¿Leyes a cambio de plata? La pregunta vuelve cada vez que el oficialismo logra votaciones rápidas e impensadas, que recortan derechos y afectan a la gente de a pie. En los primeros tiempos del gobierno de Javier Milei, la “moda” fue el reparto de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y los manejos con la coparticipación entre provincias que facilitaran el apoyo legislativo. En los pasillos del Congreso hace semanas se habla de otros recursos nacionales utilizados para captar voluntades y de uno en particular: los fondos que se deberían destinar a obras viales, como la reparación de rutas, que se nutre de un porcentaje del Impuesto a los Combustibles Líquidos que, por ley, debe usarse solo para hacer, cuidar y arreglar las rutas nacionales. La diputada Marcela Pagano (Coherencia) presentó una denuncia penal de la que surge que, en los días de votaciones claves (sumados el anterior y el posterior), los desembolsos para gobernadores “aliados” se disparan entre un 350 y 400%, es decir, se paga cuatro veces más que la media de los días de pago. Según su cálculo, el Ministerio de Economía giró 68.042 millones de pesos en fechas sensibles a provincias que le facilitaron sus objetivos a la administración libertaria.
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