Se trata de dos causas que se tramitan en el Juzgado a cargo de Daniel Herrera Piedrabuena, quién recibió el pedido del fiscal Salman para tomar declaración indagatoria a los señalados en el expediente.
Una de las causas investigadas es una denuncia de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC) contra 22 fundaciones y sus integrantes, por la presunta comisión del delito de fraude en perjuicio de la administración pública y lavado de activos de origen ilícito, mientras que la segunda se inició tras una denuncia realizada por la secretaria de Ética, Transparencia y lucha contra la Corrupción (OA), Laura Alonso, por presuntos desvíos de fondos públicos del plan Federal de Vivienda respecto de una fundación más, sus integrantes y diversos funcionarios públicos.
El escrito de la funcionaria nacional precisa que las denuncias originales fueron hechas por la suma de 50 millones de pesos, no obstante luego de la pesquisa realizada, se investigan sumas superiores de fondos destinados a la realización de obras, que eran cobrados en efectivo por ventanilla del Nuevo Banco de La Rioja, entidad con la que operan todas las fundaciones denunciadas y también el Gobierno de la Provincia.
A través de la Policía Federal, el Juzgado ya notificó las citaciones y los primeros convocados tendrán que presentarse el martes ante Piedrabuena para brindar su declaración.
Se estima que para esta primera etapa el juez dedicará los martes, miércoles y jueves a escuchar a los acusados que tienen posibilidad de defenderse de la denuncia y posteriormente será Salman que determinará, con las pruebas aportadas, si procesa o dicta la falta de mérito a los mismos.
En declaraciones públicas, Salman, detalló que “se continúa con una investigación preliminar de la Fiscalía Federal a su cargo, con relación a otras fundaciones mencionadas en publicaciones periodísticas, como también se avanza sobre la participación en estos hechos, de autoridades de otras dependencias, así como la de los funcionarios públicos y políticos denunciados”.
Los delitos que se investigan están contemplados en los artículos 174 inciso 5 (Fraude en perjuicio de la Administración Pública) y los Artículos 302 y 304 del Código Penal (Lavado de Activos de Origen Ilícito).
El 19 de agosto del año pasado las denuncias ya fueron presentadas ante la Justicia provincial por dirigentes de la oposición, a raíz de declaraciones públicas efectuadas por el banco de Santiago del Estero que opera el grupo Ick ante el banco Central de la República Argentina.
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