Además, de acuerdo con un decreto publicado este martes en el Boletín Oficial, el gobierno resolvió que el funcionario no intervendrá en cuestiones “particularmente relacionadas” Shell Compañía de Petróleo Sociedad Anónima y sus empresas vinculadas, tareas en las que lo relevará su par de Producción, Francisco Cabrera.
De esta forma, el titular de la cartera de Energía se acogió a lo recomendado por la Oficina Anticorrupción, que le había sugerido abstenerse de participar de decisiones que involucraran a la compañía y desprenderse de sus acciones o bien constituir un fideicomiso ciego de administración y disposición.
La decisión del funcionario fue revelada este martes por el propio presidente Mauricio Macri, quien dijo “valorar el gesto” de Aranguren porque “a veces las formas también cuentan y son importantes” y destacó el compromiso de la gestión de Cambiemos con “la transparencia y la ética”.
Así lo aseguró en declaraciones formuladas a la prensa en el marco del Foro de Negocios e Inversiones que se desarrolla en Buenos Aires, como así también en una entrevista que concedió a la señal televisiva de la agencia internacional Bloomberg.
Poco después, fue el Ministerio de Energía y Minería el que, a través de un comunicado de prensa, informó que Aranguren “ha concretado la venta de la totalidad de las acciones de la empresa Royal Dutch Shell Plc. de las que era titular”, no obstante “la ausencia de una incompatibilidad legal con el ejercicio del cargo y de una obligación legal de transferir dichas acciones”.
La decisión del funcionario fue revelada por el propio presidente Mauricio Macri, quien dijo “valorar el gesto” de Aranguren porque “a veces las formas también cuentan y son importantes”
Con esta decisión, el ministro de Energía tomó la recomendación que le formulara la Oficina Anticorrupción, que, tras nueve meses de análisis, emitió un dictamen en el que le aconsejó desprenderse de esas acciones, consistentes en 16,3 millones de pesos en títulos de la compañía, en cuya filial local el ahora ministro de Energía se desempeñó como CEO durante 12 años.
Los 11 «CEO-funcionarios» macristas investigados por la Oficina Anticorrupción
Bajo la dirección de Laura Alonso, la OA, tiene en la mira a los actuales funcionarios nacionales que tienen o tuvieron participación en compañías privadas. Con el fin de garantizar transparencia en la gestión, se investigan sus vínculos profesionales y comerciales.
La «recomendación» para que el Ministro Juan José Aranguren venda su participación societaria en Shell, por parte de la Oficina Anticorrupción (OA) resuena con fuerza en los pasillos de la cartera de Energía y Minería por estas horas. Sucede que un «aparente conflicto de interéses» puede generar un conflicto de integridad del funcionario con su rol.
El organismo que encabeza Laura Alonso, ex diputada y también dirigente macrista, emitió la recomendación en un dictamen en el que analizó la situación de Aranguren «en virtud de su previo rol como CEO de Shell y su carácter de accionista de Royal Dutch Shelll en el marco de las normas sobre conflictos de intereses».
Además, sostuvo que el funcionario «deberá abstenerse de tomar intervención en cuestiones relacionadas con ese grupo empresario».
Laura Alonso con la mira puesta en los empresarios devenidos en funcionarios.
Aranguren estuvo unos 37 años en la petrolera, pero fue en 2003 que quedó al frente de la filial local de la empresa angloholandesa. Durante la década pasada se caracterizó por su estilo confrontativo con el gobierno kichnerista y una fuerte disputa en torno al precio del combustible.
A Aranguren le recomiendan deshacerse de su participación societaria en Shell.
Aranguren no está solo. Otros empresarios, ahora funcionarios de la administración de Cambiemos tienen sobre sus espaldas la lupa de la Oficina Anticorrupción. En general, por incompatibilidades y conflictos de intereses, o tenencias accionarias sospechosas.
BAJO LA LUPA
Mario Quintana
Es el actual secretario de Coordinación Interministerial de la Jefatura de Gabinete. Hasta antes de su su asunción estuvo al frente del Grupo Pegasus, controlante de Farmacity, Freddo y Tortugas Open Mall, entre otras compañías.
Mario Quintana dejó el directorio de Farmacity para asumir la función pública.
Por sus vínculos previos o actuales, Quintana también está en la mira de la OA. Para integrar su equipo se llevó a Natalia Zang, ex directora de Finanzas de Farmacity, quien también fue vicepresidenta de Pegasus, CEO de Jazmín Chebar, CEO de Grupo Monarca y directora de la minera Austral Gold. Al igual que Quintana se la investiga por sus vínculos profesionales y comerciales.
Según consta en el informe de la OA, el titular de la AFIP es actual accionista de Molinos Río de La Plata, quien mantiene una deuda con el organismo recaudador. Él mismo consultó sobre esta particular situación, la cual se encuentra en estudio.
ALBERTO ABAD
El Secretario de Coordinación de Políticas Públicas, ex CEO de la aérea Lan, es actual accionista de Pampa Cheese junto a otros funcionarios. Se lo investiga por un posible conflicto de intereses en la operatoria dólar futuro.
David Tezanos González:
Es el actual titular del Enargas, la entidad que regula, fiscaliza y resuelve las controversias relacionadas con el servicio público de gas. Su pasado al frente de Metrogas y como director de Gas de YPF lo colocaron en la mira de la OA.
Luis Caputo:
Al actual Secretario de Finanzas, la OA también le envío sus «recomendaciones» de acuerdo a la Ley de Ética, por sus «vínculos profesionales y comerciales», previos a la función pública.
Luis Caputo es una de las manos derechas de Alfonso Prat Gay
En la década del ’90 Caputo trabajó en JP Morgan y más tarde se incorporó a Deutsche Bank, llegando a ser presidente del banco en la Argentina. En los últimos años se venía desempeñando como presidente del fondo de inversión Axis y en APL Economía. En está última, donde se desempeñaba como director, decidió cesar su cargo hasta que concluyan sus funciones públicas.
Actualmente también se tiene a consideración una posible participación en la empresa familiar, la constructora que lleva su apellido.
Miguel Braun:
Es el hombre al frente de la Secretaría de Comercio, una de las carteras más calientes y donde llega todo lo concerniente al control de precios, abastecimiento e importaciones.
El Secretario de Comercio Miguel Braun deberá informar su rol en las empresas de su familia.
Hasta donde se conocer, el funcionario tiene participación accionaria en Pampa Cheese, la compañía productora y exportadora de mozarella. Su familia es propietaria de los Supermercados La Anónima y Doss S.A, la empresa dueños de los hoteles Esplendor. La investigación se encuentra en trámite y el funcionario deberá declarar su rol en cada una de las empresas.
Juan Antonio Garade
El director del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), es investigado por un supuesto conflicto de intereses, dado que ocupó, al menos durante los últimos veinte años cargos estratégicos en Edenor, Edesur, en la Distribuidora de Energía Coelce y en SACME.
Además, en los últimos años estuvo al mando de G & P Management Consultants una consultora en temas energéticos, por lo que su relación con las empresas del sector es estrecha.
Prat Gay y Frigerio:
Por su parte, el Ministro de Hacienda y Finanzas Públicastambién fue investigado por su cargo como director en APL Economía. Debido a su renuncia en el cargo, se excusó en este trámite. Parecido es el caso de Rogelio Frigerio Ministro del Interior, Obras Públicas y Vivienda, quien vendió su participación accionaria en la empresa Economía y Regiones.
OTROS INVESTIGADOS
La Oficina Anticorrupción promovió en el primer semestre del año un total de 47 investigaciones relacionadas con conflictos de intereses, 43 con incompatibilidades administrativas y 18 con infracciones normativas, según informan desde el organismo.
Entre quienes investigó la OA están:
Carolina Castro (Subsecretaria de Política y Gestión de la Pequeña y Mediana Empresa)
Rodrigo Pena (Subsecretario de Evaluación de Presupuesto Nacional)
María Eugenia Talerico (Vicepresidente de la UIF)
Mariano Federici (Presidente de la UIF)
Guillermo Riera (Subsecretario de Vínculo Ciudadano)
Santiago Otamendi (Secretario de Justicia)
Alejandro Pereyra (Director del ENACOM)
Eduardo Bertoni (Director Nacional de Protección de Datos Personales)
Pedro Lacoste (Secretario de Política Económica y Planificación del Desarrollo)
Alejandro Fargosi (Auditor de Fiscalización de SADAIC)
Alejandro Cacetta (Presidente del INCAA)
Marcelo Scaglione (Representante del Ministerio de Hacienda y Finanzas ante la OCDE)
Juan Félix Marteau (Coordinador Nacional para el Combate del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo)
José María Torello (Jefe de Asesores de Presidencia de la Nación
Pablo Curat (Director del Banco Central de la República Argentina)
Daniel Perrone (Subinterventor del ENARGAS)
Pablo Rovito (Rector del ENERC – INCAA)
Pablo Popik (Subsecretario de Refinación y Comercialización – Ministerio de Energía y Minería)
Sebastián Alejandro Kind (Subsecretario de Energías Renovables – Ministerio de Energía y Minería)
Hugo Aníbal Balboa (Presidente de ENARSA)
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) señaló en 2003 que “en una sociedad cada vez más exigente, los conflictos de intereses de los funcionarios públicos que se abordan de manera inadecuada tienen el potencial de debilitar la confianza de los ciudadanos en las instituciones públicas”. Este es un parámetro básico bajo la cual la OA se rige para seguir de cerca el correcto accionar de los funcionarios del Estado.
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