El 19 de septiembre, GESTO presentó toda la documentación necesaria en tiempo y forma ante la Junta Electoral. Sin embargo, días después fueron notificadas impugnaciones que se respondieron rápidamente, respetando todos los plazos establecidos. A qpesar de ello, el 26 de septiembre, la Junta resolvió excluir a 50 docentes de la lista, negándoles el derecho a participar en la contienda electoral, una decisión que GESTO considera totalmente infundada.
David Calipo, abogado de la agrupación, denunció que «la Junta Electoral oficializó todas las candidaturas de GESTO, pero luego, de manera arbitraria e irregular, contradijo su propia resolución». Calipo calificó estas acciones como un abuso de poder con claras implicancias penales, argumentando que los miembros de la Junta Electoral han incurrido en prácticas que atentan contra la democracia interna de la universidad.
Desde GESTO, se señala que no existe justificación alguna para proscribir una lista que ha cumplido rigurosamente con los requisitos estatutarios, del reglamento electoral y de la Ley de Educación Superior. En respuesta, se presentó un recurso de reconsideración, el cual fue rechazado sin fundamentos sólidos. Por ello, se decidió interponer una acción de amparo para solicitar la suspensión cautelar del proceso electoral mientras se investigan las irregularidades.
Una de las excusas utilizadas por la Junta fue la falta de paridad de género en la lista, algo que GESTO desmiente categóricamente, señalando que el 53% de los candidatos son mujeres, cumpliendo plenamente con las normativas vigentes.
Calipo subrayó la urgencia de que el Consejo Superior de la UNLaR convoque una sesión extraordinaria para tratar este asunto, y denunció el abuso de autoridad y la violación de los derechos electorales cometidos por la Junta. «GESTO UNLaR ha sido víctima de un acto deliberado de proscripción, sin base legal ni ética», concluyó.
Con este tipo de acciones, queda claro que la Junta Electoral busca evitar la participación de GESTO en la contienda, atentando contra el principio democrático que debería regir en nuestra universidad.
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