El crítico documento fue elaborado en el marco de la 6ª Reunión del Consejo Federal de Comunicación Audiovisual (COFECA), que tuvo lugar en la ciudad de Paraná, provincia de Entre Ríos. El gobierno provincial estuvo representado por la Secretaría de Prensa y Difusión que encabeza Luis Solorza.
La Televisión Digital Abierta (TDA) tiene por objetivo garantizar tanto el acceso universal a la televisión de aire de modo gratuito, como también a las nuevas tecnologías, a la información y a las comunicaciones. Garantizar estos derechos es un elemento clave para el cumplimiento de la Ley N° 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual.
La implementación de la TDA aporta a la inclusión digital de toda la población argentina, y fomenta la industria nacional; y con ella el desarrollo tecnológico y la creación de nuevos puestos de trabajo. Esta red, que ya llega a millones de hogares argentinos, permite de esta manera el acceso gratuito y la producción (con pantalla y audiencias existentes) de contenidos audiovisuales de distintos géneros. Es imprescindible continuar el proceso de transformación de la comunicación audiovisual en este sentido.
En enero de este año, el gobernador de la Provincia de Córdoba ordenó la clausura de antenas de TDA en esa provincia, lo que excluiría del sistema a miles de ciudadanos cordobeses. Además, esta medida afectaría gravemente a las Universidades Nacionales y otras productoras de contenidos que, al impedir los recursos tecnológicos para su emisión, no podrían hacer uso efectivo de las señales asignadas bajo su titularidad por el Gobierno Nacional.
Este Consejo repudia al gobernante que priva de derechos a su población, tomándolos de rehenes de sus mezquinos intereses políticos personales. Este tipo de medidas no son más que maniobras políticas que intentan obstaculizar el avance del proceso de democratización de la comunicación audiovisual.
EL COFECA REPUDIA FALLO DE LA CÁMARA SOBRE LA LEY DE MEDIOS
El Consejo Federal de Comunicación Audiovisual rechaza y repudia el fallo de la Sala 1 de la Cámara Federal en lo Civil y Comercial -integrada por Ricardo Guarinoni, María Susana Najurieta y Francisco de las Carreras- que ha seccionado la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual intentando proteger el núcleo de los negocios del grupo Clarín. Al emitir un fallo contra derecho, la Cámara Federal rompe la estructura central de una norma que vino a democratizar la comunicación.
La Justicia no puede gobernar por encima de leyes democráticas, con medidas cautelares, argucias jurídicas y direccionamiento de fallos, con el fin de favorecer a un grupo empresario. La argumentación de la Cámara Federal es absurda, al pretender desregular la televisión por cable, permitiendo monopolios para garantizar la libertad de expresión. Esa argumentación es contraria a toda la jurisprudencia y doctrina en materia de libertad de expresión y derecho a la información, que se afirma en la obligación del Estado de asegurar diversidad y pluralidad impidiendo oligopolios y monopolios.
Clarín, mediante una posición dominate, ha generado que un poder del Estado y todo un sector de la sociedad estén condicionados a sus pretensiones como grupo económico con un sentido político claro: tratar de seguir estableciendo su posición hegemónica.
La Ley N°26.522 es una norma de la democracia que fue violentada, manoseada y bastardeada en nombre de la libertad de prensa, pero nació de la participación popular, fue ampliamente debatida a lo largo y ancho del país; votada por claras mayorías en el Congreso nacional y varias instancias judiciales confirmaron su plena constitucionalidad con sólida argumentación.
Es necesario considerar que la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual tiene como naturaleza reconocer a «la actividad realizada por los servicios de comunicación audiovisual una actividad de interés público, de carácter fundamental para el desarrollo sociocultural de la población por el que se exterioriza el derecho humano inalienable de expresar, recibir, difundir e investigar informaciones, ideas y opiniones”.
El carácter principal de considerar el derecho humano inalienable por encima de la noción comercial, encuentra su correlato en la definición de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la Opinión Consultiva 5/85 que establece: “(…) Son los medios de comunicación social los que sirven para materializar el ejercicio de la libertad de expresión, de tal modo que sus condiciones de funcionamiento deben adecuarse a los requerimientos de esa libertad. Para ello es indispensable la pluralidad de medios y la prohibición de todo monopolio respecto de ellos, cualquiera fuera la forma que pretenda adoptar (…)”.
El Consejo Federal de Comunicación Audiovisual integrado por representantes de las Provincias, prestadores comerciales y sin fines de lucro, trabajadores de la Comunicación, Universidades nacionales, Pueblos originarios, medios públicos y entidades gestoras de derechos, manifiesta su expectativa de que la Corte Suprema de Justicia acabe con este absurdo y demorado proceso judicial confirmando la absoluta y total vigencia de la Ley 26.522.
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