Según un relevamiento publicado por La Voz, se trata de una deuda vinculada con recursos de la seguridad social. El expediente llama la atención por el corto período transcurrido entre el vencimiento de la obligación y el inicio de la acción judicial.
La deuda suma $3,2 millones: $1,4 millones por abril y $1,8 por mayo.
Las obligaciones vencieron el 12 de mayo y el 10 de junio, respectivamente, y la ejecución fue presentada el 7 de julio ante el Juzgado Federal de La Rioja. Ese día se registraron la demanda, la boleta de deuda, el primer decreto y el estado “esperando mandamiento”.
Las boletas no solo detallan el contribuyente, el concepto, los períodos y los montos exigidos, sino que además identifican a los representantes habilitados para ejecutar judicialmente las deudas, es decir, los abogados del fisco. Los documentos los autorizan a reclamar capital e intereses contra los responsables y sus sucesores.
La presentación de la boleta constituye, asimismo, el título ejecutivo que permite promover el cobro judicial mediante el procedimiento regulado por el artículo 92 de la Ley 11.683.
El caso de La Rioja se suma así a una serie de ejecuciones que generan preocupación entre empresas y pymes, ante la posibilidad de que las deudas pasen rápidamente de una instancia administrativa a los tribunales.
La situación tomó especial notoriedad ya que se detectaron expedientes en los que ARCA inició demandas judiciales apenas días después de los vencimientos.
La rapidez del procedimiento genera preocupación entre empresas que atraviesan dificultades financieras y que necesitan mayor margen para regularizar sus obligaciones antes de enfrentar una ejecución fiscal.
Una vez iniciado el proceso judicial, el reclamo puede avanzar sobre el patrimonio del contribuyente y derivar en embargos de cuentas bancarias y otros bienes.
El pedido de la Unión Industrial Argentina
Ante este escenario, la Unión Industrial Argentina (UIA) reclamó al Gobierno nacional que suspenda durante 180 días los embargos y las ejecuciones fiscales contra las pymes.
La entidad planteó que la medida permitiría dar un alivio financiero a las pequeñas y medianas empresas en un contexto económico complejo, evitando que las dificultades transitorias de liquidez deriven en acciones judiciales que puedan comprometer su continuidad.
El pedido de la UIA pone en evidencia la preocupación que existe en el sector empresario por la aceleración de los procesos de cobro de ARCA.
Otro de los casos relevados por el informe corresponde a una sociedad radicada en el sur de la provincia de Córdoba, intimada por una deuda vinculada con Bienes Personales –acciones o participaciones–. La boleta emitida por el distrito Laboulaye de Arca reclama $4,5 millonaes, más los intereses previstos por la Ley 11.683, y consigna que la obligación venció el 12 de junio de este año.
El documento fue fechado el 26 de junio, mientras que la demanda y la boleta de deuda ingresaron al Juzgado Federal de Río Cuarto el 2 de julio, a la 1.20. Así, la ejecución fiscal quedó iniciada apenas 20 días después del vencimiento y el expediente registró ese mismo día la firma del decreto inicial de Arca. Es decir, a toda velocidad.
Fuente: La Voz
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