.
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