Los datos surgen de una encuesta del Centro de Opinión Pública de la Universidad de Belgrano cuyos resultados se difundieron el martes. La encuesta, realizada a 620 personas entre el 18 y el 27 del mes pasado, combina las preguntas sobre la esfera pública con las que indagan sobre conductas personales.
La mayoría de los ciudadanos considera verdadera la versión de que existen bóvedas para guardar dinero en la casa de la presidenta Cristina Fernández y/o en el mausoleo donde se encuentra el ex presidente Néstor Kirchner.
Así lo indica la encuesta que realizó el Centro de Opinión Pública (Copub), que dirige Orlando DAdamo en la Universidad de Belgrano, con base en 620 casos tomados en la Ciudad de Buenos Aires. Según el trabajo, el 51% de los encuestados cree en esa denuncia.
Asimismo, el estudio sostiene que el 55% de los consultados encuentra en algún grado aceptable o tolerable que un político sea corrupto si soluciona importantes problemas del país o mejora la economía.
También presenta opiniones directamente ligadas a las elecciones de octubre. Por caso, la mitad de los argentinos consideró que los casos de corrupción impactarán en los comicios.
A su vez, el 69% afirma que los principales castigos que deberían sufrir los políticos corruptos son penas de prisión y la prohibición vitalicia de acceder a nuevos cargos públicos. Sin embargo, casi el 60% de la población no considera grave y califica de aceptable dar dinero a alguien para evadir el pago de impuestos o derechos aduaneros.
Y el 50% de las personas admitió que cometería un acto de corrupción o que consideraría la posibilidad de cometerlo si obtuvieran a cambio un gran beneficio económico.
Una de las preguntas cuyas respuestas más contrastaron con las de años anteriores es la de si conoce a alguien que tenga un cargo público y cobre sin trabajar, es decir, a un “ñoqui”. Mientras que en 2008 el 27% había dicho que sí, este año respondió de ese modo el 53%.
Los argentinos, según el sondeo, piensan que la corrupción “es endémica” y “está extendida a todos los ámbitos públicos”. Resignados, el 46% cree que “hay que adaptarse a la corrupción para sobrevivir”.
Sólo el 52% apoya el principio de que la ley debe respetarse sin excepciones y el 48% cree que cabe la posibilidad de no hacerlo.
0
0
