El diputado radical sostuvo que “son repudiables los hechos de represión y amedrentamiento por parte del gobierno hacia los pobladores de Famatina, no se pueden avalar estos procesos autoritarios, el gobernador debe entender que a la sociedad no le gusta que le impongan las cosas, hay que escuchar al pueblo de Famatina que ya tomo una decisión”.
El diputado por el Frente Cívico, Guillermo Galván, solicitará al ministro de Gobierno Felipe Álvarez, que explique cuál fue el accionar de la policía en la localidad de Famatina donde tuvieron lugar los hechos de represión y detenciones el pasado domingo.
Fue tras que consiguió que la Cámara de Diputados cite al jefe de Bomberos, de Policía, Defensa Civil, al ministro de Gobierno y autoridades de municipios para que informen sobre el plan de contingencia que tienen para paliar hechos fortuitos de incendios, terremotos y otros con grave riesgo para la vida.
Con respecto a la situación vivida en Famatina, Galván sostuvo que “son repudiables los hechos de represión y amedrentamiento por parte del gobierno hacia los pobladores de Famatina, no se pueden avalar estos procesos autoritarios, el gobernador debe entender que a la sociedad no le gusta que le impongan las cosas, hay que escuchar al pueblo de Famatina que ya tomo una decisión”.
El legislador del Frente Cívico comentó que se realizaron más de 10 pedidos de informe sobre la cuestión minera, ambiental, persecuciones, hostilidades y las listas negras que sufren aquellos que están en contra de la mega minería y que nunca fueron respondidos por el oficialismo. También recordó que fue su bloque el único que solicito la anulación del contrato con Osisko.
Por otro lado, Galván explicó que el pedido de informe sobre el plan de contingencia consiste en conocer el alcance y modalidad de actuación en casos de siniestros que ponen en jaque a la comunidad por su peligrosidad y magnitud, particularmente respecto de la cuestión estratégica, recursos humanos y materiales disponibles a tales efectos, en todo el territorio provincial.
Para el legislador Galván, es necesario conocer cuales son las partidas presupuestarias con las que cuentan los agentes de la Policía Provincial afectados específicamente a la actividad preventiva y de mitigación de siniestros de los Bomberos y organizaciones afines.
Galván dijo que los riojanos debemos aprender la lección que lo que paso con el supermercado Berchia y unificar criterios para lograr un sistema de seguridad y rápida actuación en distintos siniestros, para ello es necesario realizar convenios con las empresas privadas, y entidades estatales como lo son las SAPEM Vial y de Aguas para que colaboren en forma obligatoria y rápida cada vez que el Estado la requiera en situaciones como estas.
“Desde nuestro bloque queremos saber cual es la cantidad de recursos con la que cuenta la Policía Provincial a la hora de actuar en hechos fortuitos como el sucedido el 1 de mayo en la sucursal sur de supermercado BERCHIA. Lo que pedimos es identificar los recursos humanos, materiales y planes de contingencias aprobados para poder actuar en cada hecho particular”, agregó Galván.
A su vez este pedido de informes hace hincapié en estar al tanto sobre todas las medidas y procedimiento de contingencias que poseen los Bomberos y organizaciones afines en ocasión de intervenir para paliar los siniestros como lo son sismos, rotura de diques, entre otros.
Brizuela y Doria acusó al gobernador de “militarizar La Rioja”.
La legisladora radical repudió la represión del sábado en esa localidad serrana al condenar la violencia “en un pacifico pueblo que se opone a la minería para defender su tierra”. En ese marco, apuntó que Herrera “está militarizando La Rioja” porque “se le fue de las manos el manejo institucional de su Gobierno”.
La diputada nacional Inés Brizuela y Doria anunció este domingo que impulsará el juicio político del gobernador kirchnerista Luis Beder Herrera, a quien responsabilizó por la represión en Famatina y lo acusó de “militarizar La Rioja”.
Según informó la agencia DyN, la legisladora radical repudió la represión del sábado en esa localidad serrana al condenar la violencia “en un pacifico pueblo que se opone a la minería para defender su tierra”.
En ese marco, apuntó que Herrera “está militarizando La Rioja” porque “se le fue de las manos el manejo institucional de su Gobierno”.
Brizuela y Doria explicó en un comunicado que impulsa el juicio político del gobernador Luis Beder Herrera por la represión que terminó el sábado con cinco detenidos y decenas de heridos con balas de gomas y gases lacrimógenos tras un acto en el que se enfrentaron asambleas que se oponen a la minería, con la policía provincial.
Al menos quince personas resultaron heridas, cinco de ellas detenidas y liberadas anoche, luego de que vecinos de la ciudad riojana que rechazan la política oficial pro-minera fueron reprimidos por la policía provincial.
Los hechos ocurrieron el sábado poco después del mediodía en la ciudad ubicada 230 kilómetros al oeste de esta capital provincial, cuando dirigentes del justicialismo local pretendían asumir la conducción partidaria del Departamento.
Ese acto coincidió con una manifestación anunciada el sábado por el intendente local, Ismael Bordagaray, para rechazar la presencia del gobernador Beder Herrera, quien de todas maneras no estuvo presente y deslindó responsabilidades por la represión policial.
La prensa local reportó que un contingente policial integrado por unos 300 efectivos, con escudos y armas largas, ocupó la localidad de Famatina para custodiar el acto de asunción de las autoridades bederistas.
Tras vallar las calles, cerraron el paso a la manifestación y ocuparon el patio posterior de la parroquia local, cuyo párroco, Omar Quinteros, también adhiere a la lucha contra la minería.
El pueblo se reunió entonces en la plaza San Martín para mostrar carteles en contra de Beder Herrera y de su política minera, como “El Famatina no se toca”.
El acto justicialista se demoró y el gobernador no había llegado, al tiempo que los periodistas denunciaban que para ingresar al pueblo había que mostrar documentación e identificarse.
Alrededor de las 15, un grupo prominero agredió a los vecinos que estaban en la plaza, mientras que la policía disparó balas de goma y hubo cinco detenciones, entre ellos dos voceras de las asambleas antiminería, Carina Díaz Moreno y Marcela Crabbe.
Todos los detenidos fueron trasladados a Chilecito y quedaron alojados en la Unidad Regional II, donde esta noche fueron liberados.
“Siempre dijimos que si tocan a uno, nos tocan a todos. Pero no estamos todos acá. El pueblo tiene que levantarse para evitar el atropello”, dijo Mirtha, una vecina de Chilecito que trabaja en Famatina.
Una parte de los pobladores de Famatina también viajó hacia Chilecito, 30 kilómetros al este, y rodeó la comisaría, para exigir la liberación de los detenidos, lo que finalmente sucedió pasadas las 21.
El comisario Carlos Madrid dijo a los periodistas en Chilecito que hay “una orden del fiscal de mantenerlos detenidos para interrogarlos”, pero posteriormente los vecinos recuperaron la libertad.
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