Miembros del Consejo de Abogados y Procuradores de la Provincia se apersonaron en las instalaciones del Tribunal Superior de Justicia con el objetivo de presenciar la reunión del Consejo de la Magistratura, y reclamarles celeridad en la designación de jueces en los cargos que quedaron vacantes.
Una vez que ingresaron, los más de 30 abogados que llegaron hasta el lugar, el presidente del Consejo de Abogados, Gustavo Romero intentó plantear el motivo por el cual asistían a la sesión, sin embargo no pudo realizarlo ya que el presidente del Consejo de la Magistratura, Claudio Ana, les expresó la necesidad de comenzar con el encuentro para así poder tratar formalmente el pedido de reunión que se encontraba dispuesto en el orden del día.
Un fuerte intercambio de palabras se ocasionó cuando culminó la sesión, ya que los abogados se mostraron ofuscados porque la reunión que solicitaron tiene fecha para el martes próximo, y porque aseguraron que se siguen demorando las designaciones de algunos jueces transitorios.
El ministro de Gobierno, Seguridad y Justicia, Claudio Saúl luego del encuentro, y del intercambio de palabras con algunos letrados, señaló que “tuvimos sesión ordinaria del Consejo, donde se tomó la decisión de convocar a concurso a jueces de trabajo y conciliación de los cargos que están vacantes; concedimos un pedido de audiencia con el Consejo de Abogados para el martes; también designamos un juez transitorio en el fuero laboral; y establecimos un cronograma para que el 1 de septiembre comience la inscripción a los cargos de juez de instrucción de Capital y Chamical, y dejaremos para luego los jueces de paz que están vacantes”.
Sobre la situación vivida con los abogados presente, expresó que “no hubo conflicto, ellos plantearon mayor celeridad en la designación de los jueces”, y manifestó que “plantearon una situación que nos preocupa y por eso este consejo se ocupó de los cargos vacantes, ellos piden mayor celeridad pero nosotros les damos los plazos que corresponden porque hay que tratarlo con seriedad teniendo en cuenta que tenemos 120 días de proceso, y si hubiéramos llamado para los casi 20 cargos no nos hubieran dado los tiempos, y hubiéramos cometido errores en el apuro”.
Asimismo señaló que “establecimos un mecanismo de llamados parciales para que se vayan dando a través de este año, y vamos a cubrir cerca de 20 cargos para finales de este año. Pueden tener razón en pedir celeridad pero estamos trabajando para eso, y es una discusión de tiempo”.
Al final de la entrevista con los medios de comunicación uno de los abogados comenzó a reclamarle nuevamente al ministro celeridad en la designación de los jueces, al respecto el ministro manifestó que “esta es la intolerancia”.
“DESFINANCIAMIENTO”
Por su parte, el presidente del Consejo de Abogados, Gustavo Romero, manifestó que “no nos vamos conformes, fuimos hasta maltratados, quisimos hablar en su momento y no nos dieron la palabra hasta que terminó la reunión del consejo, es decir que nos atendieron por fuera de la sesión”, y agregó que “quedó demostrado que los tiempos que tiene el Consejo de la Magistratura no son los que la justicia, los abogados y justiciable, necesitan”.
Asimismo comentó que “denunciamos públicamente que se está queriendo desfinanciar a la justicia, porque es la única forma que se puede entender que tengamos una estructura judicial de hace 50 años”, y señaló que “acá hay una falta de presupuesto por parte del Gobierno y creemos que es una política de Estado”.
También, denunció que “la Provincia no está cumpliendo con el artículo 5 de la Constitución Nacional que es garantizar la justicia en la Provincia; y es aberrante”.
En cuanto a la reunión que solicitaron, señaló que “venimos más de 40 abogados a pedir una reunión hoy, para que se entienda que no es sólo el directorio del consejo, y nos dicen que nos van a recibir de acá a una semana. Queda claro que los tiempos de ellos no son los mismos que para nosotros, que tenemos urgencias hoy”.
LA JURA DE LOS NUEVOS JUECES
Asumieron ayer los cinco jueces de Cámara y el asesor oficial de Menores e Incapaces del Ministerio Público de la Defensa, todos ellos de la 1º Circunscripción Judicial designados por la Cámara de Diputados. También asumió el juez laboral transitorio. Por otra parte hubo una fuerte discusión en la sesión del Consejo de la Magistratura por reclamo de abogados.
El acto se desarrolló ayer en horas del mediodía, en el edificio del Superior Tribunal de Justicia, donde el presidente de la Función Judicial, Dr. Claudio Ana tomó juramento a nuevos magistrados de la Primera Circunscripción Judicial.
En las Cámaras 1ra en lo Civil, Comercial y de Minas, asumieron sus funciones las abogadas Paola María Petrillo, Marcela Susana Fernández Favaloro y Ana Carolina Curtis.
Mientras que en la Cámara 2º en lo Civil, Comercial y de Minas, también de la 1ra Circunscripción Judicial, hicieron lo propio las doctoras María Aidee Paiaro y María Alejandra Echevarría.
En el cargo de Asesor Oficial de Menores e Incapaces del Ministerio Público de la Defensa, asumió el Dr. Pablo Ernesto Budillo.
Además asumió el juez laboral transitorio, Dr. Pablo Daniel Alfaro, quien ocupara el cargo vacante en forma temporaria hasta la designación definitiva, por parte de la Cámara de Diputados de acuerdo al proceso de concurso de cargo que se llamará en los próximos días para cubrir 4 cargos de juez laboral, 3 de Capital y uno de Chilecito.
Luego de tomar el juramento a los nuevos magistrados, el Dr. Ana destacó el acuerdo alcanzado, “en conjunto”, entre el Consejo de la Magistratura y la Función Legislativa. En esta línea se detuvo para remarcar los nombres de Casas, los diputados Marta De León, Jorge Basso, Oscar Chamía, el ministro Claudio Saúl, el asesor general de Gobierno, Héctor Durán Sabas, y la representante del Consejo Profesional de Abogados, Ester Broilo.
“Ante una extraordinaria situación supimos encontrar el diálogo que superará este desafío”, expresó el titular del STJ tras agregar que “el retiro casi simultáneo de muchos de los jueces de esta Función nos llevó a enfrentar una situación sin precedentes, que sumado a la frustración de los procesos que se encaminaron para revertir esta situación, obviamente trajo muchos situaciones atípicas”.
Asimismo, remarcó que se encaró un proceso de selección “absolutamente transparente”, en el que “se debió abandonar cierto rigor académico que dominaba el proceso, por uno que fuera más representativo de las habilidades y cualidades que un juez pone en acción cuando desempeña sus funciones”.
Consideró el presidente de la Función Judicial que “ser juez no es una distinción, un merecimiento, sino que es un compromiso, una obligación, es un servicio a nuestra sociedad” que se debe “prestar con absoluta humildad y que tiene por fin, la convivencia pacífica entre todos los que integran esta comunidad. En síntesis, ser juez es resolver un conflicto entre quienes no han podido transitar otro camino”, afirmó Ana.
En este marco, el vicegobernador, Sergio Casas expresó que quien ejerza esta función “más allá de sus conocimientos del derecho tiene que ser muy buena persona”.
Resaltó además la tarea del Consejo de la Magistratura al calificarlo como “un consejo extrapoder que funciona con distintos representantes de la Función Legislativa, Ejecutiva y Judicial, el Consejo Profesional de Abogados y las distintas instituciones” que lo conforman.
En se sentido respaldó la “transparencia” en la selección de los jueces, recordando que “ha primado el orden de mérito de los concursantes, más allá de que la Cámara tiene sus facultades de elegir de la terna”.
También, en sintonía con lo manifestado por Claudio Ana, Casas explicó que ocupar un estrado “no significa asignar un premio, sino que significa asignarle una responsabilidad, significa que será la persona que va a impartir justicia”.
Además del Presidente del STJ y del vicegobernador, se encontraban presente el vicepresidente primero de la Cámara de Diputados, Luis Orquera, el ministro de Gobierno Claudio Saúl y vocal del STJ Luis Brizuela, el defensor general de Justicia, Santiago Ríos, y los legisladores provinciales Marta de León y Oscar Chamía, y demás funcionarios de las funciones Ejecutiva y Judicial.
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