“Ante las intimaciones que tenían los funcionarios de rangos inferiores en el movimiento de dinero en efectivo a través de la caja por ONG entregada a sus presidentes, intimaba al Banco Rioja a cortar con este tipo de operaciones”, recordó.
“La institución, ante los informes que debía enviar a la oficina anticorrupción en ese momento, elevó el informe al Banco Central indicando cuales eran las ONG y el monto del efectivo que retiraban”, indicó D’Alessandro.
Asimismo, el interventor del PRO explicó: “Cuando el Banco Rioja intenta eliminar esta operatoria, inmediatamente el Gobernador Beder Herrera ordena la expropiación del Banco Rioja, y su directorio decide hacer público todo esto. Publican solicitadas, no solamente el diario local sino en los diarios nacionales de mayor tirada”.
Respecto de la denuncia presentada oportunamente, D’Alessandro detalló: “Nosotros nos hicimos eco y recabamos información. Yo tuve una reunión con el directorio del banco antes de la expropiación y luego promovimos un pedido de investigación ante el fiscal Hugo Montivero. Fuimos muchos los ciudadanos que lo pedimos, Inés Brizuela Y Doria, Marta de León, Marcela Crabbe”.
“Hicimos un pedido formal poniendo las pruebas que nos habían entregado desde el directorio del Banco Rioja a disposición y publicaciones de los medios de comunicación” contó D’Alessandro, y agregó: “Se le presentó al fiscal Montivero un petitorio inmediato donde nos dé por presentados y requeríamos que se tramiten inmediatamente todas las investigaciones, con pedido de informes directos al Banco Central y al presidente del Banco Rioja, que prácticamente no tuvo eco en la fiscalía”.
El interventor del PRO manifestó: “A partir de este nuevo Gobierno nacional hicimos llegar esta misma información la hicimos llegar a la oficina anticorrupción en la persona de la diputada Inés Brizuela Y Doria. Esperamos que ellos a través de las herramientas que tiene lleguen a dilucidar el tema”.
D’Alessandro aseveró: “Es un tema muy importante cuyos movimientos de dinero no solamente coinciden con fondos que provenían de De Vido y de José López, relacionado con mejoramientos habitacionales, que era por donde se desviaban fondos en ese momento, sino que también coinciden con la ejecución a través del Ministerio de Infraestructura hacia las ONG”.
“Un claro ejemplo de lo difícil que se hace controlar este sistema de obras que se llaman mejoramientos barriales son las de la Fundación Nuevo Atardecer, a la que Crovara le entrega una obra de aproximadamente más de 600 mejoramientos barriales, de los cuales ni siquiera hay indicación expresa en el convenio que firman y luego si hace indicaciones de esas obras repartidas en distintos barrios de la provincia”, denunció D’Alessandro.
Por otra parte, el interventor del PRO afirmó: “Se hace difícil poder controlar eso. Le otorgaron a esa fundación una obra por 83 millones de pesos sin indicarle el sistema de contratación y le otorgaban un adelanto financiero del 12 por ciento sin haber empezado a ejecutar la obra. Lo que la oficina de Crovara indicaba era quien debía ser el representante técnico de la obra”.
“Todo esto es materia de investigación” informó D’Alessandro, y resaltó: “En este caso hablamos de un convenio en particular, pero hay varios para atrás que ya se venían ejecutando de esta forma. La modalidad de estas ONG era retirar el dinero en efectivo del Banco Rioja, que le depositaba la Administración de Vivienda”.
En cuanto al reclamo del Gobierno provincial respecto de la paralización de la obra pública, D’Alessandro sostuvo: “Hay muchísimas obras paralizadas. Empresas locales nos hicieron responsables a Cambiemos La Rioja de la paralización de estas obras. Cuando se destapó el escándalo de José López ya no se los escuchó hablar más”.
“Hemos pedido al Gobierno nacional que se auditen las obras de las ONG. Hay otras obras en las que trabajan empresas riojanas que están en orden y continúan, inclusive licitaciones”, indicó D’Alessandro, y concluyó: “Ya que en la Justicia local no tenemos la celeridad ni los resultados que esperábamos, tenemos la esperanza que a través de la oficina anticorrupción sepamos a donde iban a parar los fondos públicos que llegaban a nuestra provincia con un destino específico”.
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