La Justicia avanza con la investigación sobre presuntos negociados en la obra social OSPRERA, que desde fines de 2024 está intervenida por el Gobierno. El juez Sebastián Casanello y el fiscal Guillermo Marijuán dispusieron allanamientos clave a una empresa investigada por la facturación de 154 millones de pesos a la obra social de los peones rurales.
El allanamiento estaba dirigido a la empresa HTECH, propiedad de Sergio Aguirre, a quien vinculan con el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem. Cerca del dirigente libertario negaron vinculaciones con la empresa y aseguraron que ya no tiene ningún tipo de vínculo comercial con Aguirre.
Cuando los efectivos llegaron al inmueble señalado como domicilio de HTECH, les informaron que allí ya no funcionaba esa empresa. Sin embargo, en el mismo edificio opera WellMets Systems Medicine, también asociada a Aguirre.
La investigación apunta ahora a determinar si se tercerizaron servicios de manera irregular y bajo qué condiciones se emitieron las facturas encontradas, dirigidas a la obra social de los peones rurales (OSPRERA).
Este procedimiento forma parte de una serie de allanamientos recientes, entre los que se incluyeron las oficinas de la Superintendencia de Servicios de Salud, la sede de OSPRERA y otras compañías proveedoras.
Las pesquisas se concentran en tres causas principales: la intervención presuntamente ilegal de la obra social; las contrataciones hechas por la nueva gestión, incluyendo a Suizo Argentina y, más recientemente, la muerte de nueve pacientes, por la cual se investiga a las actuales autoridades por posible abandono de persona.
OSPRERA fue intervenida por el Gobierno el 29 de noviembre de 2024. Un mes después, el interventor designado, Marcelo Petroni —un funcionario vinculado a Menem, según sostienen fuentes judiciales— firmó un acuerdo de pagos con la droguería Suizo Argentina. Esta firma es propiedad de los hermanos Kovalivker también involucrados en el caso Spagnuolo, que investiga presuntas coimas en contratos de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y salpica a varios altos funcionarios del Gobierno.
La deuda, según documentos incorporados a la causa, superaba los $7000 millones. A pesar de las desmentidas oficiales, el fiscal Guillermo Marijuan mantiene la hipótesis de que la intervención de OSPRERA buscó favorecer a empresas cercanas al poder.
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