Con la rúbrica y acuerdo el máximo órgano judicial de la provincia, con la presidencia de Claudio José Ana e integrado por José Nelson Luna Corzo y Mario Emilio Pagotto, explicaron las disposiciones administrativas para el cambio de destino de una agente de la Función Judicial, en forma puntual por la situación generada por la asignación de servicios de la empleada María José Moreno.
En los considerandos del acuerdo se hace mención ante los acontecimientos de público conocimiento, derivados del cambio de lugar de prestación de servicios de la empleada mencionada, dispuesta por el presidente de ese Tribunal.
Ante ello, el cuerpo consideró necesario esclarecer a la opinión pública, señalando que tales disposiciones corresponden al ejido de atribuciones del juez en ejercicio de la presidencia, de acuerdo a lo instituido en el artículo 48 inciso 3º de la Ley Orgánica de la Función Judicial de la Provincia.
En ese sentido, el acuerdo resolvió, ante la situación generada por el cambio de destino de una agente de la Función Judicial, avalar las actuaciones del presidente, en este caso Luis Brizuela.
El acuerdo fue firmado por quien ejerció de manera excepcional la presidencia del tribunal para este pronunciamiento, Claudio José Ana y por los Luna Corzo y Pagotto, protocolizado por el secretario Administrativo y de Superintendencia, Javier Ramón Vallejos.
ESTRICTAS RAZONES DE SERVICIO
El acuerdo administrativo del máximo tribunal se concretó luego de analizar la situación planteada por el cambio de lugar de prestación de servicios de María José Moreno, quien había presentado una denuncia en contra el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Luis Alberto Brizuela.
Según la empleada, el funcionario judicial había ordenado su traslado “de manera intempestiva” hacia otra dependencia, a modo de represalia de parte del juez.
De acuerdo con los antecedentes administrativos por resolución Nº 88, de fecha 17 de octubre de 2013, “por estrictas razones de servicio”, el presidente del TSJ, habría dispuesto que a partir de la fecha de su notificación, la agente judicial María José Moreno, pase a cumplir funciones, en la Secretaría Económico Financiera al Juzgado del Trabajo y de Conciliación Nº 2 (Secretaría “A”), ante el pedido de personal oportunamente presentado por el juez titular de esa dependencia Antonio Carlos Montaperto.
Se pudo conocer que notificada la empleada de la resolución de traslado, Moreno no habría presentado ninguna clase impugnación en los términos legales del acto administrativo, por lo que la resolución había quedado firme y consentido.
Explicaron además que lo dispuesto en la resolución es una facultad constitucionalmente atribuida a ese Tribunal Superior de Justicia para ejercer la superintendencia sobre los órganos jurisdiccionales y administrativos de la Función Judicial, que conforman la administración de justicia (C.P. 138, inc. 1).
Todo lo actuado estaría establecido en la Ley Orgánica de la Función Judicial Nº 2425 que establece los deberes y atribuciones del presidente de ese cuerpo, entre otros, el de “ejercer la jefatura administrativa del personal de la función judicial” (art. 48, inc. 3º).
En forma puntual, avalaron lo resuelto por el presidente del Tribunal Superior de Justicia, en el sentido de disponer por estrictas razones de servicio, el pase a prestar servicios en otra dependencia judicial, encuadra estrictamente dentro de sus facultades de superintendencia.
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