Con la desesperada postergación del nuevo IPC ordenada por Javier Milei y, en especial, con el dato del IPC INDEC de 2,9% de enero, cuando el IPC CABA marcó 3,1%, queda en evidencia la distorsión política deliberada de un indicador macroeconómico clave.
Tuvo que transcurrir 25 meses para que el propio Gobierno dejara expuesta, sin ningún pudor, la manipulación de la metodología del Índice de Precios al Consumidor. Durante este período de tarifazos y de acelerado deterioro del ingreso disponible de la mayoría de la población, pocos advertíamos la grosera subestimación de la tasa de inflación. Ahora, con la desesperada postergación del nuevo IPC ordenada por Javier Milei y, en especial, con el dato del IPC INDEC de 2,9% de enero, cuando el IPC CABA marcó 3,1%, queda en evidencia la distorsión política deliberada de un indicador macroeconómico clave.
El dispositivo de poder de la derecha (política, mediática, empresarial y de economistas del establishment) seguirá calificando de “polémica” lo que es, en realidad, una burda intervención del INDEC para ocultar que el ajuste socioeconómico regresivo del experimento liberal-libertario es todavía más brutal. Además, en el colmo del cinismo, sostiene que el nuevo IPC de enero habría dado menos.
La Ciudad de Buenos Aires aplica la metodología que el INDEC tiene lista desde hace un par de años: la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares 2017/2018. Pondera el gasto de las familias con una actualización de los patrones de consumo. Milei y su ministro de Economía, Luis Caputo, intentan engañar con un indicador basado en consumos de hace 22 años, cuando la estructura de gastos era diferente.
La propaganda oficial difunde que el IPC INDEC con los ponderadores actualizados hubiese dado menos que el 2,9%. Dicen, sin ruborizarse, que el número hubiese sido 2,7%.
A esta altura es irrelevante y absurdo este intento de distracción, porque hubo una decisión política de manipular la metodología del indicador, tanto que hasta un funcionario sumiso y funcional al relato económico libertario durante dos años, el titular del INDEC, Marco Lavagna, renunció porque la genuflexión tuvo un límite.
El nuevo índice, que comenzaría a difundirse este año, fue anunciado oficialmente por el INDEC en octubre pasado, el acuerdo con el FMI estipula que se daría a conocer a fines de 2025, y el Informe de Política Monetaria del Banco Central de fines de enero de este año anunció su lanzamiento.
Pese a todos estos mensajes oficiales, Milei los desestimó y se abrazó a un IPC desactualizado para ocultar que fracasa en bajar la inflación.
La teoría de Milei no se cumple en la práctica
Pese a la estafa estadística de la dupla Milei-Caputo, el proceso de desinflación del que se jacta la secta libertaria acumula ocho meses de ascenso del IPC, desde el 1,5% de mayo pasado hasta el 2,9% del último mes. O sea, la tasa de inflación se duplicó en este lapso con una economía en recesión, ajuste fiscal, apertura importadora y salarios deprimidos. Ese estado recesivo, además, fue dibujado por el INDEC de Lavagna para que no se registre.
Este recorrido deja en evidencia que la teoría de Milei referida a la inflación es un fiasco, por lo menos en la economía bimonetaria argentina: no es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario generado por un exceso de oferta de dinero. Si fuera así, ¿por qué, con superávit fiscal y emisión de dinero reprimida, el aumento general de precios tendría una tendencia ascendente desde los ocho meses mencionados?
Esta frase del monetarismo fundamentalista, repetida infinidad de veces por Milei, se encuentra en el libro “A monetary history of the United States” (1963) de Milton Friedman y Anna Schwartz. ¿Este principio es así o es un postulado elevado a categoría de dogma? Si Milei está tan convencido de este evangelio libertario, ¿por qué no elimina las regulaciones cambiarias conocidas como “cepo”?
No lo hace porque, a pesar de las anteojeras ideológicas y los insultos a quienes no piensan como él, sabe que si lo hace, sube el dólar y se dispara la inflación.
Los precios suben por el movimiento del dólar y no solo por la cantidad de dinero emitido. Sin exagerar, a diferencia de los monetaristas fanáticos, en la economía argentina bimonetaria existe la tentación de afirmar que “la inflación es siempre y en todas partes un fenómeno cambiario”.
No es necesario ser un experto en economía para identificar que los precios básicos -que definen el comportamiento del resto- son los determinantes de la inflación. Estos son: el tipo de cambio, las tarifas, incluido el combustible, y el salario. Además, tiene influencia el nivel de la tasa de interés por el impacto en el costo de financiamiento de la producción y el comercio. Son los costos básicos que definen la estructura general de precios.
Cada uno de ellos tiene relevancia, pero a medida que se ha ido profundizando el carácter bimonetario de la economía, el mecanismo de propagación a precios más potente -no el único- resulta ser el mercado de cambios.
El fracaso libertario de la desinflación
Aunque Milei lo niegue en sus habituales delirium economics, la tendencia ascendente de la tasa de inflación comenzó cuando, obligado por el Fondo Monetario Internacional antes de entregar el paquete de rescate de 20 mil millones de dólares, tuvo que abandonar el esquema cambiario crawling peg de ajuste del 1% mensual, para pasar a un régimen de bandas cambiarias. El alza inicial del tipo de cambio y la posterior incertidumbre acerca de su evolución derivó en un proceso de aceleración de precios.
La economía basada en la evidencia muestra que la estrategia antiinflacionaria determinante de la política económica libertaria fue pisar, al inicio del gobierno luego de la megadevaluación, el tipo de cambio oficial, primero con ajustes del 2% mensual y luego del 1%. Cuando tuvo que abandonarla, la tasa de inflación se disparó.
Ahora, cuando el mercado cambiario está estable por el ingreso de dólares financieros (emisión récord de Obligaciones Negociables de empresas y de bonos de provincias) y por tasas de interés reales positivas (impulsando una nueva ronda del carry trade), irrumpió el impacto del alza de otro precio básico: las tarifas públicas.
Después de pisarlas en el segundo semestre del año pasado, con un objetivo eminentemente electoral, tras las elecciones de octubre pasado el Gobierno empezó un ajuste acelerado. Lo hizo por dos motivos: uno, para dar respuesta a las exigencias de los grupos económicos energéticos -uno de los pilares en la construcción de hegemonía política del experimento libertario-, y segundo, por la necesidad de acomodar las cuentas públicas. Esto último implica disminuir drásticamente los subsidios -también los del transporte- para apretar el gasto público, puesto que el equilibrio fiscal está bajo amenaza por la persistente caída de los ingresos de recaudación en términos reales, que acumula siete meses consecutivos con saldos negativos.
Tarifas y alquileres casi no cuentan en el INDEC de Milei
La consultora Equilibra publicó en la red X “¿Qué pasará con el aumento de tarifas de electricidad y gas en el IPC de febrero?”. Con el avance en la quita de subsidios y la actualización de los precios mayoristas, las tarifas de luz y gas serán relevantes en la inflación de febrero:
Gas: se registrará un aumento promedio nacional del 16,9% en la factura final de los usuarios. Esto responde principalmente al salto en el PIST (Precio en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte), que es el valor del gas en boca de pozo, el cual tuvo una actualización mayor tras reducir los subsidios.
Luz: el PEST (Precio Estacional de la Energía Eléctrica), que representa el costo de generación de la energía, sube un 21% en febrero a nivel nacional. Sin embargo, en el GBA, el traslado final a la boleta será de aproximadamente 3,6%. En el resto del país, el impacto sería mayor en algunas jurisdicciones, aunque depende de los cuadros tarifarios de cada provincia. A nivel nacional, la suba promedio ponderada es de 4,8%.
“En base a este escenario, estimamos que el alza del rubro electricidad y gas sería alrededor de 12% en febrero, impulsado por el aumento del gas”. Estos incrementos tarifarios derivarían un aumento de 0,2 puntos porcentuales mayor en el IPC actualizado que en el IPC vigente.
Sin embargo, para bajar aún más los subsidios, el Gobierno definió un nuevo esquema, que implicará un aumento sustancialmente mayor en las facturas. A partir de enero, el sistema eliminó las categorías N1, N2 y N3. Ahora el esquema se divide en Hogares con subsidio y Hogares sin subsidio (tarifa plena). Así, tras un cruce masivo de datos de ingresos y bienes en el AMBA, según informa el Gobierno, mientras el 99,2% de los anteriores N1 se mantienen en tarifa plena, el 0,5% de los ex N2 y más del 10% de los ex N3 perdieron el beneficio por superar los nuevos topes patrimoniales.
El mismo subregistro aparece en otro rubro sensible: los alquileres. Respecto a la forma de imputar este gasto en el IPC, la Agrupación de Inquilinos de Argentina puso el foco en un dato que consideran crítico: la canasta de bienes y servicios utilizada por el INDEC para medir la inflación asigna un peso de solo el 3,48% al rubro «Alquiler de la vivienda» dentro del Gran Buenos Aires. En un escenario de crisis habitacional, el alquiler absorbe del 30% al 50% del ingreso familiar. El IPC INDEC desactualizado, al asignarle menos del 4%, no refleja esta realidad.
El ajuste permanente
Queda al desnudo, entonces, que la intervención del INDEC no es sólo una “discusión técnica” ni una “polémica”, sino que es, fundamentalmente, una decisión política y de poder. Cuando el indicador que debería ordenar expectativas, contratos y debate público se convierte en herramienta de propaganda, se rompe un piso básico de credibilidad. Esta manipulación, como se sabe por la experiencia en el ciclo político del kirchnerismo, vuelve como incertidumbre y remarcaciones preventivas. Este es el impacto negativo de un INDEC subordinado al relato libertario.
La trampa, además, no es indiferente: el IPC de Milei mide menos para pagar menos, para ajustar más y para licuar todavía más. Si se posterga el índice actualizado, se subestima, entre otros rubros, la carga de tarifas y alquileres, se distorsionan paritarias y jubilaciones, se dibuja el nivel de pobreza y se pagan menos intereses de los bonos indexados.
El fracaso del dogma monetarista queda a la vista: la desinflación libertaria no la explican teorías ultraortodoxas sino anclas concretas —tipo de cambio atrasado, salarios deprimidos, postergación de tarifazos— y, cuando esas anclas se debilitan, los precios vuelven a acelerarse. Por eso la obsesión por sostener el relato es inseparable del método: esconder el deterioro de los ingresos de la mayoría de la población mientras Milei y Caputo continúan profundizando una política económica de ajuste permanente.
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