El gobernador Beder Herrera, junto a sus pares de 17 provincias, firmó este mediodía en Capital Federal, un acuerdo de refinanciación de deudas con la Nación, que les posibilitará a las provincias tener un ahorro de 10 mil millones de pesos en el 2014. Beder Herrera destacó la iniciativa de la Nación que apunta a tener provincias fuertes, con presupuestos fuertes.
El acto tuvo lugar en el Salón de las Mujeres Argentinas del Bicentenario, de la Casa Rosada y estuvo encabezado por el jefe de Gabinete de la Nación, Jorge Capitanich. También estuvieron presentes los ministros de Economía, Axel Kicillof; del Interior, Florencio Randazzo y de Planificación Federal, Julio De Vido, entre otras autoridades. Entre los mandatarios provinciales asistieron el bonaerense Daniel Scioli; Juan Manuel Urtubey de Salta; Ricardo Colombi de Corrientes; Sergio Urribarri de Entre Ríos; Francisco Pérez de Mendoza.
La finalidad del encuentro fue la de suscribir un acuerdo de refinanciación de deudas que regirá por tres meses, renovables, a través de un sistema de compensación, con aportes del Tesoro Nacional.
El gobernador Beder Herrera destacó el “espíritu federal de la medida” y agregó que coincide con el objetivo primario de la iniciativa, que es generar crecimiento con inclusión social tras alcanzar primero niveles importantes de desendeudamiento.
El acuerdo tiene sus fundamentos en la grave situación de crisis que se vivió en el 2001, con el gobierno de la Alianza, que se comenzó a revertir con el programa de desendeudamiento público respecto al PBI que se instrumentó en el 2003 con la llegada al poder de Néstor Kirchner, que en ese momento alcanzó el orden del 40%.
Esta medida fue dando una creciente autonomía a la Nación para ejercer su soberanía económica y no depender tanto del sistema financiero internacional y aplicar las políticas más convenientes para alcanzar el desarrollo y el crecimiento de la Nación.
Luego se trasladó esa misma metodología hacia las provincias y en mayo del 2010 se firmó un acuerdo con 16 provincias que tuvieron como resultado un desendeudamiento de 64 mil millones de pesos de las economías provinciales, con un plazo de 20 años a una tasa fija del 6%. La intención fue ampliar esa iniciativa y lograr, en el 2014, una reducción de la deuda de las provincias de 10 mil millones de pesos.
Desde la Nación también se explicó el progresivo aumento de los envíos de fondos coparticipables desde el 2003 a la fecha y que el 73% de la recaudación impositiva que tiene la Nación, se destina a las provincias.
Por otra parte, se busca evitar también que algunas provincias, como el caso de Corrientes, aquejada por una grave crisis económica, haga uso de cuasi monedas como en la época del gobierno de la Alianza. De todos modos, desde la Nación se recordó que entre los años 2003 y 2004, todas las provincias formaron acuerdos para no utilizar otros instrumentos de pago.
Las claves del acuerdo
El plan consiste en una renegociación de unos $92.000 millones, es decir, el pasivo de las provincias.
El Gobierno otorgará una quita de unos $10.000 millones a repartir entre todos los distritos endeudados.
A cambio, comprometió a las provincias a alcanzar una serie de metas en infraestructura, salud y educación.
Los números tras el convenio
Por su parte, el ministro de Economía Axel Kicillof destacó el rol del Ejecutivo ante las provincias, como forma de reivindicar la acción de la Casa Rosada.
Aclaró que hubo un “ahorro de $10 mil millones” para las mismas en el primer trimestre del año, a la vez que mencionó que “el 73% de la recaudación nacional” fue para ellas en el presente período.
“En 2013, la transferencia a las provincias fue de $632 mil millones, eso es verdadero federalismo”, precisó Kicillof.
Asimismo, Capitanich, destacó el incremento de las transferencias del 1.024% en los últimos 10 años, lo que dijo que supondrá un “alivio significativo en las cuentas públicas provinciales” mediante el sistema de compensación, con aportes del Tesoro Nacional.
Además, aclaró que las mismas no son sólo en concepto de coparticipación, sino del Fondo de Incentivo Docente, la seguridad alimentaria, las pensiones y jubilaciones, la Asignación Universal por Hijo, y otros subsidios.
Capitanich precisó que la deuda pública de las provincias, entre capital e intereses asciende a $75 mil millones para el ejercicio fiscal 2014, y subrayó nuevamente, al igual que el titular del Palacio de Hacienda lo hizo en distintas oportunidades, que el convenio a suscribir significará un ahorro para las distintas jurisdicciones provinciales de $11 mil millones.
En tanto, las que firmaron el acuerdo son: Buenos Aires, Chaco, Catamarca, Chubut, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Jujuy, La Rioja, Mendoza, Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta, San Juan, Santa Cruz, Tucumán y Tierra del Fuego.
Contra las “cuasimonedas”
En su presentación, Kicillof señaló que cuando las provincias emitieron cuasimonedas en los años 2001 y 2002 había una “absoluta falta de liquidez” en el sistema financiero y rechazó que esa situación pueda compararse con la actualidad.
El ministro señaló que los funcionarios provinciales que se refirieron al tema pronunciaron “un exabrupto”.
“Si uno tiene que tomarse en serio esas consideraciones no puede más que recordar que en 2001 había iliquidez del sistema financiero en general e imposibilidad de pagar gastos corrientes”, planteó el titular de la cartera de Hacienda.
En aquel entonces, para afrontar sus obligaciones, las provincias debían recurrir a los bancos privados que les imponían tasas de interés del 25%.
“En ese momento, por un problema sistémico, las provincias debieron emitir cuasimoneda. Estamos tan lejos de esa situación, porque no hay base económica, ni fiscal ni financiera para ello”. Por ello, abonó la teoría del jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, de que se trató de un exabrupto”.
En este contexto, vale recordar que Ricardo Colombi, gobernador de Corrientes, había advertido días atrás sobre la posibilidad de que su provincia recurra a la emisión de billetes propios desde marzo si el Gobierno nacional no planteba una alternativa.
Sin embargo, analistas políticos afirmaron que la corta duración del convenio busca darle al Estado nacional una herramienta de presión sobre las provincias, según consignó la agencia Reuters.
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