La denuncia es interpuesta por el Fiscal de Estado, Gastón Mercado Luna, junto al representante del Estado, en la Asamblea de Accionistas en AgroAndina SAPEM, Alberto Paredes Urquiza.
En la presentación, se denuncia por supuesto delito de: otorgamiento de actos irregulares o indebidos (Art. 301 C.P.), Balance Falso (Art. 300 Inc. 3 C.P), Fraude en perjuicio de la Administración Pública (Art. 174 Inc. 5), Administración Fraudulenta (Art. 173 del C.P), Falsedad Documental (Arts. 292 y 296 del C.P).
De acuerdo con la presentación, la denuncia recae por la probable comisión de los delitos de Defraudación (Arts. 172 y 173 y concordantes del C.P.), y que habrían sido presuntamente cometidos por el ex presidente de AgroAndina, y contra toda persona que resulte penalmente responsable.
IRREGULARIDADES DETECTADAS
De acuerdo con un informe sobre las irregularidades detectadas por auditores y representantes de la Unidad de Control Interno (U.C.I), el titular de AgroAndina, no habría cumplimentado con las exigencias de la ley, en llevar las actas de directorio en libro especial, existiendo innumerables decisiones tomadas, que no se encuentran explicitadas en acta.
Según expresa el informe, ninguna decisión del directorio fue sometida a aprobación de la Asamblea, tal como exige la ley, no existiendo balances y existirían registros falsos de algunos movimientos dinerarios, señalando que la existencia de una diferencia de $ 4.195.253,85 sin justificar.
A ello, se sumaría una irregular y prohibida operación desde aproximadamente agosto de 2010, hasta marzo de 2012, con una mutual denominada ‘Famatina Agro’ (FAGRO). por la que ésta le presta servicios financieros, a cambio del depósito de más de $ 1.000.000,oo (un millón) por más de 16 meses, y por la que se le acreditó un interés del 14 por ciento anual.
En la mencionada operación, no figura autorizada por el directorio, siendo registrada en el rubro ‘Operadores’ (como un anticipo), es decir como compra de bienes y servicios, cuando debería haberse registrado al rubro ‘Disponibilidades o Inversiones’.
Destacaron que los intereses eran retirados mensualmente por José Luis Bellia y la directora suplente María Clarisa Artola, y expresa que no impactaban mensualmente en los saldos contables de las cuentas del rubro ‘Disponibilidades’.
Enumeran además, que durante el tiempo en que se mantenían inmovilizados los mencionados fondos, se mantenía una cuenta en rojo en el Banco Nación, se vendían cheques a esa entidad para conseguir financiamiento, y se pagaron intereses a la AFIP al solicitar planes de facilidades de pago.
La denuncia advierte que, según consta en los libros, el informe de la UCI señala que AgroAndina, compró con dinero propio ($ 190.000,oo) un camión a un señor de apellido Reynoso, quien lo iría devolviendo a la empresa con servicios de flete, que efectuase a futuro.
En cuanto a compras, se señala que la empresa compró botellas para tomate a la Cooperativa La Riojana por $ 632.500,oo siendo que la misma no produce ni comercializa en ese tipo de envase.
También se habría pagado deudas fiscales a la administración anterior por un monto de $ 319.143.978,
Además, se habrían entregado insumos por $ 406.604 a Fincas Santiago, y de acuerdo a los registros contables nunca los habría cobrado ni en productos, ni servicios o en dinero.
A ello, se sumaría la entrega, a un señor Toledo, la suma de $ 220.000 sin detallar intereses ni plazo, salvo un convenio de reintegrarlo a través de compensaciones con locaciones de servicios futuros (fletes) y por último existirían retiros de fondos a título personal que se encuentran imputados en otras cuentas contables.
Cabe recordar que AgroAndina S.A. fue creada en octubre de 1983 y en julio de 2009 el Estado provincial adquirió la totalidad de las acciones, recayendo la presidencia en el ingeniero José Luis Bellía, por lo que para ese entonces la empresa poseía un capital de 15.000,oo (quince mil pesos).
Con fecha 16 de febrero de 2012, y dada la condición de socio mayoritario del Estado, se adecuó a las exigencias de la ley de Sociedades Comerciales (Nº 19.550), sometiéndose al régimen legal de Sociedad Anónima con Participación Estatal Mayoritaria (SAPEM) y el Estado aportó 81.627.809,oo en acciones, capitalizando a la misma.
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