Redacción de RiojaLibre
El Secretario de Derechos Humanos, Delfor Pocho Brizuela, manifestó tras la muerte de Emanuel Garay: “No vamos a permitir más abuso policial”. Si ese compromiso hubiese existido, realmente, por parte del Secretario en 2015 cuando tuvo lugar un escándalo similar al sucedido actualmente; los abusos no hubiesen existido en 2018 y la muerte de Emanuel Garay se hubiese evitado.
Un área que exige tanta responsabilidad como el de Derechos Humanos, no puede tener un Secretario de hechos consumados, que actúe posterior a los hechos cuando ya pasaron y se mediatizaron. En nuestra columna semanal de opinión del Lunes, inducimos que Pocho Brizuela debería dar un paso al costado, y un grupo de defensores del Secretario nos contestó que ‘Pocho estuvo en el Hospital con los aspirantes, siempre acompañando a su familia‘.
No negamos ello, pero si Pocho hubiese hecho bien su taréa en 2015, no tendríamos que lamentar nuevos abusos en 2018. Pocho, como la gran mayoría de los riojanos, sabíamos de lo que sucedía en la Escuela de Cadetes. Todos los riojanos tenemos una cuota de responsabilidad, pero el Secretario de Derechos Humanos tiene una gran parte de responsabilidad.
No se trata de quitar o minimizar las responsabilidades de Páez y Angulo; fueron los máximos responsables y, aunque es acertado sus desplazamientos, insistimos que se los debería investigar penalmente por la muerte de Emanuel. Ahora bien, eso no quita que también haya otros responsables políticos, como el caso de Brizuela.
Da la sensación de que el Secretario actúa -ante hechos consumados- cuando el tema es mediático. Pocho se manifestó públicamente en 2015 por lo sucedido en Chepes, pero ‘cuando el tema se diluyó en los medios todo quedó en la nada. El deber del Secretario de Derechos Humanos es recordarle al Gobernador todos los días lo que estaba pasando, y constatar que no se vuelva a repetir. Evidentemente, no lo hizo; los abusos siguieron estando en la formación policial, y Emanuel lo pagó con su vida.
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