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Sin ninguna duda esta decisión administrativa es arbitraria, y carente de todo fundamento jurídico, configurándose un caso de inusitada gravedad institucional, al contrariar directamente la ley de educación y la ley de presupuesto del año 2023 reconducido para el año en curso.
Nuevamente estamos pidiendo que la Corte de Justicia interfiera y ponga las cosas en el lugar que corresponden, conforme al estado de derecho.
Que no se puede ni se debe seguir tolerando el avasallamiento de derechos y garantías constitucionales, que dañan directamente a la gente.
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