Inmenso e inabarcable, el mega proyecto de Javier Milei tiene un largo trecho por delante y el camino se anticipa accidentado. Sus socios y aliados muestran los dientes, anticipando que hay temas que no acompañarán, como las facultades delegadas que harían obsoleto el Congreso por los próximos dos años. Por fuera de las bravatas, sin embargo, la mayoría está dispuesta a tratar el engendro de 664 artículos y negociar punto por punto hasta limpiarlo y presentar un nuevo texto. La Libertad Avanza fantasea con un tratamiento exprés y una sesión la última semana de enero, pero sabe, en el fondo, que si quiere aprobar aunque sea una parte de la «Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos» deberá dedicarle tiempo. Aunque Milei pretenda otra cosa.
«Estamos en estado de asamblea permanente», ironizó un dirigente radical mientras caminaba por los pasillos de la Cámara de Diputados de un despacho a otro. La mayoría de los diputados estaban todavía terminando de leer el mega DNU cuando les cayó, como un bombazo, la «Ley Ómnibus» de 351 páginas que sintetizaba, en un solo texto, una transformación refundacional del Estado. Muchos estaban en el medio de una reunión de bloque, discutiendo como se dividirían el estudio de cada punto del decretazo, cuando empezó a llegar a sus celulares el nuevo proyecto de ley. Un día después, la mayoría no había terminado de leerlo. Ni siquiera el titular de la bancada libertaria, Oscar Zago, que reconoció en diálogo con Radio Con Vos que no había leído el artículo (el 331) que pasaba a calificar como «manifestaciones» a cualquier reunión de más de tres personas en la vía pública.
En este contexto, aún sin haber terminado de leer el texto de la ley, es que La Libertad Avanza insiste en subir la apuesta e intenta instalar que la semana del 22 y 26 de enero llegará a aprobar el mega proyecto. Fantasean con convocar las comisiones la semana que viene e invitar a funcionarios nacionales a participar de reuniones informativas. Aunque primero, claro, tendrían que pasar por la bancada oficialista (en donde están tan perdidos como el resto de los bloques, ya que el diálogo interpoderes es casi nulo). El cronograma diagramado por el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, supone que, en dos semanas, comenzaría la discusión en el plenario de comisiones y, a su vez, finalizaría con la presentación de los dictámenes. Es decir: una semana para discutir, negociar y redactar el despacho que englobaría, en sí, más de 500 leyes para ser tratado la semana siguiente en el recinto. «Es un delirio», repiten en las bancadas opositoras.
Al tratamiento exprés que se busca dar al mega proyecto, se le suma, además, otro problema: la cantidad de giros a comisiones. En LLA sostienen que sólo convocarán a cuatro: Presupuesto – que será presidida por José Luis Espert -, Legislación General, Asuntos Constitucionales y Relaciones Exteriores. La Ley Ómnibus, sin embargo, incluye reformas penales, educativas, sanitarias, impositivas, culturales y ambientales. Según los cálculos del peronismo, se deberían convocar a más de 20 comisiones: algo que en el radicalismo y el PRO coinciden pero que saben que generará rechazo en el oficialismo porque implicaría dilatar los tiempos.
Más allá de la discusión interna, que será motivo de negociaciones la semana próxima cuando se defina un cronograma más realista, LLA todavía ni ha terminado de conformar las cuatro originales. «Hay mucha improvisación», se quejan hasta sus socios más amables.
Tampoco hay noticias, a su vez, de la conformación de la Bicameral de Trámite Legislativo que tiene que tratar el mega DNU de Milei que, dicho sea de paso, empieza a regir este viernes. El titular de la bancada de Unión por la Patria, Germán Martínez, presentó una nota reclamando que, de acuerdo a la proporcionalidad de la Cámara, les correspondía cuatro lugares a ellos, uno a LLA, uno a la UCR, uno al PRO y otro a Hacemos Coalición Federal (el nuevo bloque integrado por la Coalición Cívica, los cordobeses y Cambia Federal, liderado por Miguel Ángel Pichetto).
La diferencia con el caso de las comisiones que deberían tratar la Ley Ómnibus, sin embargo, es que el oficialismo busca dilatar el funcionamiento de la Bicameral hasta después de marzo. E, incluso, busca deslegitimarla. La inclusión del DNU dentro de cuerpo del mismo proyecto fue una señal en ese sentido: un mensaje para los aliados indignados por las formas -radicales, lilitos, pichettistas- que le venían reclamando a Milei que permitiera analizar el DNU punto por punto. Las declaraciones del presidente de la Coalición Cívica, Maxi Ferraro, fueron elocuentes: «Esto es muy significativo para el reencauzamiento institucional y republicano. Con su inclusión, el Presidente reconoce que el contenido de su decreto podría haber sido promovido a través del proceso normal de formación y sanción de las leyes y de esta manera es posible que podamos ratificar tema por tema del DNU haciendo un estudio serio», celebró en Twitter.
Los artículos invotables
Frente al rechazo tajante que ya anticiparon los diputados de UxP y de la izquierda -que, entre los dos, representan unos 107 diputados-, el oficialismo tendrá que ir a la pesca de votos en la «oposición responsable» para aprobar la ley. Son, fundamentalmente, cuatro bloques: PRO (40 diputados), la UCR (34), Hacemos Coalición Federal (23) e Innovación Federal (9).
Excepto el PRO, que viene sosteniendo un alineamiento casi automático con Milei, el resto de los bloques se encuentra sumido en intensas discusiones. «No se deja ayudar», es una queja que se escucha de manera recurrente en algunas de las filas que solían integrar Juntos por el Cambio. La mayoría se escuda bajo la excusa de estar todavía «analizando» el proyecto, pero ya hay sectores que empezaron a anticipar que su voluntad no es firmar un cheque en blanco.
El radicalismo, por ejemplo, ya anticipó que hay tres temas de la Ley Ómnibus que no acompañarán de ninguna manera: la suspensión de la fórmula de movilidad jubilatoria, las retenciones y las facultades extraordinarias para poder gobernar sin necesidad del Congreso. Hacemos Coalición Federal, mientras tanto, sostiene una línea similar, resaltando su rechazo respecto al incremento de las retenciones e incluyendo, a su vez, un cuestionamiento a la privatización de las 41 empresas públicas. Se está analizando, pero una cosa es segura para todos: la ley que se debatirá en el recinto -si es que llega al recinto- no será la ley que Milei envió al Congreso.
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