(Por Santiago Ríos) El ajuste fiscal propuesto por el presidente Javier Milei, plasmado en su presupuesto para 2025, ha levantado una intensa polémica en Argentina. Mientras su gobierno lo presenta como una medida necesaria para alcanzar el ansiado déficit cero, la realidad para los trabajadores parece ser mucho más oscura. En su discurso ante un Congreso semivacío, Milei se refirió repetidamente al déficit del Estado como el “cáncer” del país, pero evitó mencionar cómo sus políticas afectarán a los sectores que dependen de él para sobrevivir.
Uno de los grandes vacíos del plan económico de Milei es, precisamente, la falta de una política clara que proteja a los trabajadores. Mientras en su discurso se insistió en reducir el gasto público y eliminar lo que considera empleados “improductivos”, no se abordó la situación de aquellos que sostienen la economía del país: los trabajadores del sector público y privado. En lugar de buscar soluciones para mejorar sus condiciones, Milei parece haber elegido el camino del ajuste, eliminando miles de puestos de trabajo en el sector estatal y prometiendo más recortes a futuro.
Además, Milei evitó tocar temas críticos como la inflación y la devaluación. Según estimaciones del presupuesto, se espera una inflación del 18,3% para el 2025, una cifra que muchos economistas consideran irreal, dado que no se han presentado planes concretos para controlar los precios. Mientras tanto, los trabajadores ven cómo su poder adquisitivo se sigue erosionando, sin medidas para proteger sus salarios frente a la devaluación constante.
El discurso oficial del gobierno de Milei se apoya en una promesa recurrente: alcanzar el déficit fiscal cero. Este objetivo, si bien ambicioso, parece depender exclusivamente del recorte masivo del gasto público, en especial en áreas sensibles como la salud, la educación y los servicios sociales. Para los trabajadores, esto se traduce en un deterioro de sus condiciones laborales y de vida, ya que los recortes afectan directamente a los servicios públicos de los que dependen.
El énfasis en la reducción de 90 mil millones de dólares en gasto público parece ignorar las advertencias de expertos que señalan la necesidad de un plan más equilibrado, que no sacrifiquen a los sectores más vulnerables en nombre del equilibrio fiscal. Al poner en peligro a los trabajadores y jubilados, el plan de Milei muestra una desconexión preocupante entre las prioridades económicas del gobierno y las necesidades reales de la población.
Mientras el gobierno proyecta un crecimiento del 5% para el Producto Bruto Interno (PBI) en 2025, esta cifra parece poco consistente con la situación actual. A la luz de una economía debilitada y un tejido social desgastado, los trabajadores no ven en este crecimiento la solución a sus problemas inmediatos. Además, las proyecciones de inflación, devaluación y el recorte de empleos públicos plantean un escenario preocupante para aquellos que dependen del Estado para su sustento.
El ajuste fiscal de Milei, lejos de generar un crecimiento inclusivo, parece destinado a aumentar la brecha entre los sectores más ricos y los más pobres. Al desmantelar servicios esenciales y promover una visión de austeridad extrema, el libertario podría estar sentando las bases para una crisis social aún más profunda.
Las políticas económicas de Javier Milei se presentan como la solución definitiva a los problemas estructurales de Argentina. Sin embargo, al centrarse en el ajuste del gasto público sin ofrecer una solución clara para proteger a los trabajadores, su gobierno corre el riesgo de profundizar la desigualdad y la precarización laboral. La omisión de temas clave como la devaluación y la inflación en su discurso no hace más que aumentar la incertidumbre sobre el futuro del país.
Si bien el déficit cero es un objetivo importante, el costo de alcanzarlo no puede recaer exclusivamente sobre los hombros de los trabajadores. El gobierno de Milei deberá reconsiderar su enfoque si no quiere enfrentar una oleada de conflictos sociales y laborales que podrían poner en jaque su gestión.