Hay una curiosa versión de la eficiencia estatal que parece haber sobrevivido al ajuste libertario. Mientras el Gobierno de Javier Milei y su secretario de Salud Lugones realizaron del recorte, la motosierra y la reducción del Estado una bandera, en la causa $LIBRA la velocidad apareció en un terreno bastante más sensible: el cierre de una investigación que involucraba al propio Presidente.
Según informó Vanesa Petrillo en Ámbito, dos organizaciones que participaron del expediente como amicus curiae reclamaron la intervención de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) y cuestionaron la actuación del fiscal Eduardo Taiano, quien había solicitado el sobreseimiento de todos los acusados.
La controversia no es menor. El juez federal Marcelo Martínez De Giorgi dispuso el cierre de la investigación por el lanzamiento y posterior desplome de $LIBRA, el criptoactivo que Javier Milei había promocionado desde sus redes sociales. El resultado fue contundente: Milei, su hermana Karina y los otros nueve investigados terminaron sobreseídos.
Pero el expediente parece resistirse a descansar en paz.
Las organizaciones sostuvieron que la decisión fue prematura y pusieron el foco precisamente sobre aquello que debería haber merecido una investigación especialmente rigurosa: el papel desempeñado por el Presidente de la Nación en la difusión del activo.
La cuestión se vuelve todavía más incómoda porque la PIA, organismo especializado en investigar irregularidades vinculadas con funcionarios públicos, ya había abierto actuaciones relacionadas con el episodio antes de la judicialización. Sin embargo, según la información publicada, no fue incorporada a la investigación penal que terminó cerrándose.
Una llamativa paradoja para una causa que involucraba nada menos que al jefe del Poder Ejecutivo.
El fiscal Taiano pidió cerrar el expediente y Martínez De Giorgi aceptó. Y hubo otro detalle difícil de ignorar: los acusados ni siquiera habían sido convocados a prestar declaración indagatoria.
Así, una investigación que podía comprometer al Presidente terminó sin indagatorias y con once sobreseimientos. Eficiencia procesal, podría decir algún entusiasta. Las organizaciones que ahora reclaman la intervención de la PIA tienen una lectura bastante menos complaciente: advierten sobre el riesgo de que el desenlace termine convertido en impunidad.
El cierre tampoco consiguió silenciar a los damnificados. Juan Patricio Marchetto, uno de los inversores, apeló los sobreseimientos y sostuvo que todavía quedaban medidas de prueba pendientes. Su posibilidad de continuar litigando dependerá, además, de que la Cámara de Casación reconozca su legitimación para recurrir, luego de que los inversores fueran apartados como querellantes.
La causa $LIBRA dejó entonces de discutir solamente qué ocurrió alrededor de aquella criptomoneda promocionada por Milei. Ahora también obliga a mirar cómo se investigó.
Porque cuando un expediente alcanza al Presidente y su entorno, la exigencia institucional debería ser exactamente la contraria a la sospecha de un trámite apresurado: investigar hasta despejar las dudas.
Y ahí aparece la ironía inevitable del experimento libertario. El Gobierno que convirtió la palabra “casta” en contraseña política terminó viendo cómo una investigación que alcanzaba a su máxima conducción se cerraba sin indagatorias y mientras un organismo especializado en irregularidades de funcionarios permanecía afuera del expediente.
Ahora dos organizaciones pretenden que la PIA entre en escena y que la investigación vuelva a moverse.
La motosierra, después de todo, también puede servir para bajar persianas. La pregunta es si la Justicia permitirá que la de $LIBRA quede definitivamente cerrada.
Si querés, también puedo convertir esta versión en un post de Instagram de hasta 2.200 caracteres, manteniendo la ironía y endureciendo el título contra la gestión Milei.
Fuente:
Belastegui, D. (2026, 27 de octubre). La Justicia embargó las cuentas de Salud por la deuda que Lugones le desconoce al Cottolengo que visitará el Papa. La Política Online.
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