El museo de arqueología Samay Huasi, una biblioteca, un hospedaje y una galería de cuadros de artistas de renombre internacional. Se las compró en 1913 el político argentino Joaquín V. González al minero inglés William Treolar, hasta que en 1941 y por iniciativa del entonces diputado socialista Alfredo Palacios, el Congreso nacional se las cedió a la Universidad de La Plata (UNLP), una de las casas de estudios que González fundó. Ahora es objeto de una polémica, ya que el gobierno de La Rioja quiere expropiar la finca. Y su destino es un misterio.
El jueves 18 de setiembre, la Legislatura riojana declaró «de utilidad pública y sujeta a expropiación» la casa y museo Samay Huasi. El proyecto del diputado Rodrigo Brizuela y Doria, fue apoyado por el bloque oficialista.
Desde el rectorado de la Universidad de La Plata, Tanto autoridades como los trabajadores del museo se oponen a la iniciativa. Desde el Rectorado reaccionaron con cautela y llamaron al diálogo, pero dejaron en claro que están en contra y subrayaron que el predio está en «perfecto estado» y que la decisión viola una ley nacional y un convenio de colaboración firmado en 2011 por el propio Beder Herrera.
El prosecretario administrativo de la UNLP, Rafael Clark, anticipó que una vez que sean notificados, comenzarán a accionar para defender su derecho.
El museo es uno de los que mejor funciona en toda la provincia. La UNLP invierte unos 6 millones de pesos al año sólo en sueldos que comienzan en los 13 mil pesos, un verdadero lujo para cualquier empleado público de la provincia. Por eso sus 22 empleados salieron a defender su lugar y puestos de trabajo: Este sábado por la mañana tomaron el predio, argumentando que «el gobernador está fuera de juicio». Aclararon que continuarán trabajando, pero se declararon en «asamblea permanente».
La oposición también reaccionó con críticas. El diputado nacional de la UCR Julio Martínez, cuyo nombre suena como posible candidato a gobernador por el massismo, visitó ayer la finca, aseguró que «hay intereses ocultos, como negocios con tierras, hoteles y otras cosas» y denunció que la ley votada «no tiene expediente en la Cámara»
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