El viernes 7 de marzo, la Universidad Nacional de La Rioja llevó a cabo la segunda charla-debate referida a la “Reforma del Estatuto Universitario”, con el objetivo de conocer el punto de vista y proceso de democratización instaurado en otras instituciones de educación superior del país, en cuanto a la reforma de su estatuto.
La actividad se desarrolló en las instalaciones del anfiteatro “17 de Octubre”, desde las 20 horas, y contó con la exposición del asesor legal de la Universidad Nacional de Río Cuarto (Córdoba), Ab. Marcos Leonardo Ocampo.
En tanto, participaron de la charla las máximas autoridades de la Universidad Nacional de La Rioja, Lic. Fabián Calderón e Ing. José Gaspanello, funcionarios universitarios e integrantes de los cuatro estamentos.
En primera instancia, Ocampo destacó el debate que lleva adelante la UNLaR en cuanto a reivindicación de los derechos políticos de toda la comunidad universitaria y el interés de oxigenar su gobierno mediante un proyecto democrático de reforma estatutaria.
La Reforma en Río IV
Ocampo brindó una reseña del contexto en que se gestó el proceso de cambio en la Universidad Nacional de Río IV y al respecto manifestó que existen marcadas diferencias entre la situación planteada en la institución cordobesa, con el que vivió y atraviesa la Casa de Altos Estudios riojana. “Nuestra crisis no se dio por problemas de obstrucción de los derechos políticos ni por precarización del claustro docente, sino a raíz de la mercantilización del conocimiento y por un hecho simbólico como fue la explosión de una planta piloto de bio-combustible”. Remarcando, al mismo tiempo, que una de las diferencias con la UNLaR es que ellos contaban con mecanismos institucionales para dar respuestas en términos electorales, lo cual posibilitó que la crisis universitaria se traduzca en una nueva opción política para poder conducirla. “En el caso de ustedes, esta situación no fue posible y por eso terminó en un estallido de forma jurídica institucionalizada”.
Aunque también sostuvo que hay coincidencia en un tema central como es la democratización del sistema universitario. “Todas las universidades del país están viendo con interés el proceso que se está dando en La Rioja, que expresa un interés y discusión colectiva muy amplia, al que situaría dentro de la crisis institucional y académica que vive nuestro sistema universitario”, recalcó el letrado.
En cuanto a la reforma implementada en la Universidad de Río IV, indicó que los avances logrados se dieron principalmente en virtud a una capacidad de organización o sindicalización del estamento docente y de los estudiantes. Añadiendo que el proceso de democratización no debe centrarse sólo en una reforma, sino que debe ser una actividad permanente donde exista una discusión o participación crítica de todos los actores de la universidad.
“La reforma política es una de las líneas que abarca la democratización y sería un grave error pensar que sólo con eso se puede producir un verdadero cambio. Hay otros elementos que, en paralelo, son la garantía para la continuidad democrática de cualquier proceso”, expresó Ocampo.
En este sentido, detalló que si se pone énfasis únicamente en el voto directo, pero no se resuelven temas como la carrera docente, siempre se estará en un dilema al que no se encontrará solución. “Habrá voto directo, pero los que votan van a depender de que la autoridad les renueve o no la continuidad en sus cargos. Con lo cual se volvería a obturar el sistema de democratización”, citó como ejemplo el profesional.
Cumplimiento del Acta
Luego reconoció que el proceso de transición que vive la UNLaR es saludable –“el proceso está teniendo referencia con el acta firmada”- y que es importante tener en cuenta que la discusión también debe apuntar a temas claves como la libertad sindical o la precarización de los trabajadores universitarios, entre otros.
“El nivel de debate que existe en esta universidad es alto, festejo que así sea, y entiendo que lo realizado hasta ahora es muy valioso. Sin embargo, lo que vendrá dependerá de la propia capacidad de organización y la altura de discusión que tengan para llevar adelante todos sus proyectos”, destacó el expositor.
Sistema de voto ponderado o no ponderado
En relación a este punto, afirmó que la comunidad universitaria debe ponerse de acuerdo y no llegar a un estado de reflujo o crisis institucional. “No tengo la verdad absoluta, pero considero que debe transparentarse el escenario y no sacralizar el debate en el voto ponderado o no ponderado. Creo que la discusión tiene que darse en distintos planos”, dijo.
Asimismo, señaló que este tema representa un escenario de conflictividad que debe asumirse o no al momento de tomar una decisión. “El sistema de ponderación o no de los votos tiene diferentes matices y argumentos en ambos casos. Tampoco se puede traspolar o pensar que un sistema sirve y el otro no. Pero cualquiera de la posición que se tome al respecto va a generar un frente de conflicto y hará ruido en el propio proceso institucional”.
También recordó que si no hay capacidad para explicitar los argumentos, confianza y buena fe en relación a la decisión de avanzar en el proceso de democratización, se corre el riesgo de obstruir el escenario de transición. “El peor escenario es la crisis institucional, falta de gobernabilidad, atomización del proceso y contra reforma”, agregó Ocampo.
El rol de los organismos nacionales
Expresó que la posibilidad de avanzar sobre la enmienda del estatuto está dada por los propios límites del gobierno de transición y no por el estatuto diseñado por el anterior rector. “Quizás en un proceso de estabilización y con legitimación de las autoridades, seguramente se pueda avanzar hacia una reforma mucho más integral y que no tendría el obstáculo del sistema de enmienda”.
Además, indicó que un estado de indecisión dentro del escenario institucional actual de la UNLaR podría generar en el peor de los casos una intervención o la decisión de normalización por parte de las autoridades nacionales. “Deberían lograr consenso y llegar a alguna posición en términos de fortaleza política, para evitar una polarización interna o crisis institucional y poder sostener un posible escenario de conflictividad con los organismos nacionales”.
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