El bloque del PJ judicializará su reclamo por la decisión del Ejecutivo municipal de tercerizar el servicio de recolección de residuos. Lo confirmó el concejal peronista Walter Montivero quien insistió en que el contrato que el municipio firmó con la empresa prestadora Ashira debería haber pasado por el Concejo Deliberante para su aprobación.
El edil peronista habló con Riojavirtual Radio tras la reunión que el secretario de Servicios Públicos, Mauricio Morán mantuvo el lunes por la tarde con el cuerpo de ediles para brindar detalles sobre la tercerización del servicio.
«La reunión que tuvimos dejó más dudas que certezas. Ellos se paran sobre el hecho ya consumado y nos informaron que la empresa ya va a empezar a trabajar. Hay muchas cosas que no se saben, dónde tendrá sede la empresa y sobre todo no sabemos si van a contratar a los empleados del área de Higiene Urbana o si pondrán nuevos empleados. El camino que nos queda es judicializar. No nos queda otra que ir a la Justicia y que sea la Justicia la que determine si el Ejecutivo tiene razón o si los concejales somos los que tenemos razón», dijo Montivero.
El edil del PJ añadió que, paralelo al reclamo judicial, el cuerpo llamará a interpelación al secretario de Hacienda del municipio, Guillermo Bustos y al propio Morán. «Queremos que vengan al Concejo y que nos informen sobre de dónde sale el dinero que se está invirtiendo en la contratación de este servicio», señaló.
En este punto, Montivero comentó que en la reunión con Morán y el equipo de Servicios Públicos se informó que el contrato con la empresa Ashira es por 63 millones de pesos mensuales y que la actualización del mismo se hará por inflación. «Esto significa que este contrato, que hoy es de 63 millones de pesos, en unos cuatro meses va a pasar a ser de unos 100 millones de pesos. Es una locura lo que se está invirtiendo», cuestionó.
Montivero sostuvo que, según la Carta Orgánica Municipal, dentro de las atribuciones de la Intendenta está la de celebrar contratos con empresa privadas pero aclaró que dichos contratos deben ser enviados al Concejo para ser aprobados.
«La Carta Orgánica establece cuáles son las atribuciones del Ejecutivo Municipal y de los concejales. Dentro de las atribuciones de la Intendenta es verdad que tiene la facultad de realizar convenios y firmar contratos con empresas privadas. Pero en uno de los artículos dice que estos contratos deben ser enviados al Concejo para su aprobación. A su vez, se establece que dentro de las facultades de los concejales está la de interiorizarnos de estos contratos y aprobarlos o rechazarlos. Esto no se cumplió. La ley es muy clara, dice que la Intendenta puede firmar un contrato pero esto debe pasar por el Concejo y el contrato nunca vino al Concejo. Nosotros nos enteramos de este contrato a través de los medios», señaló.
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