*Por el Equipo de Investigación de EL FEDERAL
La polémica por las tierras en la base del Cerro de la Cruz está muy lejos de ser lo que algunos vienen contando. El conflicto gira en torno a una operación entre privados -el Estado provincial no intervino- y se infló por la pretensión de un jubilado y un ex policía, que quieren quedarse con 90 hectáreas, algo así como el equivalente a 125 canchas de Boca, en base a un boleto de compraventa plagado de irregularidades. EL FEDERAL reconstruyó la verdadera historia a partir de la consulta de expedientes judiciales y administrativos, y entrevistas a múltiples fuentes.
El conflicto tiene dos protagonistas centrales, Gregorio Urbano Córdoba, un jubilado de 63 años, y Américo Orlando Ruiz, de 43 años, que fue miembro de la Policía Federal y que habría sido dado de baja por irregularidades en su función. Cuando la Secretaría de Tierras convocó a todos los que reclamaban algún tipo de derecho sobre el Cerro de la Cruz y su base para sanear sus títulos, intentaron sumarse a la partida, pero no lograron probar su propiedad y su solicitud fue rechazada.
En el medio algo pasó: la cuestión política. Todo se desvirtuó. Y Córdoba y Ruiz se presentaron en los medios como víctimas. En base a un dudoso boleto de compraventa, reclamaron 898.520 metros cuadrados del cerro, que se superponen con terrenos que pertenecen a más de diez personas, como se ve en la siguiente imagen:
Mapa aportado por uno de los afectados por el reclamo de Córdoba y Ruiz. Muestra quiénes son los perjudicados, aunque habría más.
Los protagonistas de esta historia alegaron que Córdoba compró las tierras en 1985 y le vendió una parte a Ruiz en 1997. Todo se basa en un boleto de compraventa escrito a mano, firmado en 1985 entre Córdoba y el vendedor, Ernesto Mario Flores, un hombre que vive en una casa humilde al pie del cerro y que, según las fuentes consultadas, casi no sabe leer y escribir.
Hay muchas cuestiones para sospechar del boleto de compraventa que Córdoba y Ruiz presentaron. En primer lugar, es distinto del que tenía en su poder el vendedor Flores, por lo que la Secretaría de Tierras consideró que había sido adulterado. Además, había sido firmado supuestamente en 1985, pero fue certificado ante escribano público recién el 26 de junio de 2013, es decir, 18 años después. Ni siquiera especificaba la cantidad de terreno que había vendido Flores ni su ubicación. Y había sido celebrado en pesos, una moneda que ni siquiera existía en 1985. Tal es así, que Córdoba habría pagado apenas unos 12 pesos al valor actual por cada hectárea. Menos de lo que cuesta un turrón.
La última hoja del boleto de compraventa entre Flores y Córdoba muestra un croqui del terreno vendido. El documento de la izquierda, que aportó Córdoba, tiene anotaciones agregadas.
“Son unos chantas, firmaron un boleto de compraventa con un analfabeto, lo modificaron a su gusto y se quieren quedar con la mitad de cerro”, explicó a EL FEDERAL una fuente con acceso al expediente administrativo, donde a Córdoba y Ruiz les negaron la posibilidad de hacer algún reclamo sobre el cerro.
De acuerdo a las fuentes consultadas, los terrenos que reclaman Córdoba y Ruiz pertenecen a Lino Ceballos, Simón Sánchez, Felipe Sánchez, Máximo Agost Carreño, Marco Perera, a las familias Granillo Ocampo y Grmau, a Gerónimo Porras Luján, Pablo Machicote, Constantino Montero, Jorge Dante Luna y Francisco Soto, entre otros. Algunos le compraron sus lotes a Flores –el mismo sujeto que les vendió a Córdoba y Ruiz– y otros están ahí desde hace muchísimos años. Dos de ellos, Ceballos y Agost Carreño, ya denunciaron penalmente al ex policía y al jubilado por usurpación. Todos tienen un factor común: temen perder las tierras.
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