La convocatoria partió del Gobierno de La Rioja como una señal clara de voluntad de diálogo institucional y responsabilidad política frente a la falta de respuesta por parte de Nación en el envío de estos fondos. En este sentido, se remarcó que el hecho constituye un incumplimiento de una obligación histórica que ha sido reconocida durante más de dos décadas por sucesivos gobiernos nacionales, como respuesta al reclamo que se origina en la quita del punto de coparticipación en 1988.
En el encuentro estuvieron presentes los diputados nacionales Gabriela Pedrali, Sergio Casas, Hilda Aguirre de Soria, Ricardo Herrera (mandato cumplido) y Gino Visconti; y los senadores Fernando Rejal, Florencia López y Juan Carlos Pagotto. También estuvo presente en representación del Gobierno de La Rioja el jefe de Gabinete, Juan Luna, mientras que por parte del Gobierno nacional participaron el jefe de Gabinete, Diego Santilli; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; y el subsecretario de la Presidencia, Eduardo Menem.
En la reunión, las autoridades riojanas insistieron en la necesidad de que el Presupuesto nacional actualmente en debate reincorpore la compensación correspondiente, dado que se trata de recursos esenciales para el funcionamiento del Estado provincial. Asimismo, subrayaron que estos fondos no representan un beneficio coyuntural para una gestión, sino un derecho que pertenece al conjunto de las riojanas y los riojanos. Por otra parte, se remarcó que la deuda incide directamente en la estabilidad financiera de la Provincia, destacando la importancia de sostener una postura unificada más allá de las diferencias partidarias o pertenencia política, lo que exige una acción coordinada. En este punto, se reafirmó que La Rioja necesita previsibilidad y acompañamiento institucional, y que la definición respecto de la inclusión de los recursos en el Presupuesto recae en quienes ocupan posiciones claves dentro del proceso legislativo nacional.
Para La Rioja, esta instancia de diálogo tiene una doble relevancia: por un lado, permite exponer ante el Gobierno nacional la situación generada por la retención de los fondos; y por otro, representa un compromiso institucional con la ciudadanía, al sostener un reclamo legítimo que garantice el funcionamiento del Estado provincial.
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