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Según la investigación interna, se duplicaron resoluciones oficiales manteniendo número y fecha, pero alterando su contenido para generar un beneficio económico personal. El sumario reveló manipulación del Protocolo Rectoral y un claro intento de defraudación al Estado.
Ante la gravedad de los hechos, la actual gestión decidió aplicar la sanción máxima y avanzar con el juicio de exclusión de tutela sindical. Desde Rectorado fueron claros: no habrá impunidad para quienes usen cargos administrativos o gremiales para violar la ley o perjudicar el patrimonio público.
La Universidad seguirá aportando documentación a la Justicia y reafirmó su compromiso con la transparencia, el control y el orden institucional.
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