Los principales actores del mercado son YPF -bajo control estatal-, Shell, Axion, Pampa Energía y Oil, de Cristóbal López. Algunas de esas compañías ya aumentaron en los últimos días el precio mayorista de los combustibles, con ajustes en torno del 10%, que preludian lo que ocurriría tras las elecciones.
Por su alta participación (tiene cerca de un 55% del mercado), las empresas esperan que YPF dé el primer paso. Como suele ocurrir, luego la seguirían sus competidoras.
La devaluación del peso tiene un impacto directo sobre el valor del petróleo, la principal materia prima para producir combustibles, que representa un 80% de los costos de las refinerías. Se paga en pesos, pero de acuerdo con la cotización de la moneda norteamericana. De manera que la depreciación del billete doméstico, el que usan los automovilistas para pagarles, obliga a las empresas a un desembolso mayor al momento de hacerse del crudo. Esa presión es la que intentarán trasladarles cuanto antes a los automovilistas.
A principios de julio, cuando se definió el último aumento, el dólar estaba a $ 17,06. Hasta ayer, había trepado hasta los $ 17,64.
Los surtidores también enfrentan otra presión derivada del petróleo, más allá del tipo de cambio. A fines de septiembre pasado, el Ministerio de Energía, que maneja Juan José Aranguren, dio por terminado el Acuerdo para la Transición a Precios Internacionales de la Industria Hidrocarburífera, que contemplaba un valor sostén para mantener la actividad dedicada a la búsqueda y producción de crudo. «Dentro de lo previsto en el acuerdo, un aumento de los precios internacionales permitiría la liberación de los precios internos y de ese punto en adelante mantener la paridad con éstos con un funcionamiento pleno de las reglas de mercado», dijo en un comunicado enviado a las empresas.
El mercado, como sostiene el documento que firmó Aranguren, les indica a las petroleras que tienen que aumentar los precios. El petróleo Medanito, propio de la cuenca neuquina y el que más rinde en las refinerías locales, se negoció para este mes a US$ 55 el barril. Para el mes próximo, según le confirmó a LA NACION el encargado de comprar crudo en una petrolera importante, ese número no bajará de US$ 58. Ese encarecimiento también será afrontado en última instancia por los consumidores.
El convenio entre las refinadoras, que tenía el acompañamiento del Gobierno, contemplaba una revisión trimestral de precios sobre la base de la cotización del crudo, el precio de los biocombustibles y el tipo de cambio. Bajo ese paraguas, las naftas y el gasoil aumentaron 7,2% y 6% en julio pasado, pero habían caído en abril, cuando el gasoil se abarató 2,6% y las naftas, 0,1 por ciento.
Casi la mitad del recorte fiscal para 2018 será por bajas en los subsidios
El presupuesto prevé un gasto de $ 224.400 millones para sostener las tarifas de servicios; es una baja anual del 11%
Sin embargo, el caso de esta empresa es una excepción. Según un informe elaborado por la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP), la baja en los subsidios económicos prevista para 2018 -contracara de los aumentos tarifarios- representará el equivalente a la mitad de la reducción del déficit fiscal primario anunciado por el Gobierno.
Según la ASAP, el presupuesto prevé un gasto aproximado de $ 224.400 millones en transferencias de carácter económico para el financiamiento de empresas públicas, fondos fiduciarios y sector privado, un 7% menos que las asignaciones vigentes para este año ($ 241.185 millones) y un 11% menos que lo previsto en la ley de presupuesto de este año.
«Estas previsiones son la contraparte de la suba de tarifas en los servicios públicos implementada desde 2016, principalmente con relación al suministro eléctrico, de gas natural y de agua potable», afirmó la ASAP.
Las transferencias del Estado para gastos corrientes en subsidios a la luz, el gas y el agua en el presupuesto 2018 suman $ 184.750 millones (un 1,5% del PBI), 3,6% menos que las asignaciones vigentes este año (proyectadas en torno al 1,9% del PBI).
Dentro de ese monto, las más importantes están orientadas a subsidiar la energía eléctrica (0,8% del PBI). Para ese fin se usarán el año próximo 103.300 millones, un 15,1% menos que este año. Los principales destinos serán: Cammesa (64.100 millones, un 3,8% interanual menos), para subsidiar la electricidad; Enarsa ($ 10.000 millones, un 20,4% interanual menos), para subsidiar la diferencia de precio de importación de gas y el precio de venta al mercado interno; el Programa de Estímulo a la Inyección Excedente de Gas Natural ($ 10.700 millones, un 54,4% menos); Fondo Fiduciario para Subsidios de Consumos Residenciales de GLP de Sectores de Bajos Recursos ($ 8700 millones, un 17,3% más); Fondo Fiduciario para el Subsidio de Consumos Residenciales de Gas ($ 4800 millones, un 121% más); el ya mencionado fondo para Yacimientos Carboníferos de Río Turbio, y el Ente Binacional Yacyretá ($ 875 millones, un 36,4% menos).
A fin de este año, el Gobierno tiene previsto un incremento de tarifas de luz, gas y agua, cuyo monto aún no fue explicitado.
En segundo lugar aparecen las asignaciones corrientes al transporte, que para el año próximo serán de $ 72.280 millones (0,6% del PBI). Se trata de un 17,5% más de lo que estaba asignado para este año. No obstante, para los expertos de la ASAP esto no descarta aumentos en las tarifas de trenes, colectivos o el subte. Luego de que aumentaran 100% en 2016, este año no fueron retocadas.
Se destinarán al transporte automotor $ 39.200 millones (+15,2% interanual) y al ferroviario, $ 32.400 millones (+33,5%), según la ASAP. «A diferencia de años anteriores, para 2018 no se prevén subsidios al transporte aerocomercial, sino aportes de capital por $ 1800 millones a favor de las empresas Aerolíneas Argentinas y Austral», indicó la asociación. En 2016 habían tenido subsidios por $ 3800 millones y para este año, 3000 millones. En el Gobierno afirman desde hace meses que se analizan aumentos de tarifas en el sector del transporte para fin de año o principios de 2018, siempre después de las elecciones del próximo domingo.
En tercer lugar aparecen las transferencias económicas para gastos de funcionamiento de otras empresas públicas, por algo más de $ 6970 millones, un aumento del 31% con relación a lo presupuestado para este año. Allí aparecen: Correo Argentino (2230 millones, +129%), Radio y Televisión Argentina SE ($ 2276 millones, +10,8%); Télam ($ 812 millones, +11%) y otras empresas ($ 1150 millones, +10,4%). Además surgen transferencias corrientes para el sector agropecuario (814 millones, -49,2%) y 1340 millones para el sector industrial (-16,8 por ciento).
En cuanto a las transferencias del Estado para gastos de capital, éstas ascienden a $ 39.600 millones para 2018, 19,8% menos que lo presupuestado este año. Caen en AySA (-2,9%) y en el sector energético (-52,7%), pero suben en los trenes (+54%).
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