El expresidente Alberto Fernández fue denunciado por la exprimera dama, Fabiola Yañez, ante el juez Julián Ercolini por violencia de género. Según consigna la denuncia que Yañez hizo este martes al mediodía «los graves hechos denunciados por la damnificada, sumado al contacto amenazante que ha expresado que ocurre actualmente, brindan un escenario de riesgo que debe ser mitigado por medio de los mecanismos que la norma procesal brinda». En el escrito no se aclara en detalle cuáles serían esos «graves hechos», pero sí dicen que hay «conversaciones e imágenes que indicarían la posible comisión del delito de lesiones leves en un contexto de violencia de género». También agrega que ella manifestó estar padeciendo lo que definió como “terrorismo psicológico”, por parte del expresidente. Para resguardar la seguridad de la denunciante, el juez ordenó la prohibición de que Fernández se acerque a ella a una distancia inferior a 500 metros; también prohibió todo tipo de contacto –ya sea físico, virtual o por cualquier otro medio– y, por último, le prohibieron al expresidente salir del país.
En La Rioja, Gabriela Díaz no cesa en su lucha para que se la escuche:
Horas después de que se conozca la denuncia, el exmandatario publicó en sus redes sociales un comunicado en el que dijo: «Enterado por los medios de comunicación de la denuncia de Fabiola Yáñez en mi contra, quiero expresar que la verdad de los hechos es otra. Solo voy a decir que es falso y que jamás ocurrió lo que ahora me imputa». Luego agregó: «Por la integridad de mis hijos, de mi persona, y también de la propia Fabiola, no voy a hacer declaraciones mediáticas, sino que aportaré ante la justicia las pruebas y testimonios que dejarán en evidencia lo que realmente ocurrió». En su entorno niegan «de manera absoluta» que él «le haya levantado la mano», y repiten que Yañez «venía con problemas».
En una primera oportunidad, la exprimera dama había rechazado la posibilidad de hacer una denuncia. Sin embargo, este martes se comunicó con el juzgado, pidió una audiencia ampliatoria por zoom –ella está en Madrid– con Ercolini y realizar la denuncia. La videollamada se llevó a cabo unas horas después, cerca del mediodía. Luego de hablar casi una hora con el juez, Yáñez llamó a su abogado Juan Pablo Fioribello y le dijo –según contó él– que «no aguantaba más»; que estaba «desbordada por la situación», y que ella misma había denunciado a Fernández. «Perdón que ni te avisé, pero llamé al juzgado y pedí que se levante el archivo», comentó Fioribello que le dijo la exprimera dama.
Durante el zoom con Ercolini, Fabiola expresó que en la audiencia anterior no había denunciado porque «se le había solicitado que no inste la acción penal en contra de su presunto agresor a quien identificó como Alberto Ángel Fernández», y manifestó estar padeciendo lo que definió como “terrorismo psicológico” por parte del exjefe de Estado así como «acoso telefónico, de manera diaria». Luego de explicar todo eso, le volvieron a preguntar si deseaba instar la acción penal y ella dijo que «a raíz de lo ocurrido, sí».
Por otra parte, Yañez expresó que la custodia policial que se le había asignado era una “persona de confianza” de la custodia del expresidente y solicitó al juzgado que se dispongan medidas de protección en su favor, que incluyan la prohibición de acercamiento de Fernández. En cuánto al hijo que tienen ambos, dijo que el contacto podía continuar entre ellos mediante el teléfono de su madre, abuela de Francisco, para que no pierdan vínculo.
Prohibiciones
El juzgado entendió que hay una gran desigualdad entre Fernández, quien ocupó el cargo de presidente, y la denunciante y, por eso, resolvió la prohibición de acercamiento a una distancia inferior a los quinientos (500) de su domicilio en la ciudad de Madrid, o en cualquier otro lugar en el que se encuentre, y de contacto absoluto a través de cualquier vía.
Esa medida comenzó a regir desde este martes y hasta tanto dure la tramitación de causa o se disponga lo contrario. «Tal prohibición de acercamiento importa suspender todo tipo de contacto físico, telefónico –por línea fija y/o celular–, por correo electrónico, sistema de mensajería de texto y/o voz a través de cualquier plataforma, por vía de terceras personas y/o por cualquier otro medio». Además, sumó la prohibición de salida del país de Fernández.
El abogado, que era de ambos, deberá definir a quién representará. Ante las consultas periodísticas Fioribello expresó: «Yo le prometí a Yañez que, si ella quería denunciarlo, yo el ofrecía mi apoyo profesional», y añadió que «es la primera vez que soy defensor de las dos partes, tengo que evaluar qué hago, por el conflicto de intereses». En esa línea, remarcó que «no digo que eso haya sucedido, pero si ella recibió golpes va a tener todo mi apoyo y ya se lo dije al expresidente».
El abogado subrayó que «la figura de terrorismo psicológico no existe legalmente, pero puede ser un hostigamiento o un acoso», y que «hay que ser cautelosos en el análisis de todo esto». Por último aclaró que «hasta ahora lo que hay es el comienzo de una denuncia».
El comienzo de la causa
Todo surgió en base a unos chats que Yañez mantuvo con la entonces secretaria personal de Fernández, María Cantero. El celular de la secretaria está siendo peritado por la justicia en el marco de otra causa, donde está vinculada a supuestos delitos mediante la contratación de seguros durante la gestión anterior. Allí, el juzgado de Ercolini descubrió que había chats entre Cantero y Yañez en los que ella le mandaba a la secretaria del expresidente fotos, videos, audios y mensajes de texto en los que relataba episodios de violencia sufridos supuestamente, por parte de Fernández en la Quinta de Olivos cuando ambos vivían allí.
La información se separó de la causa inicial, se envió a la oficina de género de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) y luego volvió al juzgado de Ercolini. El juez se comunicó con el abogado de la familia Fioribello, y se acordó que haría un zoom con Yañez.
El 26 de junio la exprimera dama tuvo una conversación por videollamada con el juez. Allí fue notificada de la situación, le informaron que la justicia tenía en poder los chats con las fotos y los videos y le consultaron si quería realizar una denuncia penal. Ella dijo que no y la causa fue archivada. Más allá de eso, Ercolini le dejó en claro a Yañez que, si se arrepentía, podía realizar la denuncia en cualquier momento. Más de un mes después, el domingo pasado, la información se filtró y fue replicada por todos los medios de comunicación.
La noticia causó un gran impacto en toda la militancia feminista y también al interior y fuera del peronismo. Dentro del movimiento de mujeres y disidencias piden celeridad en el esclarecimiento del caso y, además, hay preocupación porque no quieren que la dramática situación sea utilizada para denostar las políticas de género y las conquistas en esa materia que el movimiento logró durante los últimos años. También resaltan que los libertarios aprovechan la ocasión para criticar las políticas de género, pero, a la vez, son los responsables de desmantelar todas las áreas vinculadas a ese tema.
Por caso, la senadora de UxP, Juliana di Tullio resumió esa postura dentro del peronismo: «Dejen la hipocresía. a Ustedes les importa tres almendritas si Alberto Fernández es un golpeador o no. A mí sí y mucho. Los y las que caranchean tienen un único interés: que él es peronista. Si fuese de otro espacio político dormirían como bebés. Le creo a ella. Punto». Desde el massismo, la extitular de Aysa, Malena Galmarini, añadió: «La violencia de género existe, no tiene color político y se condena siempre. Como dijimos ayer: no importa quién sea el agresor ni qué cargo haya ocupado, estamos del lado de la víctima».