La diputada nacional Nilda Garré (Frente Para la Victora- PJ) presentó un proyecto de ley para incorporar al código penal, mediante un artículo, la sanción del negacionismo. «Será reprimido con prisión de seis meses a dos años y con multa de 10.000 a 200.000 pesos quién públicamente negara, minimizara, justificara y/o aprobara cualquier forma de genocidio o crímenes contra la humanidad», consigna el proyecto presentado por la ex ministra de Defensa y Seguridad.
La pena se agrava si el responsable del ilícito es un funcionario público, con penas de uno a cuatro años. Además, el proyecto indica que los recursos recaudados a través de las multas serán destinados a instituciones sin fines de lucro dedicadas a la investigación y lucha contra el genocidio y crímenes contra la humanidad.
La ex funcionaria kirchnerista presentó la iniciativa luego de la polémica por los dichos del titular de la Aduana, Juan José Gómez Centurión , quien sostuvo que durante la última dictadura militar «no hubo un plan sistemático para hacer desaparecer» personas. Afirmó que fue un «torpísimo golpe de Estado» y relativizó el número de desaparecidos, al advertir que «no es lo mismo ocho mil verdades que 22 mil mentiras». Sus declaraciones generaron el repudio de todo el arco opositor y de los referentes de los organismos de Derechos Humanos, que reclamaron a Mauricio Macri que desplazara al funcionario. Ante la ola de críticas, la Casa Rosada se despegó de la postura de Gómez Centurión y aclaró que esa no era la visión del Ejecutivo. El jefe de la Aduana emitió un comunicado en el que se disculpó, pero no se retractó.
Entre los fundamentos de su propuesta, la legisladora recordó que algunos integrantes del Gobierno negaron en los últimos meses «el alcance del terrorismo de Estado».
«En el último tiempo diversos funcionarios del gobierno han negado el alcance del terrorismo de Estado y el daño que el mismo ha ocasionado en las víctimas. Estos dichos no solo hieren susceptibilidades de personas que han padecido las consecuencias del plan sistemático de terror o de personas vinculadas a la defensa de los derechos humanos, sino que significan una clara negación de nuestra historia reciente y atentan contra lo dictaminado por la justicia argentina», apuntó.
El proyecto
El proyecto tiene como objetivo reformar el Código a fin de introducir «un nuevo tipo penal» que sanciona con prisión y multas a quién negara crímenes contra la humanidad, imponiendo la reclusión de uno a cuatro años cuando quien la realice sea funcionario público e incluirá, en ese caso, la pena de inhabilitación por el doble de tiempo de la condena.
Si bien la apología del delito ya se encuentra en el Código Penal, Garré entiende que esas manifestaciones «revisten un carácter más gravoso».
La diputada detalla algunos ejemplos de experiencia internacional comparada de legislación que castiga la promoción y negación de los genocidios y crímenes contra la humanidad, particularmente el genocidio practicado por el nacional-socialismo en Europa durante la Segunda Guerra mundial.
En Austria, la ley conocida como «Verbotsgesetz» prohíbe la negación del holocausto nazi y establece: «Quien en forma impresa, en otros medios de comunicación, o de otra forma que hiciera accesible a mucha gente, negara, menospreciara, condonara, o tratara de justificar el genocidio nazi u otros crímenes nazis contra la humanidad será castigado con 1 a 10 años de prisión».
En el proyecto, Garré adjuntó ejemplos de normas sancionadas en Bélgica, República Checa, Francia, Grecia, Hungría y Alemania, entre otros países.
Fuente: La Nación
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