El Intendente afirmó que se vio sorprendido ante la decisión judicial, “por cuanto las decisiones que se tomaron han sido de carácter político y afirmadas en una realidad que el Municipio no está en condiciones de amparar presupuestariamente la inmensa cantidad de designaciones del año pasado”. Asimismo expresó que el fallo obliga a pagar a personas que “no trabajan”, y además que obliga a hacer una erogación, que su gestión no está en condiciones de realizar, “es de imposible cumplimiento”.
Manifestó que hay una clara intencionalidad política en la decisión de los jueces, lo cual consideró de gravedad institucional: “cuando tenemos jueces que se ponen una camiseta política, la institucionalidad queda gravemente afectada en la provincia por lo tanto es un tema particularmente grave además del fallo en sí mismo”.
Asimismo se refirió a la situación de los empleados incluidos en este amparo y aseguró que se trata de personas que no pudieron justificar la designación y ex funcionarios de la anterior gestión. “Pagarle a gente que no ha trabajado…la verdad es que no entiendo como un fallo puede decir semejante cosa”. Sin embargo, afirmó que se regularizó la situación de la mayoría de los trabajadores, cuya situación fue puesta en revisión, “hemos regularizado la situación de la inmensa mayoría de los trabajadores que son los que han demostrado tener una cantidad de años dentro del Municipio, que ha sido el acuerdo que hemos realizado con la provincia para que nos pueda ayudar a pagar estas situaciones, que hemos planteado. Lo hemos hecho con casi el 90% de las personas que han sido designados el año pasado, pero hay un grupo de personas que no trabajan que son ex funcionarios, que evidentemente no podemos aceptarlos”.
Sugirió que existe una tendencia de la Justicia con la actual gestión: “indudablemente esto tiene un trasfondo político no cabe ninguna duda. La semana pasada nos notificaron un fallo de los mismos jueces fallando en un juicio de un pago a empleados del concejo deliberante, cuando todo el mundo sabe que a los empleados del CD los paga la provincia, y este fallo obliga al Municipio a pagarlo”.
En ese sentido, volvió a cuestionar la intromisión de la justicia en una decisión política: “si hay una decisión política que yo asumí de revisar situaciones de personas que no vienen a trabajar y que haya un fallo de la justicia que los ampare es inexplicable”. A lo que agregó: “vamos a acatar el fallo pero es de imposible cumplimiento porque no tenemos plata para pagarle a esa gente”.
Por último, el Intendente sentenció que la única manera de cumplir con el fallo es con la colaboración de la Provincia, ya que “con la coparticipación no alcanza en absoluto”. Además indicó que no planea resignar los fondos para la recuperación de la ciudad, para pagar esos sueldos: “me niego absolutamente a tener que adaptar un plan de gobierno que ha sido votado por la gente, para satisfacer una decisión judicial que ha se introduce en una decisión política”.
Finalmente reflexionó sobre la situación institucional de la provincia y expresó: “me parece que la institucionalidad de la provincia no puede seguir funcionado de esta manera porque sino la estamos afectando gravemente. Cuando las internas políticas se introducen en ámbitos que no deben estar la institucionalidad queda afectada gravemente”.
Estado de las auditorías
Alberto Paredes Urquiza también se refirió al proceso de auditoría para conocer el estado de situación de la Comuna, que viene realizando su gestión desde su asunción. Explicó que se encuentra en la última instancia del proceso, el próximo serán las actuaciones del Fiscal de Estado Municipal: “ya está instruido el fiscal de estado Municipal para llevar adelante las acciones correspondientes en los casos que no se hayan podido resolver las situaciones de los bienes fundamentalmente, vamos a ver qué justicia la presentamos”, concluyó.
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