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Elevan pedido de Informe en el Consejo Superior

La semana pasada el Ministro de Educación de la Nación -Esteban Bullrich- trató de mentiroso al Rector de la UNLaR Fabián Calderón, quien había denunciado al Gobierno Nacional por no enviar los fondos que corresponden. Paso seguido, los Verdes difundieron una especie de balance de los fondos enviados, muy confuso e insuficiente en materia informativa. Ahora, el Frente Para Todos Unlar elevará un pedido de informe al Consejo Superior.

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Comunicado del Frente Para Todos:

Cuando la comunidad universitaria se levantó para democratizar esta institución tan querida, sabíamos que apenas era el inicio de un proceso de transformación que involucraría el compromiso de todos sus actores para emprender una larga y ardua tarea de reconstrucción que no se daría de la noche a la mañana. Cada uno de los avances en este proceso han sido esfuerzos colectivos que no se han dado sin demandas y pequeñas batallas de diferentes intereses dentro de la comunidad universitaria.

En la actualidad las pujas internas para allanar el camino de la democracia no son pocas, pero de a poco los participantes se han ido reduciendo mediante distintos mecanismos. Lo cierto es que nuestra UNLaR dista mucho de la apertura real que pregona. Es muy difícil que la comunidad sepa a ciencia cierta cómo está siendo administrada la institución.

Hace unos días el Ministro de Educación de la Nación acuso al rector de la UNLaR de mentir respecto a su situación presupuestaria, a lo que la institución respondió con un informe no muy esclarecedor.

Desde el año pasado distintos miembros de órganos de cogobierno vienen realizando reiterados pedidos para conocer la nómina docente a la que aún no hemos podido acceder. Todos estos datos y muchos más, no debieran ser desconocidos, cualquier institución pública, no solo tiene la obligación de hacer público estos datos, sino que tiene el deber de hacerlos accesibles para que todo miembro de la comunidad pueda comprenderlos.

Es por eso que desde el Frente Para Todos UNLaR hemos elevado una serie de pedidos de informes al Honorable Consejo Superior con todos los datos públicos que consideramos debieran ser accesibles de manera permanente a toda la sociedad. Dichos informes exigen publicar información respecto al destino de los fondos públicos que administra esta gestión, así como los actos administrativos de los órganos de gobierno, entre otros.

El proceso de democratización jamás podrá llevarse a cabo mientras nuestra comunidad no tenga acceso a la información. Ningún ciudadano de la comunidad universitaria podrá ejercer su derecho a decidir, mientras no esté debidamente informado. Entonces ¿Cómo es posible que no podamos saber quiénes son nuestros docentes? ¿Cómo puede ser que no conozcamos el detalle de gasto del presupuesto?

En un contexto en el que el debate del gobierno abierto y la participación ciudadana se imponen en las agendas de los funcionarios públicos alrededor del mundo, en una institución que se supone centra sus energías en su democratización, el más básico principio de transparencia parece ser una quimera. En el seno de una universidad que supo ser un ejemplo de transformación política auto gestada, hoy se restringe la participación mediante burocracia y restricciones institucionalizadas.

Una universidad abierta no es un discurso, ni el cumplimiento cosmético de alguna normativa. Sino es el ejercicio de la voluntad política que siempre prioriza la participación, el acceso y la colaboración de toda la comunidad para la construcción colectiva.

La democracia depende de una ciudadanía informada cuyo acceso a la información le permita participar de forma plena en la vida pública. El escaso acceso a la información alimenta la corrupción. La ocultación favorece los acuerdos que determinan a puertas cerradas la manera de disponer del gasto público beneficiando a unos pocos en lugar de al conjunto de la población. La falta de información impide que los ciudadanos puedan evaluar las decisiones de sus líderes, y más aún tomar decisiones concienzudas respecto a los individuos que eligen como sus representantes.

El acceso público a información en poder de un gobierno permite que los ciudadanos puedan entender mejor el ejercicio de la gestión, las decisiones que se hacen en su nombre. Una ciudadanía informada podrá exigir responsabilidad a sus gobiernos por sus políticas, elegir sus dirigentes con mayor efectividad y colaborar con la construcción colectiva. El conocimiento implica poder, y la transparencia es el remedio a la oscuridad bajo la cual la corrupción y el abuso prosperan.

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