El 10 de diciembre de 2023, Javier Milei asumió la presidencia de Argentina con un programa político marcado por la reducción del tamaño del Estado y ajustes presupuestarios. En este marco, las políticas de género comenzaron a experimentar un desmantelamiento acelerado desde los primeros días de su gestión. Coincidiendo con el décimo aniversario de la primera marcha de “Ni Una Menos”, es pertinente analizar cómo las acciones del gobierno libertario han impactado las estructuras, programas y recursos destinados a la prevención y atención de violencias de género, así como a la promoción de la igualdad y los derechos humanos.
- Eliminación y reestructuración de organismos clave
Una de las primeras decisiones del gobierno de Milei fue la eliminación, por decreto, del MMGyD, creado en 2019 durante la gestión de Alberto Fernández. Este ministerio había centralizado diversas políticas y programas para combatir la desigualdad de género, promover la inclusión de diversidades y coordinar acciones contra las violencias de género. La medida se oficializó mediante un decreto que desapareció la cartera de rango ministerial y derivó sus atribuciones a una subsecretaría adscriptiva, configurando el inicio de un proceso de debilitamiento institucional.
Creación y posterior clausura de la Subsecretaría de Protección contra la Violencia de Género
Tras la supresión del MMGyD, el gobierno constituyó la “Subsecretaría de Protección contra la Violencia de Género”, inicialmente bajo la órbita del Ministerio de Capital Humano —luego renombrado, de forma provisional, Ministerio de Educación y Trabajo—, con Claudia Barcia al frente. Sin embargo, en junio de 2024, el Ministerio de Justicia, liderado por Mariano Cúneo-Labarona, decretó el cierre definitivo de esta subsecretaría argumentando que “era utilizada con fines político-partidarios para propagar e imponer una agenda ideológica”. De esta forma, Milei desarticuló de manera definitiva el organismo que funcionaba como nexo principal para la atención de víctimas y la coordinación de políticas contra la violencia de género.
Disolución del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI)
El 6 de agosto de 2024, el Poder Ejecutivo nacional oficializó la disolución del INADI, organismo creado en 1995 con mandatos claros para atender situaciones de discriminación y promover la igualdad para poblaciones vulnerables (incluyendo al colectivo LGBTIQ+). Sus funciones fueron transferidas al Ministerio de Justicia, pero sin que se garantizara presupuesto ni personal suficiente para la continuidad de sus tareas. Esta decisión dejó un vacío institucional en materia de prevención de discriminaciones múltiples y atentó contra un referente histórico de la lucha por los derechos humanos en Argentina.
- Recortes presupuestarios y su impacto en programas estratégicos
Según datos oficiales publicados en la página de la Presidencia y recogidos por la misma Wikipedia, Milei ordenó recortar en un 33 % el presupuesto destinado a combatir la desigualdad de género. Este ajuste afectó tanto a las partidas para programas de prevención y atención de violencias como a las líneas de financiamiento para proyectos vinculados a la igualdad y la diversidad.
Suspensión y desaparición del Programa Acompañar
El Programa Acompañar, lanzado en 2020 durante la administración anterior, consistía en un apoyo económico equivalente al Salario Mínimo Vital y Móvil por seis meses para mujeres y personas LGBTI+ en situación de violencia de género. Entre enero y marzo de 2024, 2.462 mujeres solicitaron ingresar al programa, pero solo 434 pudieron acceder al mismo, lo que constituye una caída del 98 % en relación con el mismo período de 2023 (34.000 beneficiarias). En agosto de 2024, Milei modificó el programa para recortar la asistencia a tres meses, y en el proyecto de presupuesto para 2025 se eliminó completamente la partida presupuestaria, dejando sin financiamiento oficial a las personas que requerían resguardo y apoyo económico.
Recorte de la Línea 144 y vaciamiento de la atención telefónica
La Línea 144, servicio de atención gratuita y confidencial para víctimas de violencia de género, sufrió una caída de ejecución presupuestaria del 66 % en términos reales en 2024 respecto a 2023. Este retroceso se tradujo en la reducción de turnos de operadoras, demora en derivaciones y la pérdida de cobertura en provincias y municipios, incrementando la brecha de acceso a contención y asesoramiento.
Plan Nacional de Prevención del Embarazo No Intencional en la Adolescencia (ENIA)
El Plan ENIA, orientado a la prevención de embarazos adolescentes a través de recursos educativos, talleres y entrega de insumos, vio una caída del 27 % en el presupuesto destinado en el proyecto para 2025 con respecto a lo aprobado en 2024, y del 78 % en comparación con la ejecución real de 2023. Estos recortes ponen en riesgo el acceso a programas de educación sexual integral y a la provisión de métodos anticonceptivos en zonas vulnerables, impactando directamente en la salud sexual y reproductiva de adolescentes.
Eliminación de partidas para Educación Sexual Integral (ESI)
En el proyecto de Ley de Presupuesto 2025, no se contemplaron partidas específicas para la ESI, lo que implica la ausencia de recursos para fortalecer trayectos formativos en escuelas, materiales pedagógicos y capacitaciones docentes sobre perspectiva de género y derechos sexuales. Esta omisión agrava la situación en un contexto donde la educación sexual es considerada fundamental para prevenir violencias y promover el ejercicio responsable de la sexualidad.
- Desmantelamiento del capital humano y efectos institucionales
A fines de diciembre de 2023, el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad contaba con 1.282 empleados. Para junio de 2024, ese número se había reducido en un 50 % debido a despidos y jubilaciones anticipadas. Luego, el 80 % del personal restante fue desvinculado tras la disolución de la Subsecretaría de Protección contra la Violencia de Género, dejando un mínimo equipo de trabajo sin capacidad para atender demandas territoriales ni articular con organizaciones sociales.
Despidos a trabajadoras y trabajadores de diversidades
En el mismo período, se documentó el despido de al menos 85 personas travestis y trans que se desempeñaban en distintas áreas estatales —por fuera del ámbito puramente administrativo— violando el decreto 84/2023 que los eximía de despidos masivos. Este ataque al empleo público reforzó la precariedad laboral del colectivo y mostró un claro sesgo discriminatorio en las políticas de ajuste del gobierno.
Reubicación de competencias en el Ministerio de Justicia
Al transferir al INADI y a la Subsecretaría de Violencia de Género al Ministerio de Justicia, se disolvieron equipos interdisciplinarios (psicólogos, trabajadores sociales, abogados) y se desarticularon protocolos de derivación inmediata de casos de alto riesgo. Esta reubicación implicó que la mayoría de los recursos quedaran en “cuentas generales” sin asignación específica ni equipos formados, afectando la atención inmediata de urgencias y el seguimiento de las víctimas.
- Retrasos y retrocesos en proyectos de ley y capacitations
La Ley Micaela, sancionada en 2018, obliga a funcionarias y funcionarios públicos a recibir capacitación en perspectiva de género. Sin embargo, al eliminar los fondos destinados a su implementación durante 2024, el gobierno de Milei dejó de actualizar y financiar los cursos para nuevas generaciones de funcionarios. Esto provocó la paralización de instancias de formación y la pérdida de especialización en ministerios y organismos clave, generando preocupación sobre el desconocimiento institucional de protocolos de actuación ante violencias.
Ausencia de nuevos proyectos en el Congreso
Desde diciembre de 2023 hasta junio de 2025, no se presentaron iniciativas nacionales que fortalezcan los derechos de las mujeres o diversidades, ni líneas de acción para atacar las causas estructurales de las violencias de género. Además, se frenaron debates en comisiones legislativas vinculadas a género, diversidades e infancia, consolidando la falta de espacio político para la ampliación de derechos durante la gestión de Milei.
- Indicadores de violencia y retroceso en compromisos internacionales
Si bien los datos oficiales para 2025 aún no están completamente consolidados, la Defensoría del Pueblo reportó que, al primer trimestre de 2025, los femicidios registrados superaban los números de 2024 en un 8 %. A su vez, la demora en la tramitación de órdenes de restricción durante 2024/2025 y la falta de financiamiento para refugios dejaron a las víctimas sin protección efectiva, aumentando la vulnerabilidad.
Desmontaje de compromisos asumidos ante la ONU y la OEA
Organizaciones como la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) y ELA denunciaron que las medidas de Milei incumplen la Convención de Belém do Pará (1994) y la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW). En 2024, la CIDH instó a Argentina a restituir recursos específicos y permanentes para políticas de protección integral, pero el gobierno no revirtió el vaciamiento en 2025.
Reacción de organismos internacionales y ONGs
En junio de 2024, la CIDH emitió un comunicado advirtiendo sobre el retroceso en derechos humanos vinculado al cierre de organismos de género y memorias históricas. Human Rights Watch y Amnistía Internacional reclamaron públicamente que las acciones de Milei desfinancian y cercenan garantías mínimas para la prevención de violencias y la protección de poblaciones vulnerables. La ausencia de un organismo rector nacional en materia de género fue señalada como “un retroceso inédito” en el hemisferio sur.
- Presupuesto 2025: la motosierra sobre género y diversidad
El proyecto presupuestario para 2025 eliminó por completo las partidas para:
Programa Acompañar (sin asignación de fondos).
Línea 144 (sin partida específica).
Educación Sexual Integral (sin erogación asignada).
Plan ENIA (caída de 27 % frente a 2024, 78 % contra 2023).
Fortalecimiento edilicio de jardines infantiles (cae 30 % respecto a 2024, 69 % respecto a 2023).
Infraestructura social y del cuidado (inversión cae un 48 % en relación con 2024, 83 % en comparación con 2023).
Consecuencias para programas de atención y prevención
Estas determinaciones dejaron en jaque las redes de asistencia para víctimas (refugios, subsidios para alquiler, programas de acompañamiento psicológico) y los dispositivos de promoción de derechos (educación sexual en escuelas, talleres de prevención en municipios). En particular, comunidades rurales y barrios populares perdieron el acceso a campañas de difusión, asesoramiento jurídico gratuito y líneas de ayuda, incrementando la brecha de atención entre áreas urbanas y semirurales.
A diez años de la primera marcha de “Ni Una Menos” (10 de mayo de 2015), los logros en materia de visibilización de violencias de género, sanciones a femicidas y creación de dispositivos de atención están siendo erosionados por las decisiones del actual gobierno. Mientras en 2015 se logró instalar la demanda de “Ni una menos” en la agenda pública y modificar leyes para tipificar el femicidio, desde diciembre de 2023 a la fecha se observa:
- Disminución sustantiva en la prevención: con la caída del 90 % en la ejecución de presupuestos de programas clave (Acompañar, Línea 144).
- Desarticulación de redes de atención: por cierres de organismos y despidos de personal calificado, debilitando las respuestas de emergencia ante situaciones de riesgo.
- Retroceso cultural e institucional: al prohibir el lenguaje inclusivo en documentos oficiales y eliminar fondos para capacitación (Ley Micaela).
Estos movimientos demuestran que, aunque el crecimiento de la movilización social y la persistencia de organizaciones feministas y de derechos humanos preservan la agenda de género en el debate público, el Estado nacional dio un vuelco hacia el abandono de políticas integrales.
La Rioja sostiene sus políticas de género frente al vaciamiento nacional
A diez años del primer grito colectivo de «Ni Una Menos», la Provincia reafirma su compromiso con la prevención, asistencia y erradicación de las violencias por motivos de género, mientras el gobierno de Javier Milei avanza con recortes que dejan a millones de mujeres y diversidades sin respaldo estatal.
Mientras el Gobierno nacional desmantela áreas clave para la protección de derechos y la promoción de la igualdad, La Rioja refuerza sus políticas públicas en materia de género y diversidad. A través de un informe presentado con motivo del décimo aniversario del movimiento Ni Una Menos, el Estado provincial da cuenta de un panorama preocupante pero también de una política activa: la violencia por razones de género no cesa, pero se enfrenta con decisiones concretas.
Según el informe, desde 2015 se registraron en Argentina al menos 2827 femicidios, de los cuales 13 ocurrieron en La Rioja desde 2018. Esas familias accedieron a la reparación económica de la Ley Brisa. Además, se evidencia un incremento sostenido en los casos abordados: solo en 2024 se contabilizaron 1509 intervenciones integrales, y en los primeros cinco meses de 2025 ya se registraron 840 situaciones, más del doble que en el mismo período del año anterior.
En ese marco, la secretaria de la Mujer y Diversidad, Karen Navarro expresó que hay “un gobierno provincial que sigue garantizando instituciones para que se puedan institucionalizar, o que se pueda responder a situaciones de violencia de género, como el Juzgado de Género, o las oficinas de sumarios de violencia de género en comisarías, ya que se siguen incrementando las denuncias; y las violencias son más complejas, porque estamos llegando al doble de casos de estos cinco meses del 2024”.
Políticas sostenidas
Al respecto, se puede afirmar que La Rioja se posiciona con políticas sostenidas en todos los frentes. Algunas de las acciones destacadas son:
- Aplicación de la Ley Micaela, con más de 9500 personas capacitadas en perspectiva de género.
- Dispositivos de atención integral con equipos interdisciplinarios y protección para personas en riesgo extremo.
- Entrega de recursos a promotores de derechos, articulación con 50 organizaciones sociales y formación en oficios para potenciar la autonomía económica de mujeres y diversidades.
- Trabajo conjunto con Educación y Salud en ESI y atención en salud mental.
- Sostenimiento del programa Menstruar en Igualdad, con entrega de productos de gestión menstrual en zonas periféricas.
Espacios de atención y escucha específicos para el colectivo LGBTIQ+. - Red Municipalista, fortalecimiento institucional y acompañamiento a familiares de víctimas de femicidio.
Preocupante incremento
El informe también destaca que la violencia sexual muestra un preocupante crecimiento, pasando de un 4% de los casos en 2024 a un 18% en lo que va de 2025, lo que pone de relieve la necesidad urgente de sostener y ampliar las herramientas de detección, contención y sanción.
Frente a este escenario, desde la Provincia se apunta directamente contra el gobierno nacional: “La proliferación de discursos de odio se expresa no solo en el negacionismo de las violencias, sino también en el vaciamiento de instituciones específicas y en la eliminación de políticas públicas concretas”, señala el documento. Entre los programas desmantelados por Nación se mencionan Menstruar, las redes de promotores territoriales, programas de acceso a derechos para personas trans y la perspectiva de género en el desarrollo rural, entre otros. Todas estas iniciativas, según se remarca, tenían una inversión total menor a 32 millones de dólares, pero llegaban a un millón de personas en todo el país.
“La violencia no es un hecho aislado ni inevitable: es expresión de desigualdades estructurales”, concluye el informe riojano. En un presente marcado por el ajuste, La Rioja reafirma su decisión política: “No negamos la existencia de las violencias. Apostamos a la continuidad en prevención, asistencia y promoción”.
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