La reacción del ex magistrado fue una burla: una sonrisa mientras levantaba los brazos.
La querella
Ante la circulación de un video, el secretario de Derechos Humanos de La Rioja, Délfor “Pocho” Brizuela, informó que como la dependencia que comanda es querellante en la causa, presentará una queja en la Justicia Federal para “exigir el estricto cumplimiento de la medida de arresto domiciliario que priva al condenado de transitar por la calle y advertir sobre la relajada custodia federal, que debería impedir que esto suceda”.
Pero, además, advirtió que solicitará que Catalán vuelva a prisión. “Frente a ésta flagrante violación e incumplimiento por parte del condenado, y su inequívoco buen estado de salud y actitud desafiante, sumaremos nuestro pedido al de revocar el beneficio del arresto domiciliario“, alegó.
Condena
Catalán, que fue el único juez federal de La Rioja designado por Jorge Rafael Videla, fue condenado a 12 años de prisión por delitos de lesa humanidad cometidos contra 12 víctimas.
En la causa también fueron condenados el genocida Luciano Benjamín Menéndez, que recibió una pena de prisión perpetua, y otros 11 imputados.
El juez de Videla
El ex juez asumió el 6 de mayo de 1976, tras el desplazamiento de su antecesor, el juez federal José Enrique Chumbita, echado del cargo, según los fiscales, por negarse a librar órdenes de allanamiento injustificadas requeridas por los represores.
“Catalán instruyó causas por infracción a ley 20840 (la llamada ley antisubversiva) y, en tal carácter, recibió declaraciones indagatorias a individuos que evidenciaban notables signos de haber sido torturados e inclusive declaraban haberlo sido, y resolvió dejarlos alojados en el IRS (Instituto de Rehabilitación Social), el centro de detención donde sufrían las torturas”, describió la acusación del Ministerio Público.
Los fiscales también consideraron probado que el ex juez “tomó declaración a detenidos vendados, esposados y vigilados por guardias del IRS que portaban armas” y que en oportunidades delegó en gendarmes o militares que participaban de los secuestros y las torturas la toma de declaración indagatoria a los imputados.
“La única prueba de cargo que tuvo el juez Catalán para condenar a las personas en las causas por la violación a la ley 20840 fueron las declaraciones indagatorias tomadas bajo tortura“, subrayaron.
Los fiscales habían pedido perpetua para Catalán al considerarlo autor material de los delitos de privación ilegal de la libertad y torturas en perjuicio de una víctima; partícipe necesario en el secuestro, torturas y otros delitos contra diez personas; homicidio calificado en un caso y lo acusaron también por asociación ilícita en calidad de organizador.
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