Desde mediados del año pasado, el expediente fue remitido a Córdoba, para que la Cámara Federal se pronuncie. De lo que resuelvan el presidente de la Cámara, Abel Sánchez Torres, y los vocales Luis Roberto Rueda y Liliana Navarro puede depender el futuro de Milani.
La discusión radicaba el año pasado en “el archivo de las actuaciones” o la devolución de la causa a la Justicia de La Rioja para que continúe investigando la denuncia contra el general oriundo de Cosquín.
El 28 de noviembre de 2014, la fiscal subrogante de La Rioja, Marta Elena Kunath presentó un nuevo requerimiento de instrucción y sólo se menciona como coautor de los delitos de lesa humanidad a Luciano Benjamín Menéndez, restando individualizar a sus cómplices e instigadores.
Lo curioso es que al describir los hechos, la fiscal menciona al entonces teniente Milani como el militar que el 12 de marzo de 1977, a las 4 de la madrugada dirigió un operativo ilegal en el domicilio de Pedro Adán Olivera.
Entre siete y ocho personas ingresaron violentamente después de romper el vidrio de una habitación que daba a la calle. Milani portaba un arma corta y el dueño de casa, su esposa y los cinco hijos que dormían fueron sacados a culatazos hasta el porche.
El actual jefe del Ejército le dijo al padre de familia que lo llevaba detenido por averiguación de antecedentes. El hombre fue trasladado al Instituto de Rehabilitación Social, centro clandestino de detención de la provincia.
Durante tres días, Olivera fue torturado y después lo dejaron sentado en uno de los sillones del porche de su casa. Por la golpiza, Olivera quedó hemipléjico hasta su fallecimiento.
El día que liberaron al padre, los militares fueron por su hijo Ramón Alfredo, sacándolo de su lugar de trabajo en la Municipalidad. Fue torturado y días después, Milani y otros uniformados lo trasladaron hasta el juzgado para que fuera indagado.
Frente al secretario del juzgado, Milani hostigó al preso acusándolo de pertenecer al Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP). Olivera le pidió al secretario que escribiera que fue torturado, mostrándole las piernas con las huellas de las torturas. El funcionario judicial se negó a hacerlo. En eso ingresó el juez federal Roberto Catalán (está imputado por delitos de lesa humanidad) y Milani se retiró. Lo único que le dijo el juez es que levantaba su incomunicación.
La fiscal subrogante enmendó las fallas de la primera instrucción y aportó nuevas pruebas. Al interiorizarse de la nueva acción penal, las abogadas Adriana Mercado Luna, Viviana y María Elisa Reinoso, representantes del denunciante, consideraron que el recurso presentado ante la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba se había tornado “abstracto” porque ya se había iniciado una acción penal en la Justicia riojana.
En tanto, Natalia Bazán, defensora oficial que defiende a Milani en Córdoba, pidió que la Cámara dicte el sobreseimiento del militar y no devuelva el expediente a La Rioja.
El caso Ledo
Tucumán. Además de la causa que tiene en La Rioja, el teniente general César Santos Gerardo del Corazón de Jesús Milani, tiene otra denuncia por delitos de lesa humanidad en la Justicia tucumana. Es por la desaparición del soldado Alberto Agapito Ledo, el 17 de junio de 1976. Ledo era el asistente personal de Milani y cuando desapareció, el militar le inició un expediente por ser “desertor”, lo que nunca sucedió.
Congreso. El martes pasado, en el marco de una audiencia pública en la Cámara de Diputados de la Nación, Graciela Ledo, hermana del soldado desaparecido, denunció al juez federal de Tucumán, Daniel Bejas por haber favorecido a Milani, por la ya inexistente ley de “obediencia debida”. El fallo de este magistrado fue apelado y deberá resolver la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán, que oportunamente, en un duro pronunciamiento, ordenó a los fiscales que investigaran a Milani.
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