“Desde que desapareció, ni la Justicia Provincial en su momento, ni la Federal cuando la causa pasó a esa orbita, y tampoco la Policía local, pudieron aportar datos que den respuestas sobre su paradero”, así empiezan los fundamentos del proyecto de Resolución presentado esta semana por los diputados nacionales en la Cámara baja.
La iniciativa va dirigida al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación que preside Julio Alak, y pretende información sobre varios aspectos de la investigación por la desaparición de la joven, que fue vista por última vez el 26 de abril de 2005 y sería víctima de una red de trata de personas.
El pedido se basa en la denuncia que realizó en el 2006 María Mercedes Yacante, tía de Mercado, ante el Programa Nacional de Lucha contra la Impunidad (PNAI), que depende de ese Ministerio.
EL requerimiento incluye conocer si se brindó asesoramiento jurídico y administrativo a los familiares de la joven, y si investigaron las respuestas del sistema estatal ante la demanda de justicia. También indaga sobre si detectaron obstáculos en la labor judicial, y en ese caso cuáles fueron.
Finalmente solicitan conocer cuál es el estado de la causa, que fue federalizada hace dos años, por tratarse del supuesto delito de trata de personas.
«PELI» INVISIVILIZADA
Este pedido presentado por Julio Martínez e Inés Brizuela y Doria no es el primero que se eleva a la Cámara de Diputados, para aportar a la investigación por la ausencia de Ramona Mercado. Varios realizados por Martínez y dirigidos al Poder Ejecutivo anteriormente, solicitaron en distintas oportunidades la colaboración del Gobierno nacional.
“A dos años de federalizada la causa y sin resultados, advertimos que existe una evidente falta de compromiso de las instituciones del gobierno riojano. Acá hay una indiferencia cómplice del poder político, desde el gobernador Beder Herrera para abajo, si consideramos que somos la única provincia que tiene una ley que legaliza la explotación de la prostitución (8.166)”, denunció enérgica la diputada.
Martínez, por su parte, aclaró que si bien la presentación que hizo la familia ante el PNAI en el 2006 no constituye una denuncia, este es un organismo estatal creado para evitar que existan casos de impunidad.
AVANCES DE LA CAUSA Y MARCHA
Para ayudar a la familiar de Peli, en la noche de este jueves los diputados nacionales junto al abuelo de la joven, Juan Yacantes, se reunieron con el fiscal Federal de La Rioja, Darío Illanes a fin de conocer el estado de la causa. Testimonios de una persona que asegura haberla visto en un prostíbulo de Córdoba, es la pista más firmes de que la joven habría sido secuestrada por una red de trata de mujeres.
Brizuela y Doria recordó que en noviembre de 2012 se entrevistó con el fiscal Marcelo Colombo, titular de la Unidad Fiscal de Asistencia en Secuestros Extorsivos y Trata de Personas, para plantear especialmente el caso. Entonces Colombo advirtió que aún había muchas diligencias que deben llevarse adelante.
Los legisladores anunciaron que realizarán todas las acciones que sean necesarias para ayudar a la familia, “que realiza una búsqueda casi en soledad y sin recursos”. “A ocho años no cuentan si quiera con un abogado para ser querellante en la causa que se tramita en la Justicia Federal”, advirtieron.
“Es digno de admiración el coraje y la lucha de quienes, con fe inquebrantable están dispuestos a seguir hasta las últimas consecuencias porque no pierden las esperanzas de encontrarla viva. Pero esto no alcanza si no existe un compromiso y apoyo institucional”, aseguraron.
Este viernes a las 19 horas en Patquía, Julio Martínez e Inés Brizuela y Doria marcharán junto a los familiares y amigos en el octavo aniversario de su desaparición.
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