Este año, después de que nuestro proyecto para prohibir la minería a cielo abierto perdiera estado parlamentario por falta de tratamiento durante 2011, decidimos volver a presentarlo porque pensamos que desde el Estado debemos instalar el debate sobre temas tan importantes como la contaminación de nuestras tierras, la dilapidación de nuestras aguas y la alteración de ecosistemas.
La minería no es una actividad negativa por sí misma; lo que queremos remarcar es el impacto ambiental que genera, los costos a largo plazo que produce la denominada minería a cielo abierto.
Esta clase de minería remueve cientos de miles de toneladas de tierra y roca mediante el uso de explosivos y maquinarias de gran porte, moviendo el manto fértil del suelo, generando procesos de desertificación y alterando el normal escurrimiento de las aguas.
Se trata de una actividad que no sólo afecta a los habitantes de las zonas cercanas donde se realiza sino que los residuos de estos emprendimientos generan por día toneladas de roca residual que contienen concentraciones de sulfato, metales tóxicos, no metales y componentes radiactivos que se filtran a las aguas superficiales y subterráneas o que son arrastrados por el viento, trasladando la contaminación a decenas de kilómetros de su fuente.
El PBI verde es un concepto instalado por el premio Nobel de Economía Joseph Stiglitz, que busca poner en primer plano la importancia del daño ambiental; se trata de un indicador que tiene en cuenta las consecuencias medioambientales del crecimiento económico medido por el Producto Bruto Interno. De esta manera, las pérdidas causadas por la contaminación que generan las distintas actividades económicas son tenidas en cuenta para alcanzar una comprensión más cercana a la realidad.
Lo que sucede con el proyecto minero de Pascua Lama, en la Reserva San Guillermo de San Juan, en donde la compañía minera canadiense Barrick Gold Corporation opera sobre un ambiente periglaciar sin seguro ambiental violando lo establecido por la Ley de Glaciares y poniendo en peligro a muchas especies, es uno de los tantos ejemplos de los permisos que se les está otorgando a compañías que deberían ser particularmente reguladas, sobre todo en lo relativo al impacto ambiental que generan y al PBI verde que, aunque no sea tenido en cuenta, se traduce en números rojos de nuestros indicadores económicos.
Por todo esto volvimos a presentar nuestro proyecto en el Senado de la Nación y esperamos que esta vez tanto senadores como diputados nos acompañen.
Porque, como señalan las organizaciones ambientales y cientos de activistas alrededor del mundo, el agua vale más que el oro.
Porque cuidar el medio ambiente es uno de los desafíos más importantes de nuestra época.
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