En La Rioja existen puntuales casos en la justicia, porque la mayoría prefiere no denunciar por la exposición mediática o en las redes sociales. El caso más significativo es el del tatuador Patricio Pioli, que se encuentra procesado y a un paso de ir a juicio oral.
La víctima de este caso aseguró en su cuenta de Facebook:
#SUFRIPORNOVENGANZA
Y pretendo que para otras victimas le den media sanción a esta ley.
Avanza en Diputados el proyecto de ley contra la “pornovenganza”
La iniciativa con media sanción, que tipifica el delito de difusión de imágenes y material de contenido sexual sin consentimiento.
Es necesario prevenir, concientizar y castigar sobre esta práctica degradante que en la mayoría de los casos es producido contra la mujer, y que genera un daño irreparable psicológica y socialmente, que perturba tanto a la persona como a su desenvolvimiento en la sociedad y que va en aumento día a día».
Patricio Pioli, procesado por difundir fotos y videos íntimos de su ex pareja
Pioli está procesado por el juez de Instrucción Gustavo Farías, en un fallo inédito en La Rioja y casi sin antecedentes a nivel nacional.
La Rioja tiene una particularidad. La mayoría de los casos son difundidos en la red social de mensajería WhatsApp, donde los pocos casos denunciados fueron investigados desde los teléfonos de los involucrados, previas amenazas de todo tipo.
Una de sus víctimas de porno venganza en La Rioja, comenzó una gran lucha de organizar un canal de diálogo con mujeres que tengan la problemática, y saber como actuar en estos casos. Las interesadas pueden entrar a la página de Facebook: Pau Sánchez Frega
El acoso virtual, el grooming o el sexting contra las mujeres son prácticas cada vez más extendidas en mundo digital. Si bien se encuentran incluidas dentro de violencia psicológicas y simbólicas, no existen estadísticas oficiales en el país.La Asociación por los Derechos Civiles (ADC), con la colaboración de Fundación Activismo Feminista Digital, publicó el primer informe en el que analiza este tipo de violencia de género, la legislación y las políticas desarrolladas en el país.
Según el informe el 73 % de los casos, las víctimas sufrieron una “porno venganza”, la difusión no consentida de imágenes íntimas. En su mayoría, un 46%, fue por parte de ex parejas, e incluyeron situaciones de acoso virtual, amenazas, coacción, extorsión y chantaje, previo a la efectiva difusión no consentida.
Además, el documento destaca que la franja etaria más atacada es entre los 22 y 35 años.
CORRELATO CON LA VIOLENCIA OFFLINE
Este tipo de violencia de género existe como un correlato de una violencia que ya existe “offline”. En este sentido, en un 44 % de los casos las víctimas habían hecho previamente al hecho, denuncias por violencia doméstica, contando con medidas de restricción perimetral otorgada, u orden de cese de hostigamiento, lo que fue incumplido por el agresor.
En los casos relevados en mujeres “famosas”, los porcentajes resultan demostrativos del trasfondo de violencia intrafamiliar sufrido por las víctimas, los agresores se valieron del anonimato y la posibilidad de viralización propias de las redes sociales y medios digitales.
Hay una amplia diferencia entre el índice de mujeres famosas que denuncian (un 67%), y las “no-famosas” que no lo hacen (un 65%).
Las provincias con mayor índice de denuncias son la Ciudad de Buenos Aires, Conurbano, Rosario, Córdoba, Mendoza, Formosa y Misiones (específicamente en su capital Posadas). Aquí son entre cuatro y cinco las denuncias diarias que se hacen por robo /publicación de imágenes y videos íntimos, cuyo principal medio de viralización es la red social Facebook y los sitios web como “PornHub” y “xvideos”.
LEGISLACIÓN
La legislación vigente no contiene la problemática de la violencia de género online. La única respuesta del Estado ante la violencia hacia las mujeres en el entorno online esté orientada a la generación de soluciones legislativas punitivas.
Según Asociación por los Derechos Civiles se necesitan políticas públicas que persigan objetivos adicionales a la penalización: la educación, prevención, capacitación de operadores judiciales, concientización social y empoderamiento de la mujer en el uso de las tecnologías.
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