Al mismo tiempo que se los define con una categoría descalificadora, como los Ni-Ni, es decir no estudian, no trabajan, ni nada, lo único que puede inferirse de esta propuesta que intenta, además, restablecer un debate social que se suponía superado en la Argentina luego del asesinato del soldado Omar Carrasco, no es más que la respuesta a la sociedad sobre un discurso instalado de la derecha que estigmatiza a los jóvenes como los descarriados, los apáticos, los antisociales, los vagos y los delincuentes que al poner en riesgo el orden social, lo mejor que se puede hacer con ellos es encerrarlos.
Esta vez no en cárceles sino en cuarteles, en los que les enseñará las normas del “buen vivir en sociedad”. Es significativo que los sectores que generalizan sobre los jóvenes y los caracterizan de esa forma no se pregunten, en cambio, qué se hizo como sociedad más allá de los esfuerzos del gobierno nacional y popular, para que un chico de diecipicos o veintipocos no encuentre ningún incentivo en trabajar o estudiar.
Sería oportuno interrogarse acerca de las huellas del neoliberalismo que aún subsisten en nuestra impronta cultural: un mensaje que cuenta con la colaboración de los medios de comunicación hegemónicos para su impregnación en el imaginario social y que tiene como centro la alta valoración del sujeto como consumidor y la farandulización de la vida junto a una escasa valoración social del saber y del esfuerzo.
Una sociedad adulta que todo el tiempo tiene como discurso defensivo de sí misma que se pone en riesgo y en peligro su seguridad. Riesgo de salir a la calle porque puede ser asaltada; de perder el trabajo, de que no le alcance el salario para llegar a fin de mes, de no poder comprar dólares para sus vacaciones o de no poder cambiar el auto. ¿Y qué de los riesgos peligrosos a los que están expuestos los jóvenes?
El riesgo de la droga que le suministra un adulto; el de la discriminación por portación de vestimenta; el de no poder estar en sus barrios porque las fuerzas de seguridad o los narcotraficantes están sobre ellos para convertirlos en mano de obra barata. Ese riesgo peligroso entre el deseo y el poder. El poder comprar una par de zapatillas de marca para ser reconocido por una sociedad que se ha convertido en consumidora por excelencia y que le da valor a las personas también por lo que tienen.
Todavía cabe reconocer en todas sus aristas las nefastas consecuencias de las políticas neoliberales implementadas en los 90 que llevaron a la pérdida de millones de puestos de trabajo, a la precarización de los existentes y a la ruptura de la transmisión del saber-hacer de generación a generación. Pesada herencia que no se resuelve en meses sino en años. Según estudios de diversas organizaciones en la Argentina estos jóvenes Ni-Ni suman unos 900 mil.
Pero esta problemática no es sólo marca nacional. La Organización Internacional del Trabajo (OIT) en su informe TENDENCIAS MUNDIALES DEL EMPLEO JUVENIL 2013 estima que el desempleo de éstos es de un 12,6 por ciento para 2013 y que “se acerca al nivel máximo registrado durante la crisis actual” y calculó que en 2013 la cifra de jóvenes desocupados llegó a 73 millones. El otro problema que describe el informe de la OIT es el de la calidad de empleo que encuentran los que tienen entre 18 y 24 años.
“La prolongada crisis económica también obliga a la generación actual de jóvenes a ser menos selectivos con los empleos que están dispuestos a aceptar, una tendencia que ya era evidente antes de la crisis. El número de jóvenes que está aceptando trabajos a tiempo parcial o que se encuentra confinado en empleos temporales es cada vez mayor”, detalla el informe.
A los problemas sociales y/o de inseguridad que enfrentan ciertos sectores jóvenes se los resuelve con más políticas públicas cuyo eje debe ser la justicia social y la ampliación de derechos. Derechos que en esta última década en la que se ha re-significado la política como instrumento para la transformación, ha tenido en el centro de las decisiones de gobierno a las personas como sujetos de derecho. Derecho a la salud, a la educación, a la identidad, a la justicia, al trabajo, a una jubilación.
Los jóvenes como sujetos de derecho también están dentro de esta concepción. La deuda social que se tiene con ellos no se resuelve ni con penas más duras para los que delinquen, ni con su encierro y exposición a torturas en un cuartel militar. No sólo es una resolución facilista y tapar el sol con la mano, sino a la vez consolidar el discurso que dice que hay que encerrar a los pibes cuánto más chicos mejor.
Una manera de invisibilizar la responsabilidad de quienes deben construir condiciones para que esto no ocurra. Problemáticas de esta naturaleza se resuelven, por ejemplo, con políticas públicas como el Programa de Respaldo a Estudiantes de Argentina (PROG.R.ES.AR) que es una prestación económica de $ 600 por mes y de incentivo para finalizar los estudios sean del nivel que sea y está destinado a “los jóvenes entre los 18 y 24 años que no trabajan, trabajan informalmente o tienen un salario menor al mínimo vital y móvil y su grupo familiar posee iguales condiciones, para iniciar o completar sus estudios en cualquier nivel educativo”.
Al cumplirse un mes desde su anuncio en enero de 2014, la Anses destacó que de los 504.752 jóvenes que se habían registrado, 185.082 acreditaron la escolaridad y accedían así al cobro de los $600 entre el 7 y el 13 de marzo de acuerdo con la terminación del DNI. También la Anses señalaba en febrero de 2014 que “del total de inscriptos al programa, 151.395 son de la provincia de Buenos Aires, que cuenta además con la mayor cantidad de oferta educativa (20.768 establecimientos). Además, más del 50% de los inscriptos cuentan entre 18 y 20 años”. La idea del regreso del servicio militar para “ordenar y educar” a los jóvenes que “no hacen nada de sus vidas” es la postura facilista y la falacia del discurso conservador que sostiene que “esto antes no pasaba” o que “solo sucede en determinados sectores sociales”.
Es la idea vigente de que con rigor, sangre, sudor y lágrimas se aprende a respetar las leyes y normas social. Por otra parte, en el mundo actual las Fuerzas Armadas se han profesionalizado- de ahí que exista el servicio militar voluntario- y tampoco es función de los jóvenes llevar la impronta de la defensa nacional armada, tal como evidencia el lamentable antecedente de Malvinas. Más Estado, más políticas públicas que les brinden a los jóvenes -mal definidos como Ni-Ni- la esperanza de la proyección hacia el futuro. La idea de que lo que viene es mucho mejor. Que tienen posibilidades de ser quienes quieren ser. No caben dudas de que es el Estado el que tiene que intervenir para mejorar la vida de los ciudadanos.
Es éste el que debe construir las instancias para seguir creando espacios para el ejercicio de una mejor ciudadanía dentro de los cánones a los que invita un Estado de derecho y de la democracia. Pero también lo debe ser la sociedad en su conjunto no teniendo una mirada simplista de las cuestiones, sino una mirada y una propuesta responsable de lo que debe hacerse y acompañar en los procesos que con seguridad a veces son más lentos de lo que se espera, pero que son cambios al fin.
Los intentos de reinstaurar un debate superado sobre qué hacer con los jóvenes, deja al descubierto la realidad de que aún existe un mundo adulto que los concibe como sujetos peligrosos para el orden social. Una idea incoherente o al menos contradictoria, incluso, con los esfuerzos que los gobiernos de Néstor primero y el de Cristina Kirchner vienen haciendo para que miles y miles de pibes y pibas no sólo recuperen el sentido de la militancia como transformación de la realidad, sino además, que tiene a la ampliación de derechos, a la educación, a la justicia social como pilar fundamental para una sociedad más justa y más solidaria.
Por María Elisa Ghea, Secretaría de comunicación y prensa Frente Grande
Mesa Provincial del Frente Grande La Rioja
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