La campaña de hostigamiento contra la prensa independiente no cesa en la Venezuela del presidente Nicolás Maduro. Su último capítulo se vivió ayer, cuando funcionarios de la Dirección de Inteligencia Militar (DIM) detuvieron en el centro de Caracas al editor del semanario local Sexto Poder, Leocenis García, un fuerte y reconocido crítico del gobierno chavista.
Poco después, funcionarios judiciales informaron que García será procesado por atesorar en sus cuentas bancarias supuestos altos montos de dinero en moneda nacional y extranjera, sin justificar. La orden de arresto provino de un tribunal local, indicó la Fiscalía General en un comunicado difundido ayer.
La detención de García, quien además está al frente de un conglomerado con otros cuatro medios venezolanos, se produce cinco días después de que la Fiscal General, Luisa Estela Ortega, ordenara congelar las cuentas bancarias personales de Miguel Henrique Otero, el editor del diario El Nacional, un histórico periódico y líder de la prensa local. Es por una demanda civil que interpuso el ex alcalde Alfredo Peña por una supuesta deuda. Al final, Peña se fugó a Montevideo hace doce años.
“Pensé que nos iban a secuestrar cuando se pararon en frente de nuestro automóvil las cuatro motos de la DIM sin ninguna orden de aprehensión”, dijo María Lucía García al comentar el arresto de su hermano.
Por su parte, en diálogo con Clarín, Otero puso el foco en los intentos del chavismo por acallar a la prensa independiente, especialmente ahora cuando arrecian los problemas económicos del gobierno con un enorme desabastecimiento de productos esenciales. “Ya han pasado varios días y no he recibido ni citación ni una notificación del Estado por escrito”, comentó Otero, quien rechaza la existencia de una deuda. Otero sostuvo, en cambio, que había sido notificado por el banco, el cual le informó que sus cuentas personales habían sido congeladas. Las autoridades no emitieron de momento comentarios del caso.
“Hay una demanda civil que tomó la Fiscalía para actuar políticamente”, explicó el editor. El abogado del editor, Juan Garantón, dijo por su parte que la deuda que señala la Fiscalía “no existe” y “no está corroborada por nadie, ni siquiera por el propio Peña porque Peña está ido del país hace muchos años” (Ver Maniobra…).
Por su lado, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) había repudiado el martes el acoso oficial a los dos editores. Y, en un comunicado, sostuvo que esas acciones lanzadas por el Palacio de Miraflores “podrían formar parte de una campaña de hostigamiento contra la prensa independiente”.
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